La iniciativa marca un nuevo capítulo en la política comercial de la administración del presidente Joseph Biden antes de concluir su período, que busca no solo resolver disputas comerciales, sino también garantizar que el comercio mundial se realice bajo estándares éticos y de respeto a los derechos humanos y laborales.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos de Norteamérica (USTR, por sus siglas en inglés), encabezada por Katherine Tai, anunció una investigación formal sobre los actos, políticas y prácticas del Estado de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de derecho. La indagatoria se ampara en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite abordar prácticas extranjeras consideradas injustas y que impactan el comercio estadounidense.
Según declaraciones de Tai, la Administración Biden-Harris mantiene un enfoque de política comercial centrado en los trabajadores y se opone firmemente a cualquier acto que mine los derechos fundamentales. "Numerosos informes sugieren que el gobierno de Nicaragua participa en actos represivos que perjudican a los trabajadores y a la población del país, socavando la competencia justa y desestabilizando la región", afirmó Tai hoy, martes 10 de diciembre de 2024.
Diversos informes de instituciones como la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denuncian un patrón sostenido de violaciones por parte del régimen de Daniel Ortega y su esposa y ahora comandataria Rosario Murillo. Entre las acusaciones destacan:
Arrestos y encarcelamientos por motivos políticos.
Represión a grupos religiosos y organizaciones no gubernamentales.
Ejecuciones extrajudiciales y tratos inhumanos o degradantes.
Restricciones a la libertad de expresión, asociación y negociación colectiva.
Violencia contra grupos marginados, incluyendo trabajo forzoso y trata de personas.
Eliminación de la independencia judicial y legislativa.
Confiscaciones arbitrarias de bienes y uso indebido de sanciones económicas.
Estas prácticas, según Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), exacerban la explotación laboral, dificultan el desarrollo económico y limitan las oportunidades de comercio justo.
La investigación refleja la preocupación de EE.UU. por el impacto regional de las acciones nicaragüenses, dado que la estabilidad política y económica en Centroamérica es clave para promover la prosperidad compartida. La persistencia de abusos en Nicaragua pone en riesgo las relaciones comerciales y perjudica a empresas y trabajadores estadounidenses, al tiempo que dificulta la competencia en igualdad de condiciones.
Como parte del proceso, la USTR ha solicitado consultas formales con la administración sandinista de Nicaragua, además de abrir un expediente para comentarios públicos y una audiencia programada en fechas próximas. Este tipo de investigaciones pueden derivar en medidas comerciales como la imposición de aranceles o restricciones, dependiendo de los hallazgos y el grado de cooperación del país investigado.
La Sección 301 ha sido utilizada históricamente para responder a prácticas discriminatorias o irrazonables que afectan el comercio estadounidense. Sin embargo, es la primera vez que se aplica este instrumento para abordar cuestiones relacionadas específicamente con derechos laborales y humanos.
Estados Unidos de Norteamérica reitera así su compromiso con la justicia, la transparencia y el respeto mutuo en el ámbito comercial. Tai enfatizó que esta investigación no solo busca sancionar, sino también promover cambios estructurales en Nicaragua que beneficien a su población y fortalezcan los vínculos comerciales en la región. El desarrollo de esta investigación será crucial para definir el futuro de las relaciones entre ambos países y sentará un precedente en el uso de la política comercial como herramienta para promover derechos fundamentales a nivel global.
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