En Honduras, el Gobierno de Xiomara Castro ha declarado emergencia nacional ante el aumento de la extorsión y delitos enlazados desde la llegada de su administración al poder. A través del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, creado y desarrollado por orden de la mandataria, la Policía Nacional del país centroamericano espera erradicar de forma "contundente" este flagelo, el cual no era el que más sufría la población hace siete meses. Una estrategia que aún presenta vacíos, que permitirá la suspensión de garantías constitucionales en zonas con altos índices de violencia, y que desarrollará maniobras de mayor "control territorial" e "identificación plena" de las y los hondureños.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
Los al menos 18 mil millones de lempiras (727 millones de dólares americanos) que son producto de la extorsión en Honduras, y las constantes denuncias y cuestionamientos contra el manejo del Gobierno de la presidenta Castro ante la escalada en la inseguridad, surgieron efecto. El 24 de noviembre en Casa Presidencial, con la voz de Ramón Sabillón y Gustavo Sanchez, cabezas de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, respectivamente, fueron presentadas las generalidades de la estrategia "para el abordaje del crimen común y especializado que ha afectado gravemente a la colectividad hondureña". Según Sabillón, ejecutan este plan "en el momento que la patria necesita decisiones firmes". Y no es para menos; cuando el 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) proviene de la extorsión.
La estrategia, señalada como "contundente" por Sanchez, pondrá en marcha las habilidades de 19,471 oficiales en operaciones desarrolladas desde la temporada de fin de año en este 2022, e implementará acciones en diversos campos, sin un presupuesto estimado hasta el momento. "Tiene como propósito mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, así como la recuperación gradual de los niveles de desarrollo económico para promover la inversión, el comercio y uso popular de los espacios públicos", explicó la Policía de Honduras.
Y aunque hasta ahora no se ha divulgado dicho proyecto como un documento oficial, en COYUNTURA detallamos los pormenores anunciados por las fuerzas armadas, en un operativo que pretende involucrar y ya involucra a otras entidades estatales, como parte del tercer eje estratégico del tan venerado Plan de Gobierno para la Refundación 2022-2026 de la administración Castro.
Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos en Honduras:
Contará con ocho ejes estratégicos:
Operativo:
Tendrá como objetivo afectar las estructuras criminales en sus componentes, financieros y logísticos. Y entre las acciones a desarrollar se anunciaron: la rehabilitación del sistema Palantir; el fortalecimiento de las unidades de inteligencia, investigación y táctico operativas; el desarrollo de operaciones estructurales y de impacto contra Objetivos de Alto Valor Estratégico (OAVE); entre otras.
Este eje tendrá tres fases. En la primera, de prevención, se espera realizar:
Procedimientos proactivos y reactivos policiales, entre pratullajes, saturaciones, retenes, registros, puntos fijos y monitoreos en terminales de taxis y buses.
Limitar el ingreso a los centros penales de cualquier dispositivo de comunicación digital, drogas y otros constitutivos de delito.
Plan "Policía y comunidad en esta navidad".
Plan "Mercados seguros".
Plan "Escorpión": enfocado en el control de maras y pandillas, así como la migración irregular, en zonas fronterizas entre Honduras y El Salvador.
Control de seguridad territorial en áreas de riesgo, articulado con gobiernos locales.
Plan "Cosecha segura".
Mientras tanto, en la segunda fase, de operacionalización, se espera:
Elaborar informes de inteligencia.
Elaborar informes de investigación.
Elaborar informes de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Estructurar y elaborar matrices de asociación y diagramas de flujo de los cabecillas de maras y pandillas.
Realizar allanamientos.
Ejecutar órdenes de captura.
En la tercera fase, entre otras acciones, se realizarán: reformas legales (prisión preventiva, audiencias virtuales); ejecuciones de planes pilotos en articulación al modelo de Policía Comunitaria; un censo de conductores y de las cooperativas con permiso de operación; y un sistema de pago por tarjeta electrónica recargable, lo que incluso significaría "la modernización del Sistema de Transporte Urbano a nivel nacional", según la propia Policía.
Además, en esta etapa, la entidad de seguridad también buscará "regular las ventas de SIM CARD" y "coadyuvar con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en el cumplimiento de la normativa legal relacionada al control perimétrico del espectro radioeléctrico de los centros penales".
Tecnológico:
Tendrá como objetivo fortalecer y ampliar la infraestructura tecnológica de la Policía Nacional, y entre sus acciones contempla el tecnificar los procesos de gestión de la información para "fortalecer las plataformas y los procesos de recolección y consulta de información"; la gestión de la "inter-conexión de plataformas tecnológicas; y la adquisición, actualización e implementación de hardware y software.
Reforma al Estamento Legal:
Código Penal. Reforma al Artículo 373.
Código Penal. Agravante al delito de extorsión, en el Artículo 374.
Código Procesal Penal. Protección de testigos y víctimas, en el Artículo 237.
Decreto 93-2021. Artículo 26 y 29.
Comunitario:
Tendrá como objetivo "fortalecer el vínculo entre la Policía y la comunidad", y entre las acciones a desarrollar se destacan el levantamiento de un Diagnóstico Integral de Seguridad, la implementación de planes de acción para la recuperación de espacios públicos ocupados por la criminalidad, y el "Plan Estrella" junto a las denominadas Mesas de Seguridad Ciudadanas.
Reforma al Sistema Penitenciario:
Busca "controlar a los internos, personal y demás actores del sistema penitenciario", con acciones como: mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento para el control de ingreso y egreso; adquisición de tecnología para el bloqueo de señales y redes de comunicación utilizadas por los privados de libertad; desarrollar capacidades enfocadas a la prevención, disuasión y control.
Gestión Inter-institucional:
Objetivo: coordinar los actores nacionales e internacionales como el INL, MP, RNP, IP, CNBS. Acciones: promover alianzas estratégicas y convenios nacionales e internaciones; crear mesas técnicas para promover el intercambio de información y espacios de capacitación entre agencias.
Educativo:
Tendrá como objetivo "profesionalizar el talento humano para el tratamiento del delito de extorsión", y como acciones desarrollará: el fortalecimiento de la formación, especialización y perfeccionamiento de los operadores de justicia; la perfilación, selección y certificación a los miembros de la carrera policial.
Presupuestario:
Tiene como objetivo "gestionar los recursos financieros adicionales para la implementación y adecuado funcionamiento del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos", del cual se desconocen los costos.
Las "otras" medidas
La administración de Castro a través de la Policía hondureña también anunció el "relanzamiento del Comando de Operaciones Especiales 'Cobra', como Unidad Élite de la Policía Nacional, encargada de luchar única y exclusivamente contra las maras y pandillas". Además, iniciará un "binomio Policía-comunidad", con el que ya han lanzado "casi 2,600 mesas de seguridad ciudadana", esperando crear "6,000 mesas más por año hasta 2025".
"Como parte de la estrategia de la Policía comunitaria, también hemos creado la Policía escolar, como un ente transformador y no gendarme, utilizando las especialidades pedagógicas de algunos oficiales para evitar el reclutamiento y concientizar ante las diversas formas de acoso", explicó Sanchez.
También se espera "solicitar a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a través de su ente regulador, cumplir la ley vigente en lo referente a la identificación plena de las personas que posean una billetera electrónica", así como iniciar un proceso para la "identificación plena, que requiera dos documentos emitidos por el Estado, o dos procesos de verificación diferentes, para el reconocimiento de las personas en procesos digitales, bancarios y similares".
Estados de excepción, como el modelo de Nayib Bukele; lo que tanto pedía la sociedad
Según el último sondeo realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), publicado en abril de 2022, los delitos que más sufre la población hondureña son:
Robo sin agresión (46 %)
Robo con agresión (23 %)
Asesinato (12 %)
Extorsión/impuesto de guerra (3.5 %)
Cifras que evidentemente han aumentado a noviembre de 2022; y una realidad que ha generado que un amplio sector de la población, incluyendo simpatizantes de la presidenta y su gestión, exija medidas "similares o iguales a las del presidente Nayib Bukele en El Salvador", en donde tras los primeros 122 días de Régimen de Excepción se reportaron 47,789 personas detenidas.
En Honduras también será posible, en articulación con los gobiernos locales. Como parte del "Control de seguridad territorial en áreas de riesgo", la Policía espera intervenir zonas específicas, permitiendo la suspensión de garantías constitucionales, como en los casos de la colonia Villa Nueva en Tegucigalpa -en donde fue descubierto un cementerio clandestino hace unas semanas- y de Lepaterique, en donde ya se había instaurado un toque de queda por el alto indice de asesinatos.
Según la Policía, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, las dos grandes metrópolis hondureñas, hasta la fecha existen 56 barrios (en cada ciudad) con presencia de maras y pandillas, específicamente la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18. Estás serían las localidades en las que se podría declarar un régimen de excepción o toque de queda, a discreción de la entidad de seguridad, que ha sido señalada de crímenes contra la población, violaciones a los derechos humanos y extorsión a migrantes de paso por Honduras.
Los resultados en seguridad de 10 meses del "Gobierno del socialismo democrático"
La Policía también utilizó la ocasión para anunciar los resultados en materia de seguridad de la actual administración. "Encontramos en el 2021 un índice de homicidios de 42.70 por cada 100,000 habitantes. Nuestra proyección es que al final de este año (2022) terminemos con 36. Es decir, casi 6.1 menos", explicó Sanchez, director general del cuerpo armado.
Han quemado 100,000 plantas de marihuana; han decomisado 6,500 piedras de crack; han detenido a 1,234 miembros de maras y pandillas, y otros 1,083 miembros de bandas; han desarticulado a 291 bandas criminales; y han decomisado 3,532 armas de fuego, entre armas de uso permitido y armas de guerra.
También, como parte de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado -antes conocida como FNAMP-, ahora existen nueve unidades a nivel nacional, a diferencia de las cinco en 2021. Además, el país "fue regionalizado, con seis jefaturas regionales, con más presupuesto y con un Comisionado de la Policía como supervisor".
"La extorsión es el resultado siniestro del crimen organizado en Honduras, que está afincada en diferentes áreas de nuestro país. Es una de las principales causas de inseguridad, migración, desplazamiento, pérdida de libertad, muertes violentas y cierre de pequeños y medianos negocios. Con esta estrategia anunciado por la Policía Nacional, este Gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión, así como desde el primer día le declaramos la guerra a la corrupción, a la impunidad y al narcotráfico", enfatizó la presidenta Castro durante su discurso el día del anuncio de este plan.
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