No es solo un asunto de política internacional. Es un problema fundamental de gobernabilidad y de dignidad humana. El derecho a la denuncia, la exigencia de justicia y la búsqueda de una sociedad democrática dependen de una pluralidad de voces y de espacios libres de censura.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La creciente e injustificable expulsión de organizaciones internacionales y el retiro de Nicaragua de organismos de derechos humanos y multilaterales refleja una tendencia alarmante hacia el aislamiento del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y ahora copresidenta Rosario Murillo. En su intento por consolidar una narrativa de soberanía nacional y de no intervención, la administración del Frente Sandinista de Liberación (FSLN) ha cercenado las posibilidades de que la ciudadanía pueda contar con espacios imparciales donde denunciar abusos y defender sus derechos fundamentales, mientras se alimentan las brazas de relaciones poco transparentes y antidemocráticas con Honduras, Cuba, Rusia, Irán, El Salvador, Venezuela y otros sistemas populistas y "revolucionarios".
El cierre y expulsión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en abril de 2022 y el abandono oficial del sandinismo de dicho órgano en noviembre de 2023; el desahucio de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) el 31 de agosto de 2018; la expulsión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en diciembre de 2023; la confiscación de la embajada de Taiwan en diciembre de 2021; la expulsión del territorio nacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el 04 de febrero de 2025; y la supresión de poco más de 4,000 oenegés nacionales, regionales e internacionales.
Esos son solo algunos ejemplos de cómo el régimen ha optado por el control total y la no confrontación ante acusaciones, preguntas e informes, anulando cualquier voz que intente fiscalizar o cuestionar las políticas autoritarias implementadas en los últimos años, resumidas y justificadas todas en una nueva Constitución que raya con un sistema monárquico, y en una ola de casi 20 reformas o legislaciones nuevas aprobadas en los últimos 16 meses.
Este viernes 28 de febrero de 2025, la Nicaragua de Ortega y Murillo también ha decidido abandonar la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ambos organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La decisión se produce un día después de que la pareja anunciara su salida del Consejo de Derechos Humanos, en represalia por la publicación de un informe contundente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) sobre el papel del Ejército en los crímenes de lesa humanidad cometidos desde abril de 2018, cómo parte de una estrategia "para eliminar toda disidencia", según detalles de la ONU.
La magnitud de este retroceso es difícil de medir, pero sus consecuencias son claras: al silenciar a los actores internacionales y nacionales que desempeñan un papel clave en la defensa de los derechos humanos y la fiscalización institucional, se limita la visibilidad de la situación real en el país centroamericano y se niega el acceso a mecanismos internacionales de protección, aunque el sandinismo no está exento de las responsabilidades y el seguimiento. Sus intensiones son remplazar las voces incomodas por otras más condescendientes, con la "multipolaridad" que Rusia y China promueven para aislar a Nicaragua de cualquier esquina terrícola, y una Centroamérica que no opina, investiga o intuye.
La falta de espacios neutrales para denunciar se traduce en un clima de opresión creciente e impunidad. La ciudadanía nicaragüense, ya de por sí golpeada por la represión política, la falta de libertades o cambios electorales y la violencia sistemática, se enfrenta ahora a una realidad aún más sombría: el aislamiento forzado de cualquier instancia que pueda ayudar a poner en evidencia las graves violaciones de derechos humanos que se viven a diario. La ausencia de observadores internacionales independientes deja el terreno libre para que el régimen actúe sin consecuencias, sin que haya quien lo cuestione o lo lleve ante instancias que puedan defender a las víctimas de los victimarios.
No es solo un asunto de política internacional. Es un problema fundamental de gobernabilidad y de dignidad humana. El derecho a la denuncia, la exigencia de justicia y la búsqueda de una sociedad democrática dependen de una pluralidad de voces y de espacios libres de censura. Cuando estos se extinguen, el país y su sistema pierden no solo la posibilidad de contar con ayudas externas legítimas, sino también el derecho de sus propios ciudadanos a construir un presente y futuro en el que los derechos humanos sean respetados y protegidos.
El pueblo nicaragüense se encuentra atrapado en un ciclo de represión y silencio, donde cada día parece más difícil luchar por la justicia sin temer represalias. Es imprescindible que el mundo reaccione ante esta tendencia aislacionista que no solo afecta la política exterior, sino que pone en riesgo la vida de quienes, aún en medio de la violencia, intentan alzar la voz por la libertad.
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