El reciente cerco en la colonia 10 de Octubre es el decimosegundo que se implementa en San Marcos como parte de la estrategia de control territorial del gobierno, que se ha centrado en las áreas con mayor actividad de pandilleros, según sus propios datos.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San Salvador, El Salvador
El despliegue de 2,500 efectivos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional de El Salvador, desde este lunes 28 de octubre de 2024, anunciado por el mandatario Nayib Bukele, marca el inicio de otro "cerco de seguridad" en la colonia 10 de Octubre, ubicada en San Marcos, al sur de San Salvador. Este operativo, que sigue el patrón de otras intervenciones masivas a lo largo de los últimos meses en áreas de alta presencia de pandillas, responde a informes de inteligencia que identificaron a esta comunidad como refugio de miembros de grupos criminales. Bukele afirmó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que el objetivo es "extraer hasta el último pandillero" del lugar, y acompañó la declaración con un video que muestra a soldados y policías desplegándose por la zona.
Este cerco es el más reciente de una serie de operaciones implementadas bajo el régimen de excepción, que ha permitido al gobierno arrestar a miles de supuestos pandilleros desde su aprobación en marzo de 2022, en respuesta a una ola de asesinatos que sacudió al país. Hasta el momento, el régimen excepcional ya poco excepcional ha facilitado más de 81,900 detenciones y constituye la principal estrategia del Estado salvadoreño en su autoproclamada guerra contra las pandillas.
Aunque estas medidas han generado respaldo entre sectores que valoran la drástica reducción de homicidios y el refuerzo de la seguridad, las críticas se centran en las denuncias de violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza estatal.
La guerra institucional contra las pandillas ha llevado a las fuerzas de seguridad a imponer cercos en varias áreas de alta criminalidad, como en Soyapango y Comasagua. En el caso de Soyapango, el gobierno desplegó un contingente masivo de 8,500 soldados y 1,500 policías, logrando un control efectivo del territorio y ampliando su enfoque hacia otros sectores vulnerables. Esta intervención en San Marcos representa el duodécimo cerco en la actual fase del Plan de Control Territorial, un proyecto de seguridad iniciado en junio de 2019, poco después de la asunción de Bukele.
Sin embargo, la aplicación del régimen de excepción ha suscitado preocupaciones significativas. Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han documentado casos de detenciones arbitrarias y abusos, además de reportar la muerte de más de 300 personas bajo custodia estatal, muchas de ellas con signos evidentes de violencia.
Estas organizaciones han recibido más de 6,400 denuncias de abusos, entre los que se destacan el hacinamiento carcelario, la falta de acceso a la defensa y casos de tortura. Pese a estas acusaciones, Bukele y sus funcionarios niegan que se cometan violaciones de derechos humanos, defendiendo la estrategia como necesaria para garantizar la paz y seguridad del país centroamericano.
La política de seguridad de Bukele ha tenido un impacto significativo en la sociedad salvadoreña. Mientras la población ha experimentado una notable disminución en las tasas de homicidios y un fortalecimiento de la seguridad en áreas previamente dominadas por pandillas, los métodos empleados en la represión han dividido a la opinión pública y han suscitado críticas en el ámbito internacional.
La estrategia también ha tenido implicaciones políticas de gran envergadura, ya que contribuyó a la reelección de Bukele para un segundo mandato, a pesar de las limitaciones constitucionales que, en teoría, lo impedían. Por otro lado, en septiembre de 2023 comenzó la ejecución de la sexta fase del plan de seguridad bukelista para la seguridad nacional, sobre la integración, pero poco se sabe al respecto hasta la fecha.
Este enfoque de cercos policiales en barrios marginales refuerza la política del presidente Bukele de mantener un control territorial y actuar de manera enérgica ante cualquier brote de violencia o indicio de reagrupamiento pandillero. En un país marcado por décadas de conflicto y crimen organizado, el gobierno de Bukele -en su segunda administración a pesar de la prohibición de ello en la Constitución- continúa promoviendo su guerra física, narrativa e institucional contra las pandillas como un pilar central de su administración, a la vez que enfrenta las críticas de organizaciones de derechos humanos y de sectores que cuestionan la legalidad y sostenibilidad de las medidas represivas a largo plazo.
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