Un informe de Fundación del Río analizó la distribución geográfica de los proyectos de financiamiento verde en Nicaragua. Las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y algunos departamentos de la zona central, como Río San Juan, Nueva Segovia y Matagalpa, han sido priorizados para la implementación de estos proyectos. Sin embargo, esta inversión contrasta fuertemente con la política extractivista del régimen Ortega-Murillo, que ha concesionado vastas extensiones de tierra para la explotación minera, particularmente en las Regiones Autónomas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha recibido en los últimos seis años un total de 384,8 millones de dólares para la ejecución de 27 proyectos de financiamiento verde. Sin embargo, a pesar de la cuantiosa suma destinada a mejorar los indicadores ambientales en Nicaragua, los resultados han sido escasos y preocupantes, como lo revela un informe de la Fundación del Río. Este documento, titulado "Análisis de Financiamiento Verde y el Presupuesto Ambiental en Nicaragua", denuncia que los fondos, aunque significativos, no han logrado detener el deterioro ambiental que sufre el país. Además, hay indicios de que una parte considerable de estos recursos ha sido mal gestionada o desviada hacia otros fines que no cumplen con los objetivos de conservación ambiental. El informe de la Fundación del Río señala que entre 2018 y 2024, el régimen Ortega-Murillo logró la aprobación de 31 proyectos de financiamiento verde. De estos, 27 fueron ejecutados directamente en Nicaragua con un presupuesto de al menos 380 millones de dólares. Otros cuatro proyectos, de índole regional, suman 197 millones de dólares adicionales, aunque la distribución exacta de este dinero entre los países participantes no se ha detallado en el Presupuesto General de la República (PGR), controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
A pesar de la significativa inversión, los indicadores ambientales del país muestran un panorama desolador. Amaru Ruíz, director de la Fundación del Río, explica que "los indicadores de vitalidad de los bosques evidencian un deterioro notable, con un incremento en la incidencia de incendios forestales y un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero". De hecho, el Índice de Desempeño Ambiental revela que la vitalidad de los bosques se ha reducido en un 11,4 % en los últimos 10 años, principalmente debido a la pérdida de bosques primarios y paisajes forestales. Asimismo, el Indicador de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, elaborado por Climate Watch, indica que las emisiones han aumentado en 38,94 toneladas métricas hasta 2021, exacerbadas por el uso insostenible de la tierra. Estos datos sugieren que, a pesar de los esfuerzos teóricos y las inversiones millonarias, Nicaragua sigue perdiendo terreno en la lucha contra el cambio climático y la degradación ambiental.
Asignación presupuestaria: retroceso en la protección ambiental
Una de las conclusiones más alarmantes del informe es la reducción significativa en la asignación presupuestaria al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). En 2018, Marena recibió 492 millones de córdobas para su funcionamiento, lo que representaba el 0,57 % del PGR. Sin embargo, esta cifra se ha reducido drásticamente en los últimos años, llegando a solo 222 millones en 2024, equivalente al 0,17 % del presupuesto nacional.
Ruíz critica duramente esta tendencia: "El comportamiento del PGR ha sido inversamente proporcional a las asignaciones presupuestarias al Marena, es decir, mientras el PGR aumenta, la asignación a esta institución disminuye". Este desfinanciamiento no solo afecta la capacidad operativa de Marena, sino que también refleja una falta de compromiso político con la protección del medio ambiente en Nicaragua.
Desviación de recursos
Otro aspecto que destaca el informe es el incremento en el gasto de planilla de Marena, a pesar de la reducción general del presupuesto. En 2018, el 26 % del presupuesto de Marena se destinó al pago de trabajadores, pero esta proporción ha aumentado progresivamente hasta el 60 % en 2024. Este crecimiento en el gasto de personal ha ocurrido en un contexto de disminución de la inversión en programas clave, como los Servicios de Protección y Mejoramiento de la Calidad Ambiental y los Servicios de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Ruíz subraya la incongruencia de esta situación: "Lo lógico sería que Marena redujera los pagos de planilla para poder funcionar y continuar con su trabajo, no aumentarlo", dijo. Este aumento en la nómina sugiere una posible politización de la institución, donde la expansión de la plantilla podría estar motivada más por intereses políticos que por necesidades operativas reales.
El informe también analizó la distribución geográfica de los proyectos de financiamiento verde en Nicaragua. Las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y algunos departamentos de la zona central, como Río San Juan, Nueva Segovia y Matagalpa, han sido priorizados para la implementación de estos proyectos. Sin embargo, esta inversión contrasta fuertemente con la política extractivista del régimen Ortega-Murillo, que ha concesionado vastas extensiones de tierra para la explotación minera, particularmente en las Regiones Autónomas.
Nicaragua es el país de Centroamérica con mayor superficie terrestre destinada a la explotación minera. Hasta 2022, el régimen había concesionado el 23 % del territorio nacional a empresas mineras, incluidas compañías chinas, que para junio de este año controlaban más de 39,000 hectáreas para la explotación.
Ruíz critica esta contradicción: "Esto es contrario a los objetivos que tienen los proyectos de financiamiento verde, que deberían enfocarse en la conservación, manejo sostenible y mejoramiento de las condiciones ambientales en las comunidades indígenas". En lugar de promover la sostenibilidad, el régimen parece estar utilizando los recursos naturales de estas regiones para favorecer intereses económicos privados, a expensas del medio ambiente y las comunidades locales.
El informe de la Fundación del Río pinta un cuadro sombrío para el futuro ambiental de Nicaragua. A pesar de la gran cantidad de dinero invertido en proyectos de financiamiento verde, los resultados son desalentadores. La reducción en la asignación presupuestaria a Marena, el aumento en el gasto de personal en detrimento de los programas ambientales, y la contradicción entre la inversión en proyectos de conservación y la explotación minera desenfrenada, sugieren que el régimen Ortega-Murillo no está comprometido con la protección del medio ambiente.
En resumen, aunque Nicaragua ha recibido más financiamiento verde que cualquier otro país de la región, este dinero no se ha traducido en mejoras significativas en la sostenibilidad ambiental. En su lugar, el país parece estar encaminado hacia un futuro cada vez más insostenible, tanto en términos ecológicos como sociales.
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