"La administración del presidente Donald Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden, y en su lugar confía en que utilicen el sentido común", reza un comunicado oficial. Con este cambio, ya no existen barreras para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) realicen operativos en cualquier momento y lugar, incluidas escuelas, hospitales y zonas de culto.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Washington, Estados Unidos de Norteamérica
La llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) por segunda vez, con una "marea de cambios" que comenzó en la frontera sur, ha desencadenado una oleada de medidas migratorias que transforman radicalmente el panorama para millones de personas en el país. Apenas unas horas después de su investidura, el mandatario firmó una serie de órdenes ejecutivas destinadas a endurecer las leyes de inmigración, reactivando políticas que habían sido revocadas o suavizadas por la administración Biden. Estos decretos representan una reconfiguración profunda de las directrices humanitarias y de seguridad, con consecuencias directas para la comunidad inmigrante.
Entre las acciones más controvertidas está la eliminación de las zonas consideradas "sensibles" para la aplicación de leyes migratorias. La directriz firmada por Benjamine Huffman, secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, revoca una política en vigor desde 2011 que protegía lugares como iglesias, escuelas y hospitales de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP). Durante más de una década, estas reglas ofrecieron un respiro a las y los inmigrantes indocumentados, quienes podían acudir a servicios esenciales sin el temor constante de ser detenidos. Sin embargo, la nueva orden permite la actuación de los agentes en cualquier lugar sin necesidad de aprobación previa de un superior.
"Esta medida faculta a los valientes hombres y mujeres de la CBP y el ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a extranjeros criminales -incluidos asesinos y violadores- que han entrado ilegalmente en nuestro país", declaró un portavoz del gobierno de Trump. La narrativa del comunicado subraya que los criminales ya no podrán "esconderse en las escuelas e iglesias", lo que pone fin a una protección largamente defendida por organizaciones de derechos humanos.
Otra de las decisiones significativas es la reforma del llamado "parole humanitario". Este mecanismo ha sido utilizado para otorgar entrada temporal a migrantes por razones de emergencia humanitaria o beneficios públicos significativos. En los últimos años, la administración del expresidente Joseph Biden había flexibilizado el proceso para atender crisis migratorias masivas, beneficiando a cientos de miles de personas provenientes de países como Venezuela, Haití, Nicaragua y El Salvador. La nueva directriz devuelve el programa a un enfoque de evaluación caso por caso, lo que reduce drásticamente su alcance.
La eliminación del parole humanitario masivo ha sido justificada como un esfuerzo para restaurar su propósito original. "La administración Biden-Harris abusó del programa permitiendo la entrada indiscriminada de 1,5 millones de migrantes", sostiene el comunicado oficial. Aunque no se anuncia la cancelación total del programa, el cambio de enfoque podría significar largas demoras y menos aprobaciones, exacerbando la vulnerabilidad de miles de migrantes que buscaban protección.
La suspensión del programa de asilo es otro pilar de esta ofensiva migratoria. Desde el lunes 27 de enero de 2025, el decreto interrumpe la admisión de nuevos solicitantes, incluyendo a aquellos desplazados por desastres climáticos. La medida insta a los departamentos de Estado e Interior a reevaluar el programa y presentar informes trimestrales. Mientras tanto, decenas de miles de migrantes que usaban la aplicación CBP One para agendar citas han quedado en un limbo legal. El cierre abrupto de la herramienta dejó sin opciones a quienes habían planeado comparecer ante las autoridades desde la frontera sur entre EE.UU. y México.
Asimismo, el retorno del controvertido programa "Quédate en México" también marca un cambio fundamental. Conocido oficialmente como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se resolvían sus casos en cortes estadounidenses. La medida, suspendida por Biden en 2022, regresa con fuerza bajo la nueva administración, lo que podría provocar tensiones diplomáticas con México, cuyo gobierno ha expresado preocupaciones sobre los efectos humanitarios de esta política.
Preparativos y otros cambios
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles 22 de enero de 2025, que el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y aseguró que fue un primer contacto positivo y cordial.
Sheinbaum ha subrayado la importancia de la unidad regional ante las nuevas políticas migratorias y de seguridad impulsadas por la administración Trump. En un esfuerzo por construir una respuesta coordinada, la mandataria mexicana ha mantenido conversaciones con líderes latinoamericanos, incluyendo al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y próximamente dialogará con Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil. "Hay unidad en América Latina, eso es importante", afirmó. Sin embargo, Claudia dejó claro que su prioridad es México, instando a los ciudadanos en EE.UU. a acudir a los consulados y centros de atención a migrantes en las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Tijuana y Matamoros, que desde 2019 han asistido a cerca de 56,000 personas, según cifras oficiales.
Ante el endurecimiento de las políticas migratorias, que ahora incluyen redadas en iglesias, escuelas y hospitales, Sheinbaum expresó su desacuerdo y anunció la instalación de nuevos centros de atención en los seis estados fronterizos. Estos espacios estarán listos en los próximos días para recibir a mexicanos deportados, ofreciéndoles apoyo integral para reintegrarse al país. "El objetivo es que lleguen al país y ofrecerles toda una gama de apoyos. Ellos de manera voluntaria decidirán dónde quieren estar", explicó. La estrategia busca mitigar el impacto de las nuevas medidas y proporcionar asistencia humanitaria a quienes resulten afectados.
El regreso de Trump al poder ha generado repercusiones a nivel mundial, sin duda. La administración del presidente panameño José Raúl Mulino ha advertido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre sus declaraciones durante su discurso de inauguración, en las que afirmó que EE.UU. recuperaría el control del Canal de Panamá. Frente a la serie de decretos firmados por Trump en su primer día de mandato, incluyendo la declaración de emergencia nacional en la frontera y la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, Sheinbaum ha hecho un llamado a la calma, señalando: "hay que tener cabeza fría".
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, reaccionó desde el Foro Económico Mundial en Davos, subrayando también hoy que la prioridad será establecer un diálogo pronto con Trump. Sin embargo, advirtió que, aunque serán pragmáticos, mantendrán firmes sus principios.
Por otro lado, empleados públicos estadounidenses dedicados a temas de igualdad y diversidad han sido obligados a tomar excedencias a partir de hoy, luego de que el presidente republicano eliminara los programas federales de equidad, diversidad e inclusión.
Ya hay demandas y amenazas en EE.UU.
La guerra judicial contra las políticas de Donald Trump ha comenzado con fuerza en su segundo mandato. Apenas horas después de que el presidente firmara una serie de órdenes ejecutivas, 22 estados presentaron demandas para frenar su decreto sobre la ciudadanía por nacimiento. Esta política, respaldada por la Enmienda 14 de la Constitución, garantiza la ciudadanía automática a los bebés nacidos en EE.UU., sin importar el estatus migratorio de sus padres. Trump, en cumplimiento de una de sus promesas de campaña, busca eliminar este precedente legal que ha existido durante más de un siglo. En su decreto, argumenta que los hijos de no-ciudadanos no están "sujetos a la jurisdicción" de EE.UU., por lo que no deben ser considerados ciudadanos, cuestionando la interpretación de la Enmienda 14 que ha protegido la ciudadanía por nacimiento desde su ratificación después de la Guerra de Secesión.
La respuesta a la medida ha sido inmediata y contundente. 18 Estados, junto con el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, interpusieron una demanda en un tribunal federal, calificando el intento de Trump como "extraordinario y extremo". Los fiscales generales de estos estados, incluyendo Nueva Jersey y California, argumentan que el presidente no puede alterar la Constitución a su antojo. Además, grupos pro inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), también han presentado demandas para declarar la orden inconstitucional, destacando el grave perjuicio que causaría a las familias estadounidenses y a los niños nacidos en el país. El decreto de Trump, que entrará en vigor el miércoles 19 de febrero de 2025, excluye de la ciudadanía automática a las y los hijos de madres no legales o temporales en el país, y prohíbe a los organismos federales reconocer su ciudadanía. Las demandas judiciales ahora buscan frenar esta orden que muchos consideran un ataque a los derechos fundamentales establecidos por la Constitución.
Por último, la declaratoria de emergencia fronteriza otorga amplios poderes al Departamento de Defensa para desplegar tropas y reanudar la construcción del muro fronterizo. Esta acción incluye el levantamiento de restricciones para el uso de drones en la zona, con el objetivo de impedir cualquier entrada irregular. El mandatario también ha ordenado la creación de fuerzas especiales para localizar y deportar a migrantes en ciudades santuario.
Donald Trump está intensificando rápidamente su plan de deportación de millones de migrantes, con medidas como la autorización de redadas en iglesias, escuelas y hospitales, y la destitución de juezas encargadas de supervisar las cortes migratorias federales. Además, su gobierno ha ordenado investigar a funcionarios estatales y locales que obstruyan la aplicación de las nuevas políticas migratorias. Estas acciones se suman a una serie de decretos que han generado temor sobre el inicio inminente de las detenciones y deportaciones, que se esperaba comenzaran en Chicago el primer día completo de la presidencia de Trump. Sin embargo, aún no se han materializado las redadas, aunque el marco legal y político para implementarlas ya está en marcha.
En un reciente memorando, Trump ha ordenado al Departamento de Justicia tomar "todas las medidas necesarias" para proteger la frontera y expulsar a los inmigrantes ilegales, investigando a los funcionarios que obstruyan el cumplimiento de las leyes migratorias. Además, se ha solicitado a las agencias federales que recopilen información y datos biométricos para identificar a personas en situación irregular y entregarlos al Departamento de Seguridad Nacional en un plazo de 60 días para "utilizarlos en deportaciones". El memorando también hace referencia a las "ciudades santuario", advirtiendo que cualquier ley que impida la cooperación con las autoridades migratorias federales puede ser impugnada, y Trump ya ha amenazado con acciones legales contra estas localidades.
Las nuevas políticas migratorias de Donald Trump representan un giro radical hacia el endurecimiento del control fronterizo y la limitación de derechos para las y los desplazados en EE.UU., y aunque el impacto inmediato es claro, el futuro de muchas de estas medidas dependerá de las inevitables batallas judiciales y la resistencia de las organizaciones proinmigrantes. La promesa de la "revolución del sentido común" del presidente está ya en marcha, dejando una huella profunda en la lucha por los derechos humanos en América.
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