Este jueves 22 de agosto de 2024, a través de La Gaceta - Diario Oficial, se convirtieron en una realidad un paquete de reformas gestionadas desde los oficialistas Poder Ejecutivo y Legislativo. Según analistas centroamericanos consultados por COYUNTURA, es la etapa final de una "reorganización totalitaria" contra la sociedad civil, el sector privado, las iglesias católicas y evangélicas, y el derecho mismo a la libertad de asociación. "El sandinismo de Daniel Ortega ha centralizado por completo el poder (político, institucional y social) y ha reconfigurado la estructura social y civil del país centroamericano, al restringir la influencia de las organizaciones independientes y controlar sectores clave como la sociedad civil, el empresariado, y las iglesias. La eliminación de oenegés de forma arbitraria y la imposición de reformas legales que consolidan el control estatal son indicativos de un régimen que ya domina todos los aspectos de la vida nacional, eliminando cualquier forma de oposición o crítica, y manejando hasta el mínimo detalle de lo qué se hace en todo el territorio", concluye un estudio de este medio.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Este jueves, la oficina principal de una de tantas cámaras empresariales en Managua, estaba en silencio. "Alicia" Pérez, una de las coordinadoras de dicha organización, encontró la puerta sellada con un aviso de la administración: "Cierre inmediato. Proyectos cancelados. Bienes confiscados". En cuestión de horas, solo esta semana, 1,651 oenegés en Nicaragua enfrentaron la misma suerte, dejando a miles de empleados en la incertidumbre. Pérez y sus colegas, "Víctor", "Laura", y "Andrés", a quienes llamamos así por su seguridad, trabajaron hasta hoy en programas de apoyo comunitario y financiero en zonas rurales del centro, norte y pacífico del país, ahora se encuentran sin empleo. "Nuestro trabajo no solo ayudaba a personas necesitadas; era nuestra vida. Ahora no sabemos qué hacer", compartió angustiado Víctor a esta Redacción.
Pero el golpe no solo es personal; la acción refleja un control estatal creciente sobre la sociedad civil y los sectores de ayuda en Nicaragua.
En un contexto de creciente represión, la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó de forma unánime un paquete de reformas legales que profundizan a la fecha el control sobre las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), el sector empresarial, la sociedad civil y las iglesias de diversas denominaciones en el país centroamericano. Este conjunto de medidas, impulsadas con trámite de urgencia, incluye modificaciones a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (Ley 1115), la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), y la Ley de Concertación Tributaria (Ley 822). Estas reformas, lejos de ser meros ajustes técnicos, reflejan la intención del régimen de consolidar su poder y sofocar cualquier vestigio de autonomía en la sociedad civil y las instituciones religiosas.
Las modificaciones entraron en vigencia este 22 de agosto de 2024, según La Gaceta - Diario Oficial de Nicaragua.
Golpe a las oenegés: estrategia de control absoluto
Desde diciembre de 2018 hasta agosto de 2024, el régimen sandinista de Ortega y Murillo ha eliminado más del 70 % de las oenegés en Nicaragua, utilizando un pretexto de "control y regulación" que, en la práctica, se traduce en la destrucción sistemática de cualquier organización que no se alinee con los intereses del oficialismo. La reforma a la Ley 1115, que regula a las oenegés, establece que estas deberán operar en alianza con el resucitado Ministerio del Interior (MINT), la misma entidad que ha ejecutado la eliminación masiva de organizaciones en el país, y la que debe generar el debido permiso para el funcionamiento de cualquier iniciativa institucional.
El diputado sandinista Carlos Emilio López, en su intervención durante el debate legislativo del miércoles 21 de agosto, subrayó que estas reformas buscan que "el país administre con eficiencia todos los recursos que llegan", sugiriendo un claro interés del régimen por acceder y controlar la cooperación internacional. Este "trabajo en alianza" implica que las organizaciones no estatales deberán alinearse con el "modelo de desarrollo" promovido por la administración Ortega-Murillo, en el poder desde el año 2007, lo que en realidad significa una subordinación total a las directrices del Estado y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Por otro lado, el diputado Filiberto Rodríguez, también del oficialista FSLN, afirmó que las oenegés que han sobrevivido hasta ahora lo han hecho porque han "jugado limpio" y "tienen al día sus obligaciones". Eso es "un claro mensaje de advertencia para aquellas organizaciones que aún operan de manera independiente" y aún reciben recursos para ejecutar en Nicaragua, según una politóloga nicaragüense consultada bajo anonimato. En esencia, las reformas imponen un control absoluto sobre los proyectos y recursos de las oenegés, eliminando cualquier posibilidad de autonomía y sometiéndolas al escrutinio y aprobación del Estado, para que este decida cómo, cuándo y dónde ejecutar.
Eliminación masiva de oenegés: ataque directo a la sociedad civil y ciudadanía
Para comenzar la semana, el lunes 19 de agosto de 2024 a primera hora, en un acto que demuestra la magnitud de la represión, el Ministerio del Interior canceló a 1,500 organizaciones no gubernamentales, acusándolas de no reportar sus estados financieros por periodos que van desde uno hasta 35 años. Esta medida afectó principalmente a organizaciones religiosas, tanto evangélicas como católicas, además de organizaciones sociales, educativas, médicas, indígenas, de excombatientes, veterinarias, financieras y de otros sectores.
Desde el inicio de la ofensiva contra las oenegés en el 2018, el régimen ha cancelado desde el MINT -antes Ministerio de Gobernación- y el Poder Legislativo un total de 5,315 organizaciones, según documentación de COYUNTURA hasta el cierre de este texto, de las cuales al menos 170 optaron por disolverse voluntariamente para evitar la confiscación de sus bienes. Esta estrategia de eliminación masiva ha debilitado significativamente la cooperación internacional en el país y la inversión a gran escala, un hecho que Ortega y Murillo ahora intentan revertir, pero bajo su total control. La cifra incluye a un grupo de 151 cámaras empresariales canceladas la mañana de hoy, jueves 22 de agosto de 2024. Un incalculable número de muebles e inmuebles pasaron a ser del Estado a raíz de esta ola de cierres.
Asalto final a la autonomía religiosa
No satisfechos con asfixiar a las organizaciones civiles, el régimen ha dirigido su ataque también a las iglesias en Nicaragua, eliminando las exenciones fiscales que protegían a estas instituciones del pago del Impuesto sobre la Renta (IR) sobre sus ingresos provenientes de actividades religiosas. La reforma al numeral tres del artículo 32 de la Ley de Concertación Tributaria (Ley 822), aprobada en silencio el martes 20 de agosto de 2024, marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y la iglesia, católica y evangélica; esta última, por primera vez afectada de forma masiva.
Martha Patricia Molina, abogada, defensora de los derechos humanos e investigadora nicaragüense exiliada, advirtió que esta reforma fiscal ahogará aún más financieramente a las iglesias, las cuales ahora deberán pagar impuestos sobre ingresos que incluyen ofrendas, diezmos y limosnas. Estos ingresos, que anteriormente estaban exentos por formar parte de actividades exclusivamente religiosas, ahora serán gravados con tasas que oscilan entre el 10 y 30 por ciento, dependiendo del monto anual declarado.
Esta medida no es solo un ataque económico, sino un intento de controlar y debilitar a la iglesia como institución independiente en Nicaragua, cuando ya existe una reconfiguración institución del catolicismo, impulsada a la fuerza por el FSLN con destierros, detenciones y desplazamientos forzados. Según Molina, el régimen ya había comenzado a imponer estos impuestos de facto meses atrás, y ahora, con la reforma legal, busca formalizar y expandir esta presión fiscal. Las parroquias y otras instituciones religiosas se verán obligadas a contratar contadores públicos autorizados (CPA) para cumplir con las nuevas exigencias fiscales, lo que representa una carga adicional en medio de un contexto de persecución y hostigamiento. Algunos templos ya cerraron en Matagalpa, Jinotega, Rivas, Masaya y la Región Autónoma del Caribe Norte, según fuentes consultadas por el equipo de este medio.
Ataque coordinado y premeditado
La aprobación de estas reformas, realizada de manera silenciosa y sin un verdadero debate público, pone de manifiesto la estrategia del régimen para consolidar su control sobre todos los aspectos de la vida en Nicaragua. La eliminación de exenciones fiscales para las iglesias, junto con el control absoluto sobre las oenegés, forma parte de un plan más amplio para eliminar cualquier espacio de autonomía y resistencia en el país. En ese sentido, las reformas aprobadas el 20 de agosto de 2024 no solo legalizan el acoso y la represión que el régimen ya venía ejerciendo, sino que también institucionalizan un nuevo modelo de gobernanza donde el Estado controla todos los recursos, proyectos, y actividades que no se alineen con su ideología. En este escenario, las organizaciones no gubernamentales y las iglesias enfrentan un futuro incierto, donde la supervivencia dependerá de su capacidad para operar bajo un régimen que no tolera la independencia ni la disidencia.
Con estas reformas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un paso más en su estrategia de consolidar un Estado totalitario en Nicaragua, con una sola voz, y un solo canal de recursos. "Es destruir cualquier forma de autonomía que pueda desafiar el poder absoluto del Estado y el manejo de los problemas nacionales y locales", señaló una defensora de los derechos laborales.
En un país donde la represión se ha vuelto la norma y donde la sociedad civil ha sido completamente desmantelada, el futuro es sombrío. La comunidad internacional, que en otros tiempos fue un apoyo crucial para la sociedad civil nicaragüense, enfrenta ahora el desafío de cómo responder a un régimen que ha demostrado estar dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para mantener su control. Mientras tanto, las oenegés y las iglesias en Nicaragua se encuentran en una encrucijada, luchando por su supervivencia en medio de una tormenta de represión que parece no tener fin. Surge entonces la duda: ¿vale la pena seguir?
Según analistas centroamericanos consultados por COYUNTURA, esta es la etapa final de una "reorganización totalitaria" contra la sociedad civil, el sector privado, las iglesias católicas y evangélicas, y el derecho mismo a la libertad de asociación, mientras de forma paralela hay otras luchas contra otras libertades y derechos. "El sandinismo de Daniel Ortega ha centralizado por completo el poder (político, institucional y social) y reconfigurado la estructura social y civil del país centroamericano, al restringir la influencia de las organizaciones independientes y controlar sectores clave como la sociedad civil, los medios de comunicación, el empresariado, y las iglesias. La eliminación de oenegés de forma arbitraria y la imposición de reformas legales que consolidan el control estatal son indicativos rojos de un régimen que ya domina todos los aspectos de la vida nacional, eliminando cualquier forma de oposición o crítica, y manejando hasta el mínimo detalle de lo qué se hace en todo el territorio. Componer eso llevará muchos años", concluye un estudio de este medio en base a los sucesos y sus consecuencias. La Presidencia, el Ministerio del Interior -antes Ministerio de Gobernación-, la Asamblea Nacional, Procuraduría General de la República, Policía Nacional y el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) encabezan a los gestores de esta ofensiva en contra de la sociedad y el desarrollo del país.
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