El país depende en gran medida de la cuenca del río Lempa, la única de gran envergadura, que abastece a más de la mitad de la población. Los expertos advierten que la explotación minera, que requiere grandes cantidades de agua y puede generar contaminación por químicos como el cianuro, pone en riesgo tanto la calidad como la disponibilidad de este recurso vital.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Salvador, El Salvador
El Salvador, un país con serios desafíos ambientales y recursos hídricos limitados, ha dado un giro controversial al derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica de 2017. Este lunes 23 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó con 57 votos la Ley General de Minería Metálica, permitiendo nuevamente la exploración y explotación de metales en el territorio.
La Ley General de Minería Metálica, compuesta por 35 artículos, fue presentada por la administración de Nayib Bukele con el argumento de impulsar lo que se denomina "minería sostenible", y fue aprobada menos de un mes después de que el mandatario propuso revertir la prohibición de minería metálica en El Salvador pese a críticas ambientales. Sin embargo, este concepto ha sido duramente criticado por ambientalistas, académicos y comunidades rurales, quienes advierten sobre los riesgos inherentes de esta actividad.
El país había logrado un hito histórico en 2017 al prohibir esta práctica, convirtiéndose en la primera nación en el mundo en adoptar una postura tan contundente para proteger sus recursos naturales. La legislación entonces fue una respuesta a los graves daños ambientales observados en otras regiones de Centroamérica y a la presión social que exigía salvaguardar la limitada cantidad de agua potable disponible.
Una encuesta reciente del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana (UCA) subraya la desaprobación generalizada de la población hacia la minería. Según el sondeo, realizado entre este mes de diciembre de 2024:
59.2 % considera que El Salvador no es un país apropiado para la minería.
61 % cree que la minería metálica tendría un impacto negativo en el medio ambiente.
95 % advierte que vivir cerca de una mina implica un peligro.
Entre las principales preocupaciones destacan la contaminación de las fuentes de agua (29.9 %), el daño general al medio ambiente (15.6 %) y la deforestación (7.7 %). Además, solo el 3 % de las y los encuestados confía en que los beneficios económicos de la minería llegarán a las comunidades o trabajadores locales.
El Salvador enfrenta un contexto ambiental frágil. El país tiene la menor cantidad de recursos hídricos per cápita en Centroamérica y depende en gran medida del río Lempa, que abastece de agua potable a más de la mitad de la población. La minería, que requiere grandes cantidades de agua y genera residuos tóxicos, representa una amenaza directa a este recurso vital.
El uso de sustancias como el cianuro en la extracción de oro es motivo de alarma. Este químico, empleado en el 90 % de las operaciones mineras, es altamente tóxico y puede contaminar fuentes de agua, suelos y ecosistemas enteros. Ejemplos como la mina San Sebastián, en La Unión, evidencian los daños irreversibles que puede causar esta actividad, con drenajes ácidos que han dejado ríos muertos y suelos contaminados por décadas.
Diversos sectores de la sociedad han expresado su rechazo a esta decisión. Organizaciones comunitarias, ambientalistas, iglesias y universidades han advertido sobre las consecuencias negativas de la minería. La Conferencia Episcopal de El Salvador reiteró su postura en contra, inspirada en la encíclica Laudato si' del Papa Francisco, que llama a la protección del medio ambiente. Además, el antecedente de conflictos sociales asociados a la minería en Centroamérica genera preocupación. Entre 2009 y 2023, se registraron múltiples asesinatos de defensores ambientales en países vecinos, y en El Salvador se teme que esta actividad incremente los niveles de violencia y desplazamiento en las comunidades rurales.
La aprobación de esta ley plantea serias dudas sobre el compromiso del gobierno salvadoreño con el desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos. Mientras las empresas mineras buscan maximizar ganancias, las comunidades enfrentan un futuro incierto marcado por la posible contaminación de sus recursos, la pérdida de biodiversidad y la exacerbación de los conflictos sociales.
El Salvador, que en 2017 lideró el camino hacia un modelo de conservación ambiental, ahora retrocede, desoyendo tanto a la ciudadanía como a las y los expertos. El país enfrenta un momento crucial que definirá el legado ambiental y social de esta generación. La gente dice que seguirán en las calles.
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