Las nuevas solicitudes del Ministerio Público (MP) incluyen detalles sobre la inscripción de Bernardo Arévalo y Samuel Pérez como candidatos a diputados en 2018, así como copias certificadas de los oficios de adhesión y afiliación del partido Movimiento Semilla en ese mismo año. También se exige información sobre los secretarios generales del partido desde su creación y detalles sobre varios cargos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desde el año 2018 hasta la fecha actual.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Ciudad de Guatemala, Guatemala
La tensión, aunque no lo parezca, no cesa en Guatemala, en medio de un escenario político incierto, marcado por 45 días continuos de protestas ciudadanas y el persistente clamor de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. El país centroamericano sigue inmerso en una encrucijada judicial, donde el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) son protagonistas de un enfrentamiento que socava la estabilidad democrática del país mucho más con el paso de los días.
Este miércoles 15 de noviembre de 2023, el MP, a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), controlada por el fiscal especial Rafael Curruchiche -sancionado por los Estados Unidos de América debido a actos de corrupción-, emplazó al TSE a entregar en un plazo de 24 horas (finalizando al mediodía del jueves 16 de noviembre) información crucial relacionada con el ahora extinto Movimiento Semilla y la inscripción como candidato a diputado en el Congreso Nacional del actual presidente electo, Bernardo Arévalo. Ocho solicitudes en total fueron dirigidas al ente electoral, abarcando desde detalles sobre la inscripción de Arévalo y Samuel Pérez (actual diputado del Poder Legislativo) como candidatos en el año 2018, hasta información sobre la toma de posesión de los actuales magistrados titulares y suplentes del TSE, sobre quienes está pendiente una solicitud de retiro de inmunidad.
A pesar de las acciones legales emprendidas por la Fiscalía, varios actores de la comunidad internacional, incluyendo el Gobierno de los Estados Unidos de América (EE.UU.) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), han condenado la intervención judicial en los comicios, considerándola un atentado contra la voluntad popular.
El presidente electo, Arévalo, ha acusado públicamente a la fiscal general Consuelo Porras de liderar un intento de "golpe de Estado" para impedir su toma de posesión, programada para el domingo 14 de enero de 2024. Estas alegaciones han intensificado la polarización política en el país centroamericano y han llevado a las calles a decenas de guatemaltecos y guatemaltecas, especialmente a comunidades indígenas que exigen la renuncia de Porras, Curruchiche y otros funcionarios judiciales.
El pulso político sigue en las calles, principalmente de la capital guatemalteca, donde grupos indígenas han mantenido un plantón frente a la sede del MP desde el 02 de octubre. La demanda principal de estos manifestantes es la renuncia de la fiscal general, a quien acusan de perjudicar el proceso electoral mediante allanamientos al TSE y la confiscación de resultados electorales.
Este miércoles marca el día 45 de protestas continuas, y las y los manifestantes han dejado claro que no se retirarán hasta que Bernardo Arévalo asuma la Presidencia de Guatemala. La indignación crece por acciones que, según ellos, buscan cancelar de forma rotunda al partido Movimiento Semilla, así como revertir los resultados de las elecciones de junio y agosto de este año.
Claudia González, integrante del colectivo "Mujeres por la Democracia", subrayó la importancia de mantener las protestas hasta la toma de posesión del presidente electo en enero próximo. Las manifestaciones, en las que participan también mujeres indígenas, niños, ancianos, jóvenes y estudiantes universitarios, han incluido ceremonias mayas con flores y velas, buscando un cese a la crisis política que sacude a Guatemala.
La situación ha trascendido fronteras, generando una respuesta internacional que refleja la preocupación por la salud democrática del país. Este mismo 15 de noviembre, 20 países miembros de la OEA emitieron una resolución condenatoria de las acciones del MP que socavan la democracia guatemalteca. Sin embargo, cabe destacar que el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, fue la única misión diplomática que votó en contra de la resolución. Ocho países se abstuvieron, incluyendo a El Salvador, Honduras y Panamá, mientras que seis estuvieron ausentes, entre ellos Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como otros Estados caribeños.
La resolución de la OEA denuncia "los intentos por parte del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder", calificándolos como acciones que socavan el proceso democrático y los compromisos de Guatemala bajo la Carta Democrática Interamericana.
En el corazón de la crisis se encuentra el enfrentamiento entre el MP y el TSE. La solicitud de información por parte de la Fiscalía al TSE sobre el Movimiento Semilla y la inscripción de Bernardo Arévalo como candidato en 2018 arroja luz sobre la complejidad de las relaciones institucionales en Guatemala.
La advertencia de Édgar Tuy, síndico de la Municipalidad Indígena de Sololá, sobre la posibilidad de volver a las calles en forma de bloqueos en caso de intentos de liberar el acceso frente al MP, refleja la tensión palpable en las negociaciones entre líderes indígenas y autoridades del Ministerio de Gobernación. La mediación sigue siendo una estrategia clave, pero la falta de consenso y la desconfianza entre las partes complican cualquier intento de solución pacífica.
"Si lo que quieren es recuperar el MP volveremos a las carreteras a manifestar", dijo el líder Ulario Zavala.
Guatemala enfrenta un momento crítico en su historia reciente. La tensión política, las acusaciones de intervención judicial y las manifestaciones ciudadanas han llevado al país a un punto de quiebre. La resolución de la OEA y la condena internacional subrayan la gravedad de la situación, mientras que las negociaciones locales entre líderes indígenas y autoridades gubernamentales continúan en un difícil equilibrio.
La democracia guatemalteca pende de un hilo, y el resultado de este enfrentamiento entre instituciones clave determinará el rumbo del país en los próximos meses. Incluso es parte de este panorama la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se lleva a cabo al cierre de este texto en el Congreso de la República de Guatemala. La mirada de la comunidad internacional y la persistencia de las protestas ciudadanas son elementos que añaden una dimensión adicional a la complejidad de esta crisis política. Guatemala se encuentra en un cruce de caminos, donde las decisiones tomadas hoy tendrán repercusiones duraderas en su futuro político y democrático, mañana o el próximo año.
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