Si bien la economía del país centroamericano ha crecido en términos generales, el informe pasa por alto el impacto real de las confiscaciones, la represión política y el debilitamiento del sector privado. La narrativa del "crecimiento sólido" contrasta con la realidad donde el éxodo masivo de ciudadanos ha sido clave para sostener la actividad económica a través de las remesas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó el 07 de febrero de 2025 su informe sobre la Consulta del Artículo IV de 2024, destacando un panorama optimista para la economía nicaragüense, sin prestar atención a los efectos devastadores de la crisis social, política, de derechos humanos y la sistemática violación de derechos laborales y empresariales bajo el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo. La publicación subraya un "crecimiento sólido" impulsado por el consumo interno y niveles históricos de remesas, obviando que estos ingresos provienen de cerca de un millón de nicaragüenses en el exterior, muchos de los cuales están en riesgo de deportación por las nuevas políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump.
Según el informe del FMI, "la economía nicaragüense se mantiene abierta y resiliente tras enfrentar múltiples shocks", haciendo referencia a las sanciones internacionales y la reorientación del financiamiento oficial. Sin embargo, omite que la mayoría de las propiedades transferidas al Estado en los últimos años provienen de expropiaciones a disidentes desterrados y la confiscación arbitraria de casi seis mil oenegés, asociaciones empresariales y entidades religiosas, en su mayoría pertenecientes a la iglesia católica.
"Se proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real se modere al 4 % en el corto plazo y al 3,5 % en el mediano plazo, en medio de un menor ritmo de crecimiento de las remesas, una contribución limitada de la fuerza laboral al crecimiento debido a la reciente emigración y a decisiones cautelosas por parte de la inversión del sector privado. Se espera que las reservas internacionales crezcan a un ritmo más lento que en el período reciente, con una reducción de los superávits fiscal y en cuenta corriente, conforme las autoridades incrementan la inversión pública", cita el análisis del FMI.
El FMI también ignora el impacto de un entorno político e institucional cada vez más represivo, donde la falta de seguridad jurídica y el control absoluto del Estado sobre la economía han llevado al cierre de cientos de empresas y han limitado la inversión extranjera. Aunque el régimen Ortega-Murillo ha conseguido mitigar parcialmente estos efectos gracias a la inyección constante de remesas y la expansión del comercio con aliados como Rusia y China, la realidad económica interna sigue marcada por la informalidad y la precarización del empleo.
A pesar del tono optimista del informe, uno de sus anexos deja entrever una crisis financiera de gran magnitud en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El FMI advierte que el sistema requiere reformas urgentes para garantizar su sostenibilidad, ya que las reservas líquidas del INSS se agotaron en 2022 y sus inversiones han registrado una caída alarmante en el rendimiento.
La crisis del INSS se originó en la drástica reducción del empleo formal tras la represión desatada desde el año 2018, cuando las protestas sociales fueron sofocadas violentamente por la Policía Nacional y fuerzas paramilitares del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), provocando la fuga de empresas y la pérdida de miles de empleos. Entre 2013 y 2023, la tasa de dependencia pasó de 4.5 trabajadores por pensionado a 2.6, con una proyección de reducirse a 2.2 en 2028.
El informe también señala que el INSS ha venido acumulando pasivos no financiados, obligando al Estado a cubrir su déficit mediante asignaciones presupuestarias y la donación de propiedades confiscadas, que en muchos casos pertenecían a exiliados políticos, organizaciones de la sociedad civil y hasta entidades diplomáticas.
En 2023, el régimen transfirió más de 70 propiedades al INSS con el supuesto objetivo de sanear sus finanzas, aunque economistas consultados por COYUNTURA advierten que esta estrategia no es más que una operación de blanqueo de bienes expropiados.
El régimen sandinista ha intensificado su política de opacidad al dejar de publicar anuarios económicos clave, incluyendo los informes del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), la Policía Nacional, el Poder Legislativo y el propio INSS. Desde 2021, estos documentos han desaparecido o han sido divulgados con meses de retraso, impidiendo el acceso a información crucial sobre el flujo de migrantes, las recaudaciones fiscales, la situación financiera del país y el gasto público.
El último anuario publicado del INSS en 2022, por ejemplo, reveló una deuda acumulada de 5,261 millones de córdobas, el doble de la registrada el año anterior. De este monto, 4,998 millones corresponden al régimen de invalidez, vejez y muerte, y 263 millones a riesgos profesionales. Mientras tanto, el Presupuesto General de la nación destina cada año cuantiosas transferencias a la entidad para evitar su colapso total.
El ocultamiento deliberado de estos informes ha sido justificado por el régimen con argumentos falaces. En 2020, el asesor económico de Ortega, Bayardo Arce, minimizó la importancia de la información económica pública, alegando que solo servía para el análisis de "economistas oportunistas", cuando en realidad su falta de publicación impide una evaluación objetiva de la situación financiera nacional y regional.
En ese sentido, la falta de una postura crítica del FMI ante la gestión del régimen Ortega-Murillo es motivo de preocupación. Mientras en otros países se exige transparencia y sostenibilidad fiscal, y lucha contra la corrupción en todas sus dimensiones, en el caso de Nicaragua el organismo internacional parece "hacerse el de la vista gorda" ante la crisis del INSS y el saqueo de bienes privados en todo el territorio, según una economista hondureña.
El exreo político y exprecandidato por la Presidencia, Juan Sebastián Chamorro, señala que el informe confirma lo que ya se sabía: la Seguridad Social en Nicaragua está quebrada y el régimen está usando propiedades confiscadas para cubrir los huecos financieros. Además, advierte que el FMI corre el riesgo de legitimar transacciones basadas en activos expropiados ilegalmente, contribuyendo indirectamente al sostenimiento del aparato represivo del FSLN.
Por ello, la crisis del INSS es solo un síntoma más de la fragilidad económica de Nicaragua, una situación que el FMI elige pasar por alto en favor de una narrativa de estabilidad macroeconómica. No obstante, la realidad para miles de nicaragüenses es otra: un sistema de Seguridad Social al borde del colapso, un mercado laboral precario y una economía sostenida artificialmente por las remesas de una diáspora que podría enfrentar deportaciones masivas en el corto y mediano plazo.
Sin transparencia ni reformas estructurales genuinas, el modelo económico del régimen Ortega-Murillo se asemeja más a un castillo de naipes que a la solidez que el FMI pretende retratar en su informe.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.
Comments