Resumimos la jornada de este lunes 21 de octubre de 2024 con las cifras y noticias más importantes de la actualidad en Centroamérica, Latinoamérica y el mundo. Le recomendamos leerlo desde la web para una mejor experiencia.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Centroamérica
Días en prisión estuvo el periodista Jose Rubén Zamora de Guatemala
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien pasó 813 días detenido en el cuartel militar Mariscal Zavala de Ciudad de Guatemala, finalmente ha sido liberado bajo arresto domiciliario el 19 de octubre de 2024. La decisión judicial llega tras más de dos años de encarcelamiento en medio de un proceso plagado de irregularidades, marcado por las acusaciones de lavado de dinero en su contra. Zamora, fundador del desaparecido diario elPeriódico, fue un destacado crítico de la corrupción estatal en Guatemala, lo que lo ha colocado en el centro de una persecución que trasciende lo judicial y toca las fibras más profundas de la libertad de prensa y el derecho a la disidencia.
El viernes 18 de octubre, el juez Erick García otorgó la medida de arresto domiciliario a Zamora, considerando que los plazos de la prisión preventiva se habían excedido, lo que constituía una violación de sus derechos humanos. La decisión se basó en la incapacidad del Ministerio Público de sustentar las acusaciones que pesan sobre el periodista, lo que permitió a su defensa demostrar que no existía riesgo de fuga ni obstrucción a la justicia. Tras su liberación, Zamora expresó una mezcla de alegría y agradecimiento por el apoyo recibido de diversas organizaciones nacionales e internacionales que abogaron por su causa durante su encarcelamiento.
Zamora fue arrestado el 29 de julio de 2022, apenas cinco días después de denunciar presuntos actos de corrupción del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024). La rápida respuesta de las autoridades guatemaltecas levantó sospechas de un claro intento de represalia contra uno de los periodistas más influyentes del país. No era la primera vez que Zamora exponía los abusos de poder en Guatemala; durante más de tres décadas, su labor periodística ha estado marcada por denuncias contra seis administraciones presidenciales y una lucha constante contra la impunidad.
El impacto de su arresto fue profundo y devastador, no solo para Zamora, sino también para el ecosistema periodístico en Guatemala. elPeriódico, reconocido por sus investigaciones sobre corrupción, cesó sus operaciones en 2023, acorralado por las presiones del sistema judicial y la persecución constante a sus reporteros. Durante su encarcelamiento, diversas organizaciones internacionales, incluidos gobiernos como el de Estados Unidos y España, respaldaron abiertamente la causa de Zamora, mientras que su encarcelamiento fue condenado como un ataque directo a la libertad de prensa.
A pesar de su liberación, el periodista sigue enfrentando un proceso judicial en su contra, con juicios pendientes por lavado de dinero y otros delitos como la alteración de documentos migratorios y obstrucción de la justicia. Sin embargo, Zamora no se muestra intimidado. "El Ministerio Público irá de nuevo detrás de mí, y yo los esperaré en mi casa", declaró tras su liberación, añadiendo que si volviera a prisión, lo haría con tranquilidad, pues considera que los casos en su contra carecen de sustento. Además, la Fiscalía señaló que apelará la decisión de "casa por cárcel" para Zamora.
El caso de José Rubén Zamora ha sido un ejemplo emblemático de la criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos en Guatemala. Entre 2018 y 2024, más de 50 personas, incluidos jueces y fiscales, han denunciado ser perseguidos por un sistema judicial que parece estar cooptado por intereses políticos. La situación de Zamora es solo una muestra de los desafíos que enfrentan quienes se atreven a denunciar los abusos del poder en el país centroamericano.
Su liberación, aunque parcial, representa un triunfo para la libertad de prensa y los derechos humanos en Guatemala. Sin embargo, el futuro de Zamora y de otros periodistas que siguen siendo acosados judicialmente sigue siendo incierto. "Siempre he sido consciente de que no me iba a dejar vencer", manifestó en una entrevista previa desde prisión, y su liberación parece confirmar que su lucha por la verdad y la justicia continúa, aunque bajo un nuevo capítulo de resistencia.
El actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha expresado su apoyo a Zamora y su compromiso con la justicia, indicando que la liberación del periodista podría marcar el inicio del fin de un ciclo oscuro de persecución contra la prensa. Sin embargo, la preocupación por la independencia del poder judicial persiste, ya que la reciente elección de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia incluye figuras que han estado vinculadas a casos de corrupción.
Recursos de amparo: Acceso a la información pública alcanza cifra récord en Costa Rica
En lo que va de 2024, Costa Rica ha experimentado un alarmante incremento en las violaciones al derecho de acceso a la información pública. La Sala Constitucional (Sala IV) ha declarado con lugar 459 recursos de amparo, interpuestos por ciudadanos ante la negativa de diversas instituciones para suministrar información de interés público. Este récord de recursos ganados -tras una negativa de información de acceso público- evidencia, según analistas consultados por este medio, una creciente tensión entre la ciudadanía y las entidades gubernamentales, que parecen reticentes a cumplir con su obligación de transparencia.
Para enfrentar esta problemática, la Asamblea Legislativa aprobó recientemente una nueva legislación que establece sanciones para las y los funcionarios que incumplan con la entrega de información solicitada por las y los ciudadanos. Las medidas, aprobadas por mayoría, incluyen suspensiones de tres a cinco días sin goce de salario ni dietas, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Esta legislación busca no solo garantizar el acceso a la información, sino también reforzar la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos.
Sin embargo, el panorama es más complejo. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su informe anual, ha señalado que Costa Rica está mostrando "señales de alarma" respecto a la libertad de expresión y el acceso a la información. El documento menciona que, en los últimos dos años, ha habido un aumento en las agresiones verbales hacia periodistas, negaciones de acceso a la información pública y abusos de poder que afectan la integridad de los medios. Además, las conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chaves han sido criticadas por su manejo mediático, donde se favorece a periodistas afines a la administración de Rodrigo Chaves y se silencia a quienes emiten preguntas críticas.
Un informe de la Universidad de Costa Rica (UCR) coincide con esta evaluación, destacando que las garantías para la libertad de prensa se han erosionado, lo cual ha generado desconfianza entre la ciudadanía hacia los medios de comunicación y ha exacerbado la violencia en línea contra periodistas. Además, Costa Rica ha caído 18 puestos en el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras desde 2021, lo que subraya la gravedad del deterioro.
El nuevo marco legal de acceso a la información pública, aprobado el 23 de septiembre de 2024, pretende revertir esta tendencia y garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener información relevante. A pesar de estas iniciativas legislativas, la SIP advierte que Costa Rica se encuentra en el último lugar en acceso a la información pública entre los países de la OCDE, una señal clara de que el país aún enfrenta grandes desafíos en materia de transparencia y libertad de prensa local y regional.
Millones de dólares: Panamá desplaza a EE.UU. en inversión extranjera directa en Nicaragua
En el primer semestre de 2024, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Nicaragua alcanzó una cifra bruta de 1,588.6 millones de dólares, lo que representa un aumento del 11.3 % en comparación con el mismo período de 2023, cuando se registraron 1,427.7 millones de dólares, según un reciente informe del Banco Central de Nicaragua (BCN). Sin embargo, a pesar de este crecimiento, la IED neta -que representa el verdadero flujo de inversión una vez descontadas las reinversiones- mostró una disminución del 2 %, con un total de 810.3 millones de dólares, en comparación con los 827 millones del año anterior.
Lo que llama la atención es el cambio en el liderazgo de los países emisores de IED hacia Nicaragua. Por primera vez en años, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) fue desplazado por Panamá como principal emisor de capital. Este último aportó 179.3 millones de dólares, lo que representa el 22.1 % del total, mientras que Estados Unidos quedó en segundo lugar con 170.8 millones, equivalentes al 21.1 %. Esta caída se produce en medio de tensiones sociales, políticas, económicas y humanitarias que han generado advertencias por parte de EE.UU. sobre los riesgos de invertir en Nicaragua, intensificadas por las expropiaciones y presiones del régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
La tendencia a la disminución de la IED neta es preocupante para la economía nicaragüense, dado que más del 60 % de la inversión proviene de la reinversión de utilidades, es decir, capital que no sale del país, sino que se reutiliza en las operaciones ya existentes. En el primer semestre de 2024, las reinversiones sumaron 517.9 millones de dólares, lo que representa un 63.9 % del total de la IED neta.
La industria continúa siendo el principal receptor de la IED neta, captando 356.7 millones de dólares, lo que equivale al 44% del total. Otros sectores clave incluyen el financiero, con 127.9 millones; energía y minas, con 125.1 millones; y comercio y servicios, que absorbieron 95 millones de dólares.
En cuanto a los nuevos aportes de capital, el informe del BCN destaca un crecimiento del 75.3 % en comparación con el primer semestre de 2023, alcanzando los 238 millones de dólares, con la industria y la pesca como los sectores más beneficiados.
A pesar del crecimiento en términos brutos, la participación de la IED en el Producto Interno Bruto (PIB) ha disminuido. En el primer semestre de 2024, la IED bruta representó el 16.9 % del PIB, una leve caída respecto al 17.1 % del mismo período en 2023. Asimismo, la IED neta se redujo del 9.9 % del PIB en 2023 al 8.6 % en 2024. En ese sentido, la evolución de la inversión extranjera en Nicaragua parece estar marcada por un contexto de incertidumbre, en el que los inversionistas extranjeros continúan mostrando cautela frente al entorno político y económico. A medida que las presiones internacionales y las tensiones internas se agravan, el país podría enfrentar dificultades para mantener su atractivo como destino de inversión directa, más allá de los montos que puedan ser reportados en las estadísticas brutas.
Millones de lempiras supuestamente desviados por Nasry "Tito" Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, Honduras
Este lunes, Nasry "Tito" Asfura, precandidato presidencial del Partido Nacional y exalcalde de Tegucigalpa, se presentó ante los tribunales de la capital para enfrentar acusaciones graves que lo involucran en un supuesto esquema de corrupción. Asfura es uno de los ocho exfuncionarios acusados de malversación de fondos, lavado de activos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios, delitos que supuestamente provocaron un desvío de más de 28.5 millones de lempiras durante su gestión entre 2017 y 2018.
La audiencia se llevó a cabo a las 9:00 a.m. y fue organizada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), que ha estado investigando este caso desde 2018. Según el jefe de la UFERCO, Luis Javier Santos, las investigaciones revelaron que los exfuncionarios habrían utilizado un esquema de lavado de dinero que incluía la emisión de cheques solicitados bajo la justificación de "fondos rotatorios" y "reembolsos de gastos".
Los cheques, que totalizan la suma mencionada, fueron depositados en cuentas personales de los imputados y posteriormente desviados para beneficio de personas vinculadas a Asfura. Parte de este dinero, según la acusación, habría sido utilizado para financiar campañas políticas y cubrir gastos personales, como tarjetas de crédito de Asfura y sus familiares. Mientras tanto, un nutrido grupo de simpatizantes del Partido Nacional se reunió fuera de los tribunales para mostrar su apoyo a Asfura, donde gritos de "no está solo" y "no a la persecución de partidos" resonaban en el ambiente. Asfura, visiblemente confiado, aseguró que no teme a las acusaciones y se mostró dispuesto a enfrentar la situación, manifestando que "quien nada debe, nada teme".
El panorama legal de Asfura es complejo. En el pasado, ya había enfrentado una solicitud de antejuicio por el desvío de fondos, que fue detenida por una acción de amparo concedida por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2022. Sin embargo, el regreso de este caso a la palestra judicial refleja una lucha constante en la política hondureña, donde las acusaciones de corrupción son comunes y las batallas legales, frecuentes.
Aparte de Asfura, otros exfuncionarios como Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela, Nilvia Ethel Castillo Cruz, Mario Roberto Zerón Suazo y Rony López Córdoba también enfrentarán cargos relacionados. La gravedad de las imputaciones destaca la creciente preocupación sobre la gestión de recursos públicos en Honduras y la necesidad de un sistema judicial que actúe con transparencia y eficacia. En el trasfondo de este caso se encuentra el escándalo internacional de los llamados "Pandora Papers", en el que Asfura fue vinculado a la creación de una empresa offshore en Panamá, lo que generó un mayor escrutinio sobre sus finanzas. Este episodio, combinado con las actuales acusaciones, plantea un dilema para el Partido Nacional, que busca mantener su base electoral en medio de un clima de desconfianza y creciente demanda de rendición de cuentas.
Líderes antiminería absueltos en El Salvador tras 13 meses de arresto domiciliario
El Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque -a poco menos de 90 kilómetros de la capital salvadoreña- absolvió por unanimidad a cinco destacados líderes antiminería de la comunidad de Santa Marta, quienes permanecieron bajo arresto domiciliario durante 13 meses. La decisión del tribunal se basó en la incapacidad de la Fiscalía para sustentar con pruebas la acusación de asesinato de una mujer durante la guerra civil de El Salvador.
Los excombatientes y líderes comunitarios Pedro Rivas, Antonio Pacheco, Alejandro Laínez, Saúl Rivas y Miguel Gámez habían sido arrestados en septiembre de 2023, acusados de privación de libertad y homicidio en relación con la muerte de María Inés Alvarenga en 1989, un caso que se remonta a los últimos años del conflicto armado. La Fiscalía había solicitado 36 años de prisión para cada uno de ellos, alegando que consideraban a Alvarenga como "informante del ejército". Sin embargo, el tribunal determinó que la acusación carecía de fundamentos sólidos, resultando en un sobreseimiento definitivo que dejó a los acusados libres de cargos.
La absolución fue recibida con júbilo por la comunidad local y organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), que desde el inicio había denunciado el arresto como un acto de persecución hacia los defensores ambientales. ADES, activa desde 2005 en la lucha contra la explotación minera en El Salvador, ha sostenido que las detenciones fueron parte de un esfuerzo más amplio por silenciar la oposición a la minería metálica, especialmente en un contexto donde surgen indicios de un posible interés gubernamental en reactivar este sector.
Al salir del tribunal, Saúl Rivas enfatizó la importancia de la unidad en el movimiento social para evitar la criminalización de quienes defienden los recursos naturales. En esta línea, ADES advirtió sobre señales de venta "sospechosa" de tierras en la región y la posible llegada de intereses mineros en un contexto que, aunque no ha sido abiertamente confirmado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, plantea preocupaciones entre los defensores del medio ambiente.
El caso es notable por ser el primero en el que se absuelven a individuos acusados de crímenes ocurridos durante el conflicto armado. La derogación en 2016 de la Ley de Amnistía, que había estado vigente desde 1993, permitió la reapertura de causas relacionadas con violaciones de derechos humanos durante la guerra civil, aunque este proceso ha sido criticado por su politización y por su aparente falta de recursos en otros casos emblemáticos de la historia reciente del país. Organizaciones nacionales e internacionales, incluidos grupos de derechos humanos y académicos, habían expresado su preocupación sobre el uso del sistema judicial como herramienta de intimidación contra quienes defienden el medio ambiente. Una carta de relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó en su momento sobre la posibilidad de que este caso representara un intento de amedrentamiento a los defensores del medio ambiente, una preocupación que ha resurgido en el debate público sobre la política ambiental del país centroamericano.
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