El Ministerio Público de Honduras presentó el martes 30 de julio de 2024 un requerimiento fiscal contra Ebal Díaz y otros exfuncionarios por el fraude en el fallido proyecto Ciudad Morazán, destinado a construir viviendas para damnificados de los huracanes Eta e Iota. Las capturas ya han comenzado en torno al caso, pero el "artífice" difícilmente enfrente la justicia hondureña.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
El Ministerio Público (MP) de Honduras presentó el martes 30 de julio de 2024 un requerimiento fiscal contra Ebal Díaz Lupián, exsecretario de la Presidencia, y otros exfuncionarios implicados en el megafraude del proyecto de viviendas contenedores para damnificados por los huracanes Eta y Iota. El proyecto, conocido como Ciudad Morazán, debía ser ejecutado por la Secretaría de la Presidencia con un presupuesto de 294 millones de lempiras. La investigación y las evidencias obtenidas por COYUNTURA y otros muchos medios independientes y masivos, revelaron una alarmante falta de transparencia en el proyecto, en el que se instalaron menos de la mitad de las casas previstas y solo 23 de ellas están actualmente habitadas. De estas, únicamente 10 familias realmente afectadas por los huracanes encontraron refugio en las viviendas.
En noviembre de 2020, Ebal Díaz anunció la construcción de viviendas para las familias afectadas por los huracanes. Sin embargo, lo que prometía ser una solución humanitaria se convirtió en un escándalo de corrupción y negligencia. Las casas, aunque instaladas, no eran habitables. Carecían de agua potable y presentaban problemas estructurales graves como pisos y paredes agrietadas.
El exsecretario Díaz, considerado el cabecilla de este esquema de corrupción, se refugió en Nicaragua tras el triunfo del Gobierno de Xiomara Castro con el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre). Díaz no está solo en esta red de corrupción. Otros implicados incluyen a Zonia Margarita Morales, excomisionada presidenta de Coalianza, Lizeth Guadalupe Villatoro, delegada de una institución financiera, y Mario León Gómez, entre otros funcionarios de la Secretaría de la Presidencia y la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos.
A los acusados se les imputan los delitos de asociación para delinquir, fraude, violación de los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta. Se han solicitado órdenes de captura tanto a nivel nacional como internacional, y se ha decretado una alerta migratoria inmediata. El fiscal general, Johel Zelaya, ha sido enfático en la necesidad de justicia en este caso. "No queremos jueces timoratos que busquen caminos alternos para liberar delincuentes. Traemos suficientes pruebas en este caso", declaró, subrayando la solidez de las evidencias presentadas.
En relación a este caso, este miércoles 31 de julio de 2024, fue capturado Juan Ramón Cruz, exdirector del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI). Cruz, de 79 años, enfrenta cargos por fraude y asociación para delinquir. La detención se llevó a cabo en la colonia San José de la Vega de Tegucigalpa, y fue confirmada por las autoridades, quienes aseguraron su integridad física mediante una evaluación médica realizada por la Policía Nacional. Posteriormente, Cruz fue trasladado a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para ser presentado ante los Tribunales.
¿Qué día van a traer a Ebal Díaz de regreso a Honduras?
Pero la situación de Ebal Díaz presenta complicaciones adicionales debido a su residencia en Nicaragua. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos sugirió a la presidenta Xiomara Castro dialogar con su homólogo nicaragüense, el sandinista Daniel Ortega, para revocar la nacionalidad de Díaz y facilitar su extradición a Honduras. Barrientos destacó que las leyes nicaragüenses no permiten la extradición de sus ciudadanos, calificando el requerimiento contra Díaz como tardío y hasta "sospechoso".
"Todo esto me parece un circo", afirmó. El abogado considera además que la única vía sería solicitar la revocación de la ciudadanía de Díaz, una medida que, según él, es improbable mientras Ortega siga en el Poder Ejecutivo, ya que fue quien ordenó dicha protección constitucional desde el extinto Ministerio de Gobernación, ahora Ministerio del Interior.
El 17 de junio de 2022, el oficialismo aprobó la nacionalidad nicaragüense para Ebal Díaz y Ricardo Cardona, quienes se refugiaron en Nicaragua tras la captura del expresidente Juan Orlando Hernández por una solicitud de extradición hacia Estados Unidos de América (EE.UU.). Ahora, Hernández cumple una sentencia de 45 años en Nueva York, por delitos relacionados al uso y tráfico de armas y drogas. Mientras tanto, Díaz "vive en una zona exclusiva de Managua", según fuentes de este medio.
En ese sentido, Barrientos advirtió que Ebal Díaz probablemente no abandonará Nicaragua, pues sería capturado por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL). "Ese hombre no es tonto para salir de su jaula de oro y que lo capturen", concluyó.
La conexión entre Díaz y el régimen de Ortega complica aún más los esfuerzos para llevarlo ante la justicia hondureña. La relación entre Honduras y Nicaragua, ambos de tendencia socialista e izquierdista, juega ya un papel crucial en la resolución de este caso. "Aunque ese vínculo no es muy solido, y ambas administraciones tienen posturas diferentes sobre diversas situaciones. Es cómo si su relación fuera solo de vecinos, más no de amigos", dijo una analista política y economista hondureña bajo la condición de anonimato.
El megafraude de Ciudad Morazán es un ejemplo claro de cómo la corrupción y la mala gestión pueden desviar recursos destinados a ayudar a las y los más vulnerables. Las acciones del Ministerio Público y las declaraciones del fiscal general, Johel Zelaya, reflejan un compromiso con la justicia y la transparencia. Sin embargo, la captura y extradición de todos los involucrados, especialmente de aquellos refugiados en países extranjeros, sigue siendo un desafío significativo. La voluntad política y la cooperación internacional serán esenciales para resolver este caso y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
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