Estudiantes dicen que es de utilidad, pero sería mejor si se invirtiera en una estrategia permanente para garantizar la continuidad de sus estudios universitarios. Muchos no podrán acceder a un grado de educación superior, aunque el régimen sandinista ha confiscado 27 universidades en los últimos meses. "El problema es que siempre se paga", dicen las y los bachilleres.
Por Voces En Libertad | @VocesNi
Managua, Nicaragua
Hace 12 años, el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo "dio a luz" a la estrategia populista llamada "bono estudiantil solidario", pero pocos recuerdan que nació con problemas que la administración actual se vio obligada a remediar de inmediato. Fue en diciembre del año 2011 cuando la dictadura, a través del Ministerio de Educación (MINED) ofreció entregar el "Bono Complementario y Solidario" para al menos 55 mil bachilleres. La idea surgió en medio de la campaña electoral en la que el exguerrillero buscaba reelegirse para un segundo período consecutivo, a pesar de que la Constitución se lo prohibía.
En aquel entonces, después de que Ortega se aseguró su segundo período en el Ejecutivo, las y los estudiantes solo recibieron 300 córdobas. Eso provocó el descontento del estudiantado, porque no se cumplió la promesa inicial. El MINED se vio obligado a decir que hubo una confusión y que entregarían en dos partes dicha promesa estatal. Primero C$ 300 córdobas. Después C$ 700 córdobas más.
Hasta la fecha, el bono se ha mantenido. Pero este año, la administración sandinista aseguró que, debido a la inflación y a la carestía de la vida, la ayuda social para las y los bachilleres de educación secundaria subirá a los C$ 3,000 córdobas, triplicando así su monto inicial, a ser entregados a una población de 63,717 estudiantes del sistema público, bajo el control del oficialismo.
Otra realidad
La adolescencia y la juventud representan en Nicaragua una población altamente afectada. "Francisca", por ejemplo, reconoce que, aunque este año completará sus estudios de secundaria, su madre le ha indicado que el siguiente paso es buscar trabajo, ya que no hay posibilidades económicas para afrontar los costos de la universidad.
Esta adolescente de 17 años de edad es la segunda de tres hermanos y vive con su madre en una modesta vivienda al este de la ciudad universitaria de León. La situación de pobreza en la que se encuentran no les permite tener las mismas aspiraciones que sus compañeros de clase, ni siquiera seguir una rutina similar. Cada día, por ejemplo, se levanta temprano para ayudar a su madre en los campos de cultivo, prepara a su pequeño hermano y lo lleva a la escuela, para luego dirigirse a su propio colegio, ubicado a unos tres kilómetros de su hogar.
La madre de Francisca, "Julia", solía trabajar en la zona franca de León, pero fue despedida hace unos meses debido a recortes de personal. Desde entonces, le ha resultado difícil encontrar un nuevo empleo, por lo que ha tenido que regresar al campo para trabajar limpiando huertas, cortando yuca y lavando ropa para ganar algo de dinero y cubrir todas las necesidades del hogar, incluyendo los gastos escolares de sus hijos.
Julia se pregunta cómo lograr que sus hijos continúen su formación en medio de la difícil situación que enfrentan las familias pobres en Nicaragua. Su familia, como muchas otras en el país, ha sido afectada por el desempleo y la falta de oportunidades. Recuerda que su hijo mayor abandonó los estudios después de que le suspendieran la beca que obtuvo en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), por no participar en las actividades del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
"Estudiaba Trabajo Social, pero después de las protestas de abril de 2018, los del CUUN (Centro Universitario de la Universidad Nacional) lo sacaban de clase para participar en actividades políticas y no estaba aprendiendo nada. No le quedó más opción que renunciar, perdiendo tanto la beca como la carrera. Lo perdió todo debido a la politiquería", lamentó la madre.
"Bono es un parche"
Doña Julia afirma estar decidida a que Francisca complete su bachillerato y posteriormente elija una carrera técnica "para no quedarse ahí, porque la universidad es imposible", reitera. La joven leonesa finaliza su bachillerato con un promedio del 77 por ciento de rendimiento académico entre el grupo de 40 estudiantes de su aula, una calificación relativamente buena para una estudiante que tiene que asumir responsabilidades en el hogar.
El próximo mes de diciembre, la bachiller se promocionará, pero no está segura si participará en la ceremonia. Los gastos de promoción superan los tres mil córdobas y aunque recibirá la ayuda del "Bono Complementario y Solidario" que entregará el Ministerio de Educación a los 63,717 bachilleres de los colegios públicos del país para ayudarse con los gastos, ella prefiere invertirlos en un plan para continuar estudiando.
"Tengo aspiraciones de tener una carrera", dice. "Pero están limitados los recursos porque mi madre no tiene empleo fijo y es el único sostén de la casa. Con esa situación no podrá pagarme una universidad. Pero estoy pensando en optar por una carrera técnica, no sé, Contabilidad o Administración de Empresas, ver si puedo estudiar los sábados. Así trabajo durante la semana y nos ayudamos", comenta.
Francisca señala que el bono es una ayuda para los estudiantes de escasos recursos, sin embargo, considera que el gobierno debería invertirlo de manera más efectiva para "crear oportunidades de crecer y no simplemente gastarlo, porque uno lo que hace es gastarlo", critica la estudiante. "Soluciona en algo, pero es un parche, se gasta porque hay muchas necesidades", añade.
Para los bachilleres que se promocionan en el campo, la situación es aún más difícil para acceder a la universidad. Alfredo, por ejemplo, un estudiante de El Sauce, explica que "es difícil para un joven universitario asistir todos los días a las aulas para enriquecer el aprendizaje". "La falta de recursos económicos limita a la mayoría. No se pueden costear los pasajes y hay quienes incluso necesitan un lugar donde dormir", sostiene.
"Alquilar una habitación ronda los 100 dólares y ni hablar de los gastos en comida. Ahí es donde el gobierno debería invertir, construyendo edificios para estudiantes que vienen de otros municipios o departamentos y garantizando la comida en los centros", recomienda.
En deterioro y adoctrinado
Aunque el bono ayuda a cubrir los gastos de fin de curso, algunos consideran que la "ayuda solidaria" es más asistencialista y tiene un efecto limitado.
"El problema es que no soluciona mucho, más bien sirve para que las autoridades hagan propaganda, beneficiando más al sistema de gobierno al utilizar una estrategia populista que se aprovecha de la vulnerabilidad de miles de familias", opina un opositor leonés que prefiere mantener su identidad reservada.
Sin embargo, el problema no se limita a la asistencia económica. El maestro señala que muchos educadores son obligados a aprobar a estudiantes aunque no cumplan con los requisitos. "Producen bachilleres por miles, la orientación que nos están dando los directores es que ningún estudiante se quede atrás y, si no aprueba, hay que rescatarlos y aprobarlos. El bono es solo una mínima parte de lo mal que está el sistema", indica un maestro de un instituto público de Malpaisillo, en León.
Carlos, profesor de matemáticas, fue despedido por negarse a aprobar a varios estudiantes en su último año de secundaria. Afirma que su director le dijo que "había una cifra proyectada de bachilleres y que el MINED esperaba que se cumplieran. Era una orden".
"Yo dije que no, porque nada sabían, iban mal todo el año y lo peor es que no les importaba, se perdían semanas en trabajos de la JS (Juventud Sandinista), con la FES, (Federación de Estudiantes de Secundaria). Me despidieron y los aprobaron", critica el profesor, quien, al no encontrar más oportunidades laborales, ahora tiene un puesto en el mercado de su municipio.
Asegura que los maestros y estudiantes son objetos de "este sistema opresor que ha politizado la docencia en todos los niveles académicos, tanto público como privado, así como la autonomía universitaria". "A los maestros nos utilizan y nos cargan de actividades políticas partidarias, lo cual ha vuelto vulnerable al sistema educativo, agotando y poniendo ansioso y estresado al docente. Un docente trabaja más de 12 horas sobreviviendo con un salario de 10 mil córdobas. Esto lo está llevando al fracaso y obligando a la deserción y migración", concluye.
De mal en peor
Otro profesor, este sí dentro del sistema, lamentó que se les quite la oportunidad a los estudiantes de superarse y profundizar en trabajos de investigación con la metodología de la investigación para una monografía y su defensa. "A cambio, les mandan a intentar un simposio. Esto marca el entorno de un estudiante que va a la universidad porque ha perdido el interés por la formación. No investigan, no redactan, no corrigen, no piensan, y es lo que lamentablemente le interesa a quien tiene el poder", comentó el educador.
Insistió el docente en que para que el sistema mejore, es necesario trabajar en "la infraestructura, en la calidad del maestro, incentivar al estudiante, su interés por aprender y salir adelante para que garantice un futuro próspero, así como garantizar la seguridad en los padres de que sus hijos están en un colegio competitivo", señaló. "Tener buenos docentes es apostar por la formación de verdaderos hombres y mujeres que tengan cualidades pedagógicas para educar y formar jóvenes talentosos", argumentó.
La misma opinión compartió un estudiante de último año de secundaria del Instituto Nacional de Occidente "Benito Mauricio Lacayo" (INO-León), quien criticó al sistema que busca adoctrinar a la comunidad estudiantil con actividades partidarias en horarios de clase.
"Se supone que a la escuela se viene a aprender y enseñar, pero no hacer proselitismo político. Sabemos que ellos, los maestros, defienden su trabajo, pero los afectados somos nosotros porque no sabemos nada al dejar las aulas del colegio", dijo, mientras iba obligado a la caminata en homenaje al Comandante Carlos Fonseca Amador, en ocasión del 47 aniversario de muerte y que organizó el régimen sandinista.
El éxodo de los chavalos es otro problema
Con la confiscación de al menos 27 universidades hasta agosto de este año y que ordenó el régimen de Daniel Ortega, se registró una de las deserciones más altas en la educación superior después de las protestas del 2018, la que encabezaron los universitarios apoyados por la gente en barrios y municipios.
Fueron miles los estudiantes que después empacaron sus maletas para exiliarse debido a la represión policial y paramilitar que ordenó el régimen como respuesta al levantamiento. En el 2023, la proyección de la matrícula alcanzó los 194,876 estudiantes en 60 universidades, 10 de ellas pertenecientes al sector público y las otras 50 al sector privado, de acuerdo a registros del Consejo Nacional de Universidades (CNU), que se ha plegado al régimen sandinista.
No obstante, este número disminuyó al afectar a 42,091 estudiantes que de pronto vieron cómo autoridades del régimen ocuparon con la fuerza policial sus centros de estudios superiores. La Universidad Centroamericana (UCA), por ejemplo, fue asaltada por la dictadura y 5,000 estudiantes siguen en "el limbo educativo" todavía con la promesa de que el próximo año abrirá con otro nombre después de que Ortega y Murillo le echaron manos a sus instalaciones.
"Con sus acciones, Ortega quiere mostrar generosidad, pero también entablar el terror. Es un mentiroso, manipulador, abusivo que se perpetuó en el poder valiéndose de sus artimañas y ahora aprovecha cualquier espacio político, ideológico educativo, ambiental y social para convencer a la juventud de que es el salvador de Nicaragua, pero no engaña a nadie. Son más sus daños que sus aciertos",
manifestó Alfonso Velázquez, un exestudiante de la UCA.
Aseguró que él forma parte de esa juventud que hizo temblar al régimen y que eso nadie lo olvida. "Los estudiantes sacudimos a esta dictadura, la desenmascaramos y él puede expulsarnos del país, robarse las universidades, pero ya no hay caretas, ya mostró de lo que es capaz para mantenerse en el poder", acusó el universitario.
El régimen: "más, pero menos"
"Roberto" era un estudiante de segundo año de Comunicación Social de la confiscada UCA. Al ver tomada su casa de estudios, abandonó el país para exiliarse a finales del mes de octubre luego que policías vestidos de civil llegaron a buscarlo a su casa. "Ellos andan una lista de los estudiantes de la universidad y controlan nuestros movimientos porque nos negamos a regresar", denunció.
El universitario ya no regresará más a su casa de estudios a pesar de que lo llamaron para que se reintegrara a la "Casimiro Sotelo", antes UCA. "Este régimen lo que quiere es tener a una juventud borrega y callada, al servicio de sus intereses, por eso busca comprar conciencias abriendo espacios recreativos, deportivos y culturales y universidades que antes le robaron a otros", aseguró.
De los más de 12 mil bachilleres que están por graduarse en el Occidente de Nicaragua, la mayoría no tiene claro si podrán ir o no a la universidad. En tanto, la UNAN-León comenzó a promover en las redes sociales su oferta académica, los cursos de preparación para la prueba de habilidad y aptitudes para los aspirantes a una de las 48 carreras que oferta en el pensum académico de estudios superiores en 2024.
Por otro lado, el régimen busca también "enamorar" a las y los bachilleres que no puedan ingresar a la universidad a tener como segunda opción carreras técnicas en el Centro Nacional Tecnológico (INATEC), con ofertas de carreras en el sector industrial, hotelería, y turismo, soldadura, panadería, servicio de restaurante entre otras.
Sobre esto último, en el caso del centro de León solo hay cupo para 200 nuevos ingresos. "Eso no se entiende, el Estado tiene más instalaciones, las que ha confiscado, pero eso no garantiza más oportunidades para los chavalos, ¿Entonces? Más de lo mismo", criticó Roberto.
Ya me bachilleré. Ahora, ¿qué sigue?
Un título universitario es un sueño para cualquier joven en Nicaragua. Es "el boleto" para ir tras el mercado laboral. 27 universidades cerradas y reabiertas con otros nombres, planes y aranceles, les ha puesto de cabeza los sueños a las y los universitarios del país. Es evidente.
"Ya me bachilleré, ¿Ahora qué sigue?", se pregunta "Sofía", de 19 años de edad. Soñaba con las aulas de derecho de la UCA, pero ese nombre ya no existe. Sus instalaciones tienen "otro color" y apellido, y no está segura si alguien la contrataría con un título bajo el nombre de la "Casimiro Sotelo". "No es por quien haya sido este muchacho, sino por el manoseo a la universidad", aclaró.
Ella siente que el régimen ha truncado las aspiraciones de muchos jóvenes. Más de 27 confiscaciones de universidades solo son una señal de que algo anda mal. La última es una universidad de 60 años de prestigio, una de las mejores del país; la UCA.
Estudiantes de último año como Sofía, anhelaban ir a la universidad, salir de casa, emprender ese viaje para conocer otros lugares, amistades y alcanzar su sueño profesional. Sin embargo, esta decisión conlleva un importante gasto para los padres de familias que en su mayoría los asume. "La pregunta es: ¿valdrá la pena gastar en estas universidades?".
Mantener a un estudiante universitario fuera de su ciudad es costoso. Entre pagar el alquiler de casa o cuarto, mudanza, gastos de matrícula de la universidad, pasaje, alimentación y otras necesidades. Un estimado indica que un estudiante de fuera de departamento invierte entre 5,000 y 7,000 córdobas al mes, si quiere estudiar en una cabecera departamental.
Según el detalle financiero de un estudiante del campo que ingresó a estudiar odontología en la UNAN-León, este ha invertido un promedio de hasta 1,200 dólares en este año, un monto mayor al salario mínimo de un trabajador. Calcula que cada mes, se le asigna $ 2,000 córdobas para alimentación, y aproximadamente C$ 150 córdobas para transporte.
Esto hace que el gasto aproximado al mes sea de C$ 2,150 córdobas, eso sí, sin incluir el alquiler del cuarto de $ 80 a $ 100 dólares al mes, y otros gastos.
Este podría ser el caso de Francisca, que se bachillera este año en León o de otro joven del sector rural que tendrá que dedicarle muchas horas al estudio para el examen de admisión y lograr un cupo en la universidad pública UNAN-León donde en el 2023 se matricularon 13 mil bachilleres, 10 mil de ellos lograron cupo y realizaron la prueba de habilidades y aptitudes, pero solo cinco mil clasificaron para nuevo ingreso, al resto posiblemente, le tocó buscar "chance" en una universidad privada, una carrera técnica o alguna plaza laboral en su municipio.
Las matrículas de 2024 en las universidades privadas de León tienen un costo superior a las universidades públicas en Nicaragua. Aunque es difícil entender con el régimen de Daniel Ortega, hasta las universidades estatales se pagan. Se puede establecer un costo medio de la matrícula trimestral y mensualidad cerca de los $ 500 dólares al año, en el caso de la estatal Universidad Nacional "Padre Gaspar García Laviana", confiscada a la extinta Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) en León.
Hay otras opciones disponibles para los estudiantes que buscan ayuda financiera para sus estudios universitarios en Nicaragua, ofrecidas por el gobierno; sin embargo, los beneficiados deben estar muy vinculados a las organizaciones de estudiantes Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y el CUUN, afines al régimen sandinista, y deben estar disponibles a la hora del llamado para las actividades del partido, de lo que ya muchos estudiantes están cansados.
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