El debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la política hondureña no es nuevo. La Constitución de la República de Honduras, en su Artículo 272, establece claramente que las Fuerzas Armadas son una institución apolítica y no deliberante. Este principio ha sido fundamental para garantizar que el Ejército -por ejemplo- no se involucre en asuntos políticos e institucionales.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
Este martes 15 de octubre de 2024, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su apoyo al polémico discurso del general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), quien días antes, el 12 de octubre, había manifestado su respaldo a la controvertida iniciativa de Ley de Justicia Tributaria. Esta legislación, impulsada por el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) y el Poder Ejecutivo, busca reformar el sistema tributario del país, pero ha sido duramente criticada por la oposición y sectores empresariales. Durante la inauguración de una obra vial de casi 10 kilómetros entre Amapa y San Antonio, en el departamento de Cortés, Castro defendió las palabras del general Hernández, señalando que "es la primera vez que un general habla de la realidad de la sociedad". La mandataria añadió que comparte el mensaje del militar, pues considera que es necesario que el pueblo sepa la verdad y entienda los desafíos que enfrenta el país en su proceso de refundación, tras lo que ella describe como un periodo de corrupción tras el golpe de Estado de 2009.
El apoyo de Castro a Hernández no es un hecho menor, ya que ha generado una fuerte polémica política en Honduras. Las declaraciones del jefe del EMC fueron vistas por diversos sectores como una incursión inapropiada de un militar en asuntos políticos.
Durante un evento de ascensos de las Fuerzas Armadas, Hernández destacó que, según cálculos, el país pierde aproximadamente 66 mil millones de lempiras al año debido a exoneraciones fiscales que benefician a un grupo reducido de familias. Esta cifra, según él, representa el presupuesto de las Fuerzas Armadas durante seis años y podría utilizarse en sectores como salud o educación.
El Partido Nacional, principal fuerza de oposición, ha sido uno de los críticos más fuertes del pronunciamiento del general Hernández. A través de un comunicado, el partido señaló que el jefe militar "ha roto la obligación constitucional de mantener la neutralidad política de la institución castrense", algo que consideran sumamente grave.
Recordaron que el Artículo 272 de la Constitución de Honduras establece que las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas, obedientes y no deliberantes, y que el general Hernández, al opinar sobre un asunto claramente político, habría infringido este mandato.
El Partido Nacional también hizo un paralelismo con la situación en Venezuela, afirmando que el discurso de Hernández recuerda al "modelo venezolano", donde el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado a los militares como agentes de control político. En su comunicado, la oposición advirtió sobre los riesgos de seguir ese camino y llamó a la rendición de cuentas y a la deducción de responsabilidades legales por lo que consideran una violación del deber constitucional del general. Nicaragua también es ejemplo de una realidad más cercana y extrema.
Por su parte, Jorge Cálix, diputado y precandidato presidencial por el Partido Liberal, fue más directo y sarcástico en su respuesta, sugiriendo que Hernández ya se está postulando como candidato a diputado por Libre. Otros opositores, como el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, criticaron duramente la intervención del general, calificándolo de "activismo político" a favor del gobierno y sugiriendo que este tipo de acciones socavan la confianza en la independencia de las Fuerzas Armadas.
La Ley de Justicia Tributaria ha sido uno de los proyectos estrella del gobierno de Xiomara Castro, quien ha defendido su necesidad como parte del proceso de refundación del país. La reforma pretende eliminar privilegios fiscales que, según el gobierno, solo benefician a una élite empresarial y que, de mantenerse, seguirían privando al Estado de recursos esenciales para su desarrollo.
El general Hernández argumentó que su apoyo a la ley no tiene un trasfondo político, sino que responde a un análisis técnico de las necesidades del país. No obstante, sus críticos consideran que su discurso se alineó demasiado con la narrativa del gobierno, lo que le ha valido acusaciones de activismo político. Según analistas políticos y expertos constitucionalistas, la intervención de Hernández sobrepasa los límites establecidos por la Carta Magna, que obliga a las Fuerzas Armadas a mantenerse al margen de los debates políticos.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) también expresó su preocupación por las declaraciones del jefe militar. Alejandro Kaffati, oficial de política económica del COHEP, señaló que estas intervenciones afectan la credibilidad de las Fuerzas Armadas y ponen en duda su imparcialidad en un contexto donde el país ya enfrenta grandes desafíos institucionales.
Debate sobre la neutralidad militar
Este episodio ha reavivado el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en Honduras y su relación con el poder civil. Durante años, la política hondureña ha estado marcada por la influencia militar, especialmente tras el golpe de Estado de 2009, que derrocó al expresidente Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta Castro y asesor presidencial. Los críticos del oficialismo temen que las declaraciones del general Hernández sean un síntoma de una mayor militarización de la política hondureña. Para algunos, esto representa un retroceso en los avances democráticos del país y pone en riesgo la neutralidad de una institución que debería ser garante de la soberanía y no un actor político.
Por otro lado, los defensores del discurso de Hernández argumentan que la situación económica del país requiere un análisis más profundo y que la Ley de Justicia Tributaria es fundamental para corregir los desequilibrios que existen en el sistema fiscal. Desde esta perspectiva, las Fuerzas Armadas tienen el derecho -y el deber- de opinar cuando se trata de cuestiones que afectan directamente el futuro del país.
La controversia en torno a las declaraciones del general Roosevelt Hernández ha puesto en el centro del debate nacional el rol de las Fuerzas Armadas en la política hondureña. Mientras el gobierno de Xiomara Castro y sus partidarios ven en las palabras del general un llamado a la conciencia social y una defensa de los intereses del pueblo, la oposición las interpreta como una peligrosa incursión política que socava la democracia y recuerda a modelos autoritarios de la región.
Lo que está claro es que este episodio ha abierto una discusión vieja y profunda sobre los límites de la participación militar en asuntos políticos y sobre el futuro de la democracia en Honduras. En medio de este escenario, las Fuerzas Armadas deberán demostrar si pueden mantenerse fieles a su mandato constitucional de neutralidad o si, como temen algunos, están tomando partido en la lucha política del país centroamericano.
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