Las autoridades de México comenzaron a repatriar esta semana los cuerpos de los migrantes fallecidos en el incendio en Ciudad Juárez, en la frontera con los Estados Unidos de América. 19 de las víctimas eran de Guatemala, siete de El Salvador y seis de Honduras, en donde las familias esperan o ya han recibido con dolor y desesperación a sus seres queridos, ahora sin vida. El trágico suceso ha puesto en evidencia una vez más las condiciones precarias y peligrosas que enfrentan los migrantes en su búsqueda por una vida mejor, mientras las autoridades mejicanas comienzan las acusaciones formales.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Nahualá, Guatemala
El luto aterrizó esta semana en Guatemala, Honduras y El Salvador, y su tenebrosa sombra no parece disiparse pronto. Dos semanas después de la más reciente desgracia migratoria en la ruta de los centroamericanos hacia los Estados Unidos de América (EE.UU.), las autoridades del Gobierno de México iniciaron la repatriación de las 40 víctimas que fallecieron la noche del lunes 27 de marzo en un incendio aún no esclarecido en un centro del Instituto Nacional de Migración (INAME) en la norteña Ciudad Juárez.
El Gobierno de El Salvador fue el primero en recibir los restos de las siete personas migrantes salvadoreñas que perdieron su vida en el siniestro. El domingo 09 de abril, las autoridades entregaron los cuerpos a sus familiares y la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería salvadoreña, Cindy Portal, aseguró entonces que el Gobierno del país centroamericano exige "la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria de México".
Días después, la tarde del martes 11 de abril de este año, 17 féretros fueron recibidos en la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), los cuales contenían la misma cantidad de migrantes guatemaltecos fallecidos en la tragedia. En Tegucigalpa, Honduras también fueron recibidas las seis víctimas mortales de nacionalidad hondureña, trasladadas en un vuelo chárter de la Fuerzas Aérea Mexicana.
El incendio en el centro de detención para migrantes ha puesto de relieve una vez más las condiciones precarias y peligrosas que enfrentan los migrantes en su búsqueda por una vida mejor, en su paso por México y en las celdas de detención del INAME.
Según medios de comunicación locales e informes preliminares, el centro de hospedaje era un lugar sobrepoblado y sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que habría contribuido al rápido avance del fuego y al alto número de víctimas. Además, los vídeos divulgados horas después del siniestro demuestran que los oficiales del centro de detención ignoraron las llamas y los gritos de auxilio de los migrantes apresados.
Muchas de estas familias, que hoy reciben a sus seres queridos sin vida, habían puesto sus esperanzas en la migración como una forma de escapar de la pobreza y la violencia en sus países de origen. Ahora, se encuentran enfrentando una tragedia que les ha robado luz.
Las autoridades mexicanas han comenzado a llevar a cabo investigaciones formales sobre el incendio y han presentado cargos contra varias personas por su presunta responsabilidad en el siniestro. Estas acciones son un primer paso importante para garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas y sus familias.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México acusa al marino retirado Salvador González -jefe de migración en Chihuahua- y a otros funcionarios de asesinato e intento de asesinato, por el incendio, que también dejó a 25 migrantes heridos.
También se ha iniciado un proceso penal contra Francisco Garduño, comisionado del INAME. "Incurrió en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes", señala la Fiscalía.
Sin embargo, queda mucho por hacer para abordar las causas subyacentes de la migración y proteger los derechos y la seguridad de los migrantes en México y en todo el mundo. Es necesario abordar la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en los países de origen de los migrantes, y garantizar que los migrantes tengan acceso a servicios básicos y protección contra la explotación y la violencia en sus lugares de destino.
Tanto en El Salvador, como en Guatemala y en Honduras, las autoridades de seguridad acompañaron las caravanas que llevaban los féretros.
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