Expertos en derecho constitucional han calificado esta delegación de autoridad como una violación a la cláusula de nombramientos del Artículo II de la Constitución, ya que un ciudadano privado está ejerciendo facultades que deberían pasar por el Senado. "Esto es dictadura bruta de la peor clase", expresó Laurence Tribe, profesor de Harvard en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.).
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Washington, Estados Unidos de Norteamérica
Desde su irrupción en la esfera pública como uno de los empresarios más influyentes del siglo XXI, Elon Reeve Musk ha sido una figura polarizadora. Su impacto en la tecnología aeroespacial, la energía renovable y el transporte ha sido innegable, pero su influencia se ha extendido más allá del sector privado. En la administración de Donald Trump, Musk se ha convertido en un actor clave en la reconfiguración del gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), operando con un poder sin precedentes.
Elon incluso ha bromeado con estar ejerciendo el poder de un "presidente no oficial".
Los analistas políticos han intentado situar a Musk dentro del espectro ideológico tradicional, pero el multimillonario aborda el gobierno con la mentalidad de un ingeniero: detecta fallos sistémicos, encuentra vulnerabilidades y las explota. De esta manera, ha conseguido penetrar el sistema gubernamental como lo haría un insider threat, el término utilizado en ciberseguridad para definir a un agente interno con acceso privilegiado que abusa de su poder.
Pero las amenazas internas no son un fenómeno nuevo. Desde la infiltración de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por agentes soviéticos hasta el caso de Edward Snowden en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la historia está llena de individuos que utilizaron su acceso privilegiado para filtrar, manipular o robar información. Sin embargo, la consolidación digital del gobierno ha potenciado esta amenaza al poner una cantidad sin precedentes de datos en manos de unos pocos administradores de sistemas.
El sistema digitalizado de la Oficina de Administración de Personal (OPM) es una de las puertas de entrada más críticas para obtener acceso a la burocracia federal estadounidense. Con la llegada del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un equipo de Musk se instaló en la OPM con sofás-cama, operando 24/7 con el acceso privilegiado necesario para identificar empleados problemáticos y reestructurar la administración pública a su antojo.
Con este acceso de superusuario, Musk y su equipo han podido:
Identificar y despedir a empleados considerados "obstáculos burocráticos".
Examinar registros de contrataciones federales.
Redirigir fondos públicos mediante la manipulación de flujos financieros en el Departamento del Tesoro.
Acceder a bases de datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Administración del Seguro Social, obteniendo información personal de millones de ciudadanos -y probablemente también extranjeros-.
Este nivel de acceso es comparable a la herramienta "Vista de Dios" de Uber, que permitía a sus empleados monitorear en tiempo real la ubicación de cualquier usuario de la plataforma. La diferencia es que ahora el poder no recae en una empresa de transporte, sino en la estructura misma del Estado. Musk no solo ha consolidado su influencia a través del acceso digital al gobierno, sino que también ha sido facultado directamente por Trump para ejecutar decisiones clave. La delegación de poder sin precedentes que el presidente ha otorgado a Musk le ha permitido eliminar agencias gubernamentales, despedir empleados y rediseñar el funcionamiento del gobierno a partir de sus propios intereses y visiones ideológicas.
Ambos magnates comparten una filosofía común: el desprecio por la burocracia tradicional y la promoción de un modelo de gobernanza basado en la eficiencia extrema, el proteccionismo y nacionalismo radical, aunque ello implique ignorar las normas democráticas y los controles institucionales. La fusión entre el Ejecutivo y un conglomerado privado liderado por Musk ha llevado a una erosión sistemática de la rendición de cuentas y la transparencia.
Los efectos de esta centralización de datos y poder van más allá de Estados Unidos. Empresas y gobiernos extranjeros están observando cómo una entidad privada, con acceso sin restricciones a la información de un país, puede influir en políticas, decisiones económicas y estructuras gubernamentales. En este contexto, surgen preguntas inquietantes:
¿Podría Musk utilizar datos financieros de competidores para beneficiar a sus propias empresas? Claro.
¿Podría la información privada de jueces y funcionarios ser usada para presionarlos o desacreditarlos? Por supuesto.
¿Existe un mecanismo para auditar quién accede a qué base de datos dentro del gobierno? Ya no.
Estas preguntas se vuelven especialmente alarmantes cuando se considera que Musk ya ha demostrado su capacidad de influir en el discurso público y económico a través de X (antes Twitter). Recientemente, tras el fallo de un juez contra una orden ejecutiva de Trump, Musk expuso en su plataforma información sobre la hija del magistrado, sugiriendo su posible implicación en estructuras de oposición al gobierno. Ni más ni menos.
Expertos en derecho constitucional han calificado la delegación de autoridad a Elon Musk como una violación a la cláusula de nombramientos del Artículo II de la Constitución, ya que un ciudadano privado está ejerciendo facultades que deberían pasar por el Senado. "Esto es dictadura bruta de la peor clase", expresó Laurence Tribe, profesor de Harvard en Estados Unidos de Norteamérica.
A lo largo de las últimas décadas, expertos han advertido sobre los riesgos de consolidar información crítica en manos de pocos individuos y entidades. Tecnologías emergentes como el aprendizaje federado, la privacidad diferencial y la encriptación homomórfica ofrecen alternativas para equilibrar eficiencia y seguridad, pero hasta ahora han sido ignoradas en favor de soluciones más rentables y rápidas.
El ascenso de Musk dentro del gobierno estadounidense marca un punto de inflexión en la relación entre el poder corporativo y el Estado. Si bien la eficiencia es un objetivo loable, la concentración de autoridad en un individuo sin los debidos controles podría sentar un precedente irreversible para la democracia. En este nuevo paradigma, la gobernanza no está determinada por la política tradicional, sino por el acceso a los sistemas que controlan la información de una nación entera.
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