Ahora, con la suspensión de los procesos de asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS) y solicitudes de residencia a través de la Ley de Ajuste Cubano, las y los migrantes están en un limbo legal. Según la analista migratoria Kathleen Bush-Joseph, aunque las solicitudes se han detenido, los beneficiarios no pueden ser deportados sin una orden de remoción previa.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Washington, Estados Unidos de Norteamérica
El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) ha impuesto una suspensión administrativa a todas las solicitudes de beneficios migratorios presentadas por personas acogidas al programa de "parole humanitario", incluyendo a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), así como a ucranianos y beneficiarios del "parole" de reunificación familiar. La medida, confirmada este miércoles 19 de febrero de 2025 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), responde a una "revisión adicional" para detectar posibles casos de fraude y evaluar riesgos a la seguridad pública y nacional. La decisión, que afecta directamente a cientos de miles de personas que han ingresado legalmente al país bajo estos programas, no tiene una fecha definida de conclusión, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de las y los migrantes que dependían de estos trámites para asegurar su permanencia legal en Estados Unidos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha detenido la tramitación de todas las solicitudes presentadas por los beneficiarios del parole humanitario CHNV, el programa de Unificación por Ucrania (U4U) y el parole de reunificación familiar (FRP), el cual permitía a personas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Cuba y Haití reunirse con familiares. La suspensión afecta directamente a quienes solicitaron:
Estatus de Protección Temporal (TPS).
Asilo.
Residencia permanente (en el caso de los cubanos, a través de la Ley de Ajuste Cubano).
Según Kathleen Bush-Joseph, experta del Instituto de Políticas Migratorias, aunque la medida impide el procesamiento de nuevas solicitudes, las personas no pueden ser deportadas sin una orden de remoción, lo que significa que sus aplicaciones deben resolverse antes de que cualquier acción de expulsión pueda ejecutarse.
La orden se produce en el marco de un giro intenso en la política migratoria bajo la segunda administración no consecutiva del presidente Donald Trump, quien asumió el cargo el 20 de enero de 2025. Apenas un día después, el DHS emitió una directiva para restringir y conducir a la eliminación del programa CHNV, argumentando que el gobierno del exmandatario Joseph Biden había abusado del parole humanitario, permitiendo la entrada de 1.5 millones de migrantes de manera indiscriminada.
Además, el 12 de febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva en la que decretó el fin de todos los programas de parole que no se ajustaran a sus políticas migratorias, incluyendo el CHNV y el parole de reunificación familiar.
Desde su implementación en octubre de 2022 para venezolanos y su posterior expansión en enero de 2023 a cubanos, haitianos y nicaragüenses, el parole humanitario permitió la entrada de al menos 530,000 personas con un permiso temporal de dos años para residir y trabajar legalmente en Estados Unidos de Norteamérica. Hasta finales de 2024, según cifras de USCIS, habían ingresado:
110,240 cubanos.
211,040 haitianos.
93,070 nicaragüenses.
117,330 venezolanos.
Estos migrantes ahora enfrentan un panorama incierto, ya que la administración de Biden había anunciado en octubre de 2024 que no renovaría automáticamente los permisos de dos años, obligando a las y los beneficiarios a buscar otras alternativas migratorias o abandonar el país. Además, la decisión de Trump de terminar el TPS para los venezolanos designado en 2023 agrega otro nivel de complejidad. Con esta medida, cientos de miles de venezolanos podrían perder su protección legal el 07 de abril de 2025, fecha en la que expira la última prórroga otorgada bajo la administración Biden.
El DHS no ha dado detalles sobre la duración de la revisión de seguridad ni sobre los criterios específicos que se están evaluando. Sin embargo, la pausa administrativa representa un obstáculo crítico para miles de migrantes que se encontraban en proceso de ajustar su estatus legal en Estados Unidos.
La incertidumbre ha llevado a organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración a alertar sobre el impacto que esta decisión podría tener en familias que dependen del parole para permanecer juntas y en personas que huyen de contextos de violencia, represión o crisis humanitarias en sus países de origen.
A la espera de mayor claridad por parte del gobierno, la única certeza para estos migrantes es que el escenario migratorio en EE.UU. ha cambiado drásticamente con la llegada de la nueva administración, y el camino hacia la estabilidad sigue lleno de incertidumbre y obstáculos legales.
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