Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, emitió un enérgico mensaje contra el régimen de Maduro en redes sociales: "Devolved Venezuela al pueblo. Maduro debería estar enfrentándose a la justicia y no tomando posesión". La Eurocámara, ya en noviembre de 2024, había aprobado una resolución que reconoce a Edmundo González como presidente electo legítimo y subraya la imposibilidad de celebrar elecciones libres y justas en el país.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Caracas, Venezuela
La Unión Europea (UE) ha intensificado sus medidas contra el régimen chavista de Nicolás Maduro imponiendo nuevas sanciones en respuesta a su controvertida toma de posesión como presidente de Venezuela. Este viernes 10 de enero de 2025, coincidiendo con la ceremonia de investidura en Caracas, el bloque comunitario anunció la inclusión de 15 nuevos funcionarios en su lista de sancionados, elevando a 70 el total de personas vetadas. Estas acciones reflejan el rechazo europeo a un proceso electoral que consideran carente de transparencia y legitimidad.
Entre los sancionados se encuentran figuras prominentes como Caryslia Rodríguez, presidenta del Consejo Electoral Nacional, miembros del Tribunal Supremo y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Estas medidas implican la prohibición de ingreso al territorio europeo y la congelación de activos en la región. Desde 2017, la UE mantiene un embargo de armas y equipos susceptibles de ser utilizados para la represión interna en Venezuela, señalando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho.
La decisión de Bruselas se fundamenta en informes que documentan un aumento de la represión y el hostigamiento contra la oposición y la sociedad civil tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según un comunicado de los Veintisiete, más de 2,500 ciudadanos, incluidos menores, fueron detenidos durante esta etapa. El texto exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, destacando el compromiso del bloque europeo con los valores democráticos.
La alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, calificó los comicios como una oportunidad perdida para el respeto a la voluntad popular y acusó al régimen de Maduro de carecer de legitimidad democrática. Kallas señaló que las autoridades venezolanas se han negado a publicar las actas oficiales de los colegios electorales, lo que impide verificar los resultados anunciados. Este señalamiento fue respaldado por la portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, Anitta Hipper, quien condenó las detenciones arbitrarias y la intimidación contra disidentes.
Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó una postura contundente en redes sociales, instando al régimen a "devolver Venezuela al pueblo" y subrayando que Maduro debería enfrentar a la justicia en lugar de asumir el poder. Metsola recordó el compromiso de la Eurocámara con los defensores de la libertad, ejemplificado en la reciente entrega del Premio Sájarov a Edmundo González y María Corina Machado por su lucha por la libertad de conciencia.
Aunque la oposición venezolana, liderada por Edmundo González, ha declarado que obtuvo una mayoría significativa en las elecciones, la UE no ha reconocido oficialmente su victoria. Según observadores como el Centro Carter, las actas recopiladas por la oposición cumplen con las medidas básicas de transparencia e integridad. Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros de la UE optaron por la cautela, evitando respaldar a González como presidente electo. Este escenario contrasta con el reconocimiento otorgado a Juan Guaidó en 2019, un intento que no logró generar el cambio de régimen esperado.
De igual forma, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Brasil, Chile y otros países del continente han rechazado los resultados electorales anunciados por la administración de Maduro, señalando la ausencia de condiciones para elecciones libres y justas. Naciones Unidas, por su parte, emitió un comunicado ambiguo que, aunque reconoce algunos aspectos de transparencia, no valida plenamente el proceso.
En su declaración, la UE reafirmó su apoyo a los defensores de los derechos humanos en Venezuela y su disposición para colaborar con socios regionales e internacionales en la búsqueda de una solución liderada por los venezolanos. El texto resalta que las sanciones europeas no están diseñadas para perjudicar a la población o la economía del país, sino para presionar a las autoridades a adoptar medidas concretas en favor de una transición democrática.
La Unión Europea condiciona cualquier reversión de sus sanciones a avances tangibles en derechos humanos, Estado de derecho y un diálogo inclusivo. Este enfoque busca fomentar la estabilidad política, el crecimiento económico y el bienestar social en un país marcado por una crisis humanitaria que afecta a millones de ciudadanos.
El endurecimiento de las sanciones refleja la determinación de la Unión Europea de mantener la presión sobre la dictadura chavista. Sin embargo, la falta de consenso internacional sobre el liderazgo opositor y las lecciones del pasado plantean interrogantes sobre la eficacia de estas medidas. En un contexto donde la comunidad internacional se enfrenta al dilema de equilibrar la presión política con el apoyo humanitario, el caso venezolano sigue siendo un desafío complejo para la diplomacia global.
Asimismo, hoy EE.UU. ha incrementado a 25 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la detención de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y ofrece 15 millones por el arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, como parte de su presión al régimen venezolano tras la polémica toma de posesión de Maduro.
Además, la administración de Joseph Biden ha anunciado nuevas sanciones contra ocho altos cargos chavistas, incluidos el presidente del gigante estatal Petróleos de Venezuela (PDVESA) y el ministro de Transporte, y medidas contra 37 funcionarios vinculados a los servicios de inteligencia y el sistema judicial que han perseguido a la oposición. Asimismo, se han prorrogado las protecciones migratorias (TPS) para venezolanos en Estados Unidos de Norteamérica, mientras Washington reitera su reconocimiento a Edmundo González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio.
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