La abogada nicaragüense exiliada, Yonarqui Martínez, ha denunciado una estrategia renovada del régimen Ortega-Murillo para perseguir a opositores, utilizando incluso alertas de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) contra quienes ya fueron desterrados. "Cada caso debe ser revisado, ya que el régimen está criminalizando sin pruebas a los opositores", advirtió Martínez.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Según información verificada por este medio, la situación de al menos 40 excarcelados políticos nicaragüenses, parte del grupo de las y los 135 desterrados por el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sigue siendo motivo de alarma internacional. Tras su llegada a Guatemala el 05 de septiembre de 2024, estos opositores enfrentan nuevas barreras que exacerban su ya precaria situación. La denegación de solicitudes de reasentamiento en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), ofrecidas a través del programa de Movilidad Segura, ha generado incertidumbre y preocupación.
Decenas de los excarcelados han visto frustradas sus esperanzas de iniciar una nueva vida en suelo estadounidense. Edder Muñoz, uno de los afectados, declaró esta semana al medio confiscado 100 % Noticias que su solicitud fue rechazada el miércoles 08 de enero de 2025. Según Muñoz, las razones citadas por las autoridades estadounidenses están vinculadas a los cargos fabricados por el régimen sandinista en su contra.
Pedro Gutiérrez, otro excarcelado político, lamentó que las entrevistas realizadas por las agencias de reasentamiento fueran calificadas como "no creíbles". Esta percepción ha llevado a que más de treinta personas hayan sido rechazadas. "Nos están revictimizando con los mismos cargos que usó la dictadura para encarcelarnos", señaló.
La estancia en Guatemala, inicialmente vista como temporal, se ha convertido en una prueba de resistencia para los desterrados. Muchos enfrentan soledad, precariedad económica y la incertidumbre de un futuro sin garantías. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha informado que la ayuda para hospedaje y alimentación solo está asegurada hasta el 31 de enero de 2025, dejando a estas personas en una situación vulnerable.
Adicionalmente, países como España, Canadá y Costa Rica han sido propuestos como destinos alternativos, aunque los avances en estos procesos son lentos. España ha ofrecido la posibilidad de obtener la nacionalidad, pero la logística para estos trámites sigue siendo un desafío, accesible solo para personas con más recursos.
Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de Nelly Griselda López García, de 42 años, quien estuvo encarcelada durante 17 meses bajo condiciones inhumanas. López ha enfrentado múltiples problemas de salud derivados de su encarcelamiento, desde intoxicaciones alimentarias hasta una masa en el ovario derecho diagnosticada en Guatemala.
López, beneficiaria de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció que su testimonio fue considerado "no creíble" por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos de Norteamérica (USCIS, por sus siglas en inglés). "No sé qué va a pasar conmigo ni con mi tratamiento médico", expresó con preocupación, al temer que la asistencia que recibe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se vea interrumpida.
Por otro lado, Adela Espinoza Tercero y Gabriela Morales, jóvenes excarceladas y líderes estudiantiles, también figuran entre las rechazadas por Estados Unidos. Espinoza relató el impacto emocional de los procesos de entrevistas, describiéndolos como revictimizantes y humillantes. Ambas mujeres fueron acusadas en Nicaragua de delitos fabricados, incluyendo tráfico de drogas, asalto y socavamiento de la integridad nacional.
La abogada nicaragüense Yonarqui Martínez denunció que el régimen de Ortega ha intensificado su persecución al extender acusaciones infundadas contra opositores mediante mecanismos como las circulares de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). Según Martínez, esta estrategia busca desacreditar a las víctimas y dificultar su aceptación en programas de reasentamiento internacional. Martínez destacó el caso de Adela Espinoza Tercero como un ejemplo de revictimización. "Cada caso debe ser revisado, ya que el régimen está criminalizando sin pruebas a los opositores. Estas personas son víctimas de una dictadura que les arrebató todo, incluso su nacionalidad", afirmó.
"Al principio el proceso parece prometedor, pero sin familia, recursos o apelaciones quedas en manos completamente de una administración que en primera instancia va a rechazarte. En este momento solo puedo quedarme acá, hasta que finalice enero, y ver que pasa. O buscar la forma de moverme a otra esquina", comentó "Gabriela", otra de las excarceladas rechazadas para comenzar 2025.
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