Resumimos la jornada de este martes 05 de noviembre de 2024 con las cifras y noticias más importantes de la actualidad en Centroamérica, Latinoamérica y el mundo. Le recomendamos leerlo desde la web para una mejor experiencia.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Centroamérica
Millones de quetzales en contratos irregulares en el INDE durante administración del exmandatario Alejandro Giammattei
El gobierno de Guatemala destapó el lunes 04 de noviembre del corriente año un caso de corrupción conocido como "Red Q", implicando a figuras de alto perfil en un esquema que aprovechó una plaza fantasma para capturar el control del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y desviar millones en contratos. La investigación involucra al expresidente Alejandro Giammattei, la extitular de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), Keila Gramajo, y Melvin Ernesto Quijivix, exdirector del Consejo Directivo del INDE. Se les señala por abuso de autoridad, tráfico de influencias y peculado, entre otros delitos.
Carlos Mendoza, actual jefe de SEGEPLAN, explicó que, durante la administración de Giammattei, se creó una plaza fantasma en SEGEPLAN con el fin de consolidar el poder en el INDE. Según el reporte, esta plaza fue otorgada a Melvin Quijivix, una persona cercana a los círculos de poder de Giammattei, en el rol de supuesto coordinador de asuntos específicos del Despacho Superior. La contratación fue instruida por Keila Gramajo, pero contó con la aprobación directa del expresidente. Mendoza detalló que, tras la disolución del Centro de Gobierno en 2020, surgieron esfuerzos para posicionar a Quijivix en el INDE, logrando finalmente su nombramiento como presidente del Consejo Directivo en 2022.
Bajo el liderazgo de Quijivix, el INDE aprobó consultorías a diversas empresas, algunas de las cuales mantenían vínculos con el exdirector. Entre 2022 y 2023, se realizaron 17 contratos a ocho compañías por un valor que oscilaba entre Q200 mil y Q500 mil cada uno, sumando un total de Q8.6 millones. Uno de los beneficiarios principales fue la empresa MINE, S. A., que recibió Q1.5 millones en contratos. MINE, donde Quijivix había trabajado previamente como gerente, tenía su sede fiscal en la residencia de Quijivix y compartía personal administrativo con otras empresas que recibieron contratos del INDE. Otra empresa, Panime Company, S. A., fundada en agosto de 2022, obtuvo dos contratos del INDE por casi Q750 mil a los pocos meses de su creación, y posteriormente otros cinco contratos en 2023, acumulando Q1.2 millones. Las empresas y personas relacionadas con Quijivix recibieron contratos significativos, levantando sospechas sobre posibles conflictos de interés.
Bajo la administración de Quijivix en el INDE, el Consejo Directivo autorizó la contratación de 211 personas bajo el renglón 029. Entre los nuevos empleados se encontraba Nina Patricia Román Rojas, esposa de Quijivix, quien también resultó beneficiaria de contratos del INDE a través de una empresa familiar, Corporación Educativa en Informática, S. A. En 2022, esta empresa recibió contratos por un total de Q1.08 millones. Las conexiones familiares y la ausencia de un proceso de licitación abierto han suscitado críticas en torno a las prácticas de contratación durante este período.
El actual gobierno ha iniciado acciones legales contra Giammattei, Gramajo y Quijivix, acusándolos de múltiples delitos que incluyen abuso de autoridad y peculado. Sin embargo, debido a su posición como actual diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Giammattei goza de inmunidad, por lo que el Poder Ejecutivo deberá solicitar el retiro de su antejuicio para procesarlo.
La destitución de Quijivix, llevada a cabo apenas tres días después de la toma de posesión de la administración de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, es un primer paso para reestructurar el INDE y recuperar la confianza en la administración pública de Guatemala.
Millones de dólares para una nueva residencia presidencial en El Salvador
En la exclusiva zona residencial Los Sueños, en Nuevo Cuscatlán y a apenas 300 metros de la vivienda particular del presidente Nayib Bukele, el gobierno de El Salvador ha adquirido tres lotes para el desarrollo de una nueva residencia presidencial. Según el periódico digital El Faro, esta operación, que ascendió a $1.4 millones de dólares entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, ha suscitado interrogantes sobre la gestión y el uso de recursos públicos en un contexto de recortes presupuestarios en áreas esenciales como Salud y Educación, que enfrentan una reducción de $121 millones de dólares en el presupuesto de 2025. Los documentos públicos del Centro Nacional de Registros (CNR), revisados por la periodista Victoria Delgado, revelan que la Presidencia adquirió los lotes 38, 39 y 40 del condominio por montos de $625,000, $475,000 y $343,000 respectivamente, en una transacción firmada por el fiscal general, Rodolfo Delgado, en su calidad de representante del Estado. Este proyecto incluye una solicitud oficial, firmada por la secretaria privada de la Presidencia, Claudia Juana Rodríguez de Guevara, para comprar una calle de acceso privado dentro del condominio, lo que permitiría una entrada exclusiva a la futura residencia.
La revelación contrasta con el discurso de austeridad fiscal del presidente Bukele, quien en su toma de posesión para el nuevo período, cuestionado por su carácter inconstitucional, pidió a la población aceptar medidas de "medicina amarga" para resolver los problemas económicos. En este contexto, el proyecto de una nueva residencia presidencial ha despertado dudas sobre las prioridades gubernamentales, especialmente cuando El Salvador ya cuenta con una residencia presidencial en la colonia Escalón, que fue habilitada como área de descanso para el personal de salud durante la pandemia de Covid-19.
En los audios de una reunión de vecinos de Los Sueños, uno de ellos planteó directamente a un representante de la Casa Presidencial si la venta de la calle común se justificaría como receptor de fondos públicos. Sin embargo, el delegado no pudo aclarar de qué partida provendría el presupuesto para este acceso exclusivo, ya que no hay un rubro identificado para estos gastos en el Portal de Transparencia Fiscal.
La adquisición de los terrenos en el vecindario de Bukele se suma a una serie de operaciones inmobiliarias vinculadas a su entorno. En septiembre de 2024, Factum publicó que Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de Reserva, liquidó medio millón de dólares en deudas hipotecarias en pocos meses, y El Diario de Hoy informó que Karim Bukele, hermano del presidente, compró una histórica propiedad en San Salvador con un considerable descuento. Según El Faro, estas adquisiciones podrían provocar restricciones en el acceso a información del CNR, un riesgo que sería “consecuente” con la política de opacidad de la administración actual, como observó el jefe de redacción, Óscar Martínez.
El uso de los fondos públicos en este proyecto levanta más cuestionamientos sobre la independencia del fiscal Delgado y su cercanía con Bukele, lo cual, según Martínez, expone una preocupante falta de rendición de cuentas dentro del Estado. Mientras tanto, la ciudadanía sigue sin respuestas sobre el destino de los recursos en medio de una economía tensionada y el compromiso con la transparencia y el ajuste fiscal exigido por el mismo presidente.
Millones de transacciones mensuales en la banca en línea de Honduras
La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) ha registrado un incremento significativo en el uso de la banca en línea en Honduras, alcanzando los 2 millones de transacciones mensuales, según informó su directora ejecutiva, María Lidia Solano. Esta cifra refleja un crecimiento del 50 % en comparación con el año 2023, un avance que, de acuerdo con Solano, evidencia la rápida adopción de la tecnología digital en las transacciones financieras del país centroamericano. El uso de la banca en línea ha cobrado popularidad en gran medida debido a la accesibilidad y comodidad que ofrece. Los hondureños pueden realizar consultas de saldo, transferencias de dinero y pagos de servicios desde dispositivos electrónicos en cualquier lugar con conexión a internet, algo que resulta cada vez más común en el país centroamericano. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), alrededor del 53 % de la población hondureña ya tiene acceso a internet, lo cual ha facilitado esta expansión de servicios digitales.
Solano destacó que la instalación de aplicaciones de banca en línea en dispositivos móviles ha sido clave en este crecimiento, ya que la simplificación de procesos como el envío y recepción de dinero ha impulsado la adopción de estas plataformas. "La banca en línea permite que los usuarios realicen trámites bancarios sin tener que desplazarse a una sucursal física, lo cual es especialmente valioso en un país donde la cobertura bancaria en zonas rurales es limitada", comentó. En ese sentido, la creciente preferencia por la banca digital se enmarca en una transformación del sector financiero de Honduras, en línea con las tendencias globales de digitalización bancaria.
La facilidad para manejar pagos de servicios y realizar consultas de saldo, entre otras operaciones, ha convertido a la banca en línea en una opción atractiva para cada vez más personas. Aunque el uso de la banca digital se da mayormente en las áreas urbanas, la expansión del acceso a internet podría significar una mayor inclusión financiera en el futuro, un reto que AHIBA parece dispuesto a enfrentar mediante la mejora continua de sus servicios digitales.
Este avance no solo representa una comodidad para los usuarios, sino también un paso hacia una mayor eficiencia para las instituciones bancarias, ya que la digitalización contribuye a reducir costos operativos y permite agilizar los procesos. Así, el crecimiento en las transacciones electrónicas no solo transforma la manera en que los hondureños gestionan sus finanzas, sino que también está impulsando al sector bancario hacia un modelo de negocio más moderno y orientado a la tecnología.
Fallecidos en las carreteras de Nicaragua hasta octubre de 2024
La madrugada de este lunes 04 de noviembre falleció Bagner Mijail Ruiz Palacios, de 37 años, quien se encontraba en coma en el Hospital Militar de Managua tras el trágico accidente en El Corozo, kilómetro 19 de la carretera La Concepción - Ticuantepe, ocurrido el martes 29 de octubre de 2024. Ruiz Palacios se convierte así en la tercera víctima mortal de este siniestro, que cobró también las vidas del subinspector Carlos Martín Salmerón Fonseca, de 40 años, y de María Montserrat López Marenco, de 32 años de edad.
El impacto, atribuido a una falla en los frenos del bus conducido por Geovanny Antonio Blandón García, dejó un saldo de ocho personas lesionadas. Entre los afectados figuran Liseth del Carmen Cardenal Cerna, Francisco Javier López, Carlos Hernández, Jorly Angela Espinoza, Hendrick García Palacios y Guillermo Montiel, quienes sobrevivieron con heridas de diversa gravedad. La tragedia también involucró una mototaxi, dos motocicletas y un carro particular que fueron arrasados antes de que el bus colisionara contra una vivienda con un taller de vulcanización. Según reportes oficiales, Ruiz Palacios se dirigía a su trabajo en su vehículo Hyundai, el cual terminó destrozado por el impacto.
En Diriamba, lugar de origen de Ruiz Palacios, se llevarán a cabo sus honras fúnebres, mientras familiares y amigos se enfrentan al duelo y la angustia provocada por un suceso que se suma a las alarmantes cifras de siniestralidad en las carreteras del país centroamericano.
Los accidentes de tráfico se han convertido en un problema de salud pública en Nicaragua, ubicándose entre las principales causas de mortalidad en el país. Al miércoles 30 de octubre de 2024, un informe de la Dirección de Seguridad de Tránsito de la Policía Nacional reportó que al menos 772 personas han fallecido y 2,250 han resultado heridas en las carreteras en lo que va del año. Aunque esta cifra es levemente inferior a las 801 muertes y 2,454 lesionados registrados en el mismo periodo de 2023, el número de víctimas sigue siendo alarmante, especialmente considerando que el país alcanzó en 2023 su récord histórico con 1.014 muertos en accidentes viales.
La Policía Nacional ha intensificado los esfuerzos para frenar la crisis, suspendiendo 36,180 licencias de conducir y deteniendo a 5,195 conductores en estado de ebriedad hasta octubre de 2024, lo que equivale a un promedio de 120 suspensiones y 17 detenciones diarias. Además, como parte de un nuevo plan de tránsito, han arrestado a 432 personas por conducir sin licencia, a quienes se les impone una detención de 24 horas en su primera infracción, con penas que aumentan en caso de reincidencia.
La situación se agrava aún más por el impacto desproporcionado en los motociclistas, quienes representaron el 52.5 % de las víctimas mortales en 2023, la mayoría hombres de entre 21 y 40 años. Las principales causas de los accidentes incluyen giros indebidos, consumo de alcohol, invasión de carril, exceso de velocidad y desatención de las señales de tránsito. Estos siniestros son particularmente frecuentes durante los fines de semana y en las madrugadas, cuando el riesgo de accidentes se incrementa notablemente.
La problemática en las carreteras nicaragüenses ha escalado a tal punto que se ubica entre las diez causas principales de defunción en el país, junto con enfermedades como el infarto agudo al miocardio, el cáncer y la diabetes, según el mapa nacional de salud. La alarmante tasa de accidentes demanda medidas estructurales y educativas que impulsen una cultura de respeto vial y prevención, especialmente en un contexto donde los vehículos de transporte público presentan en muchos casos fallas mecánicas o carecen de mantenimiento adecuado. En ese sentido, cada accidente en Nicaragua es un recordatorio doloroso de la urgencia de reformas profundas en las políticas de seguridad vial y una invitación a las autoridades y la sociedad para trabajar juntos en la construcción de carreteras más seguras.
Billones de colones para Educación en 2025: el presupuesto más bajo en 25 años en Costa Rica
El presupuesto educativo de Costa Rica para 2025, aunque recibió ajustes de última hora, sigue siendo el más bajo del siglo en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). La partida inicial presentada por el Gobierno era de ₡2,58 billones de colones, equivalente a un 4,92 % del PIB, un valor lejos del 8 % constitucionalmente establecido. Con el ajuste de ₡32.282 millones de colones aprobado por la Comisión de Hacendarios, el monto apenas sube al 4,98 %, quedando en ₡2,61 billones, pero sigue representando un grave incumplimiento al mínimo de inversión educativa.
De acuerdo con el economista José Pacheco Jiménez, y respaldado por datos del Estado de la Nación, este es el peor presupuesto educativo en 25 años. La última vez que el país destinó una proporción tan baja de su PIB a la educación fue en el año 2000, cuando alcanzó un 4,7 %. Este recorte impacta negativamente el futuro del sector educativo, especialmente en el contexto de la "acumulación de necesidades" que, según Pacheco Jiménez, se ve superada por la insuficiencia presupuestaria actual y muy probablemente con la del próximo año. Para alcanzar el umbral del 8 %, el presupuesto de educación debería crecer anualmente en torno a un 10 %, una meta que, en las condiciones actuales, parece cada vez más lejana.
El experto advirtió que los recortes sostenidos pondrán en crisis la educación, afectando a futuras generaciones. "De mantenerse la perspectiva de gasto y la regla fiscal, el presupuesto de educación podría seguir disminuyendo durante los próximos tres o cuatro años, perjudicando de manera irreversible la formación de nuestros niños y jóvenes", señaló.
Pese al modesto incremento al presupuesto educativo, el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, criticaron la medida adoptada por la Asamblea Legislativa. Chaves se refirió despectivamente a la aprobación de un incremento del 2 % para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) por parte de dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a quienes acusó de "actuar en contra de la moralidad nacional". Acosta, por su parte, alegó que extraer fondos del pago de intereses para educación podría poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos financieros del Estado. Sin embargo, el dictamen de la Comisión de Hacendarios sostiene que hay una sobreestimación de ₡350.000 millones de colones en la partida de intereses, lo cual permitiría reasignar estos fondos sin comprometer la estabilidad financiera.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, criticó la reserva excesiva en el presupuesto destinado al pago de deuda y advirtió que dejar "colchones" demasiado elevados afecta la inversión social en áreas prioritarias como la educación. Según Ramírez, la sobreestimación en el presupuesto para el servicio de la deuda alcanza los ₡819.797 millones de colones, de los cuales ₡358.689 millones corresponden a intereses y ₡461.107 millones a la amortización de deuda. Ramírez cuestionó la decisión de la administración chavista de privilegiar el cumplimiento de las metas macroeconómicas sobre el fortalecimiento del sistema educativo, comparando esta estrategia con "darle más dinero al banco mientras se desatienden las necesidades de nuestros hijos".
A pesar de la urgencia en educación, el presupuesto de 2025 asigna ₡2,54 billones de colones al pago de intereses de la deuda, una cifra casi equivalente al monto destinado a educación. Esta decisión refleja, según Pacheco Jiménez, una falta de compromiso social del país: "Como sociedad, no habla muy bien de nosotros". Tanto el economista como la diputada Ramírez reconocen la importancia de mantener un margen para el pago de deuda debido a posibles fluctuaciones económicas, pero coinciden en que el "colchón" actual es desmesurado. "Es un colchón como de tres capas", ironizó Pacheco Jiménez, mientras que Ramírez insistió en que una reserva de unos ₡400.000 millones habría sido suficiente.
Con una proyección de crecimiento del PIB del 6,7 % para 2025, el presupuesto educativo, en contraste, crecerá apenas un 1,02 %, insuficiente para compensar la inflación proyectada del 3,1 % estimada por el Banco Central costarricense. Así, el déficit en el sector educativo no hace más que incrementarse, mientras que las áreas de servicio de la deuda parecen estar sobrefinanciadas. La brecha entre estas prioridades refleja un serio dilema para el desarrollo social de Costa Rica y plantea una reflexión sobre el rumbo que tomará el país en el futuro: mientras se privilegia el cumplimiento de obligaciones financieras, las necesidades educativas de la sociedad quedan en un segundo plano, amenazando el progreso a largo plazo de varias generaciones.
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