Los ataques a las ciudades santuario, las oenegés y los migrantes no son aislados. Representan un esfuerzo coordinado para reestructurar la política migratoria de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), criminalizando a comunidades enteras y limitando el margen de acción de quienes trabajan en defensa de los derechos humanos. Con un Tribunal Supremo dominado por una mayoría ultraconservadora, tres de cuyos miembros fueron nombrados por Trump, el respaldo judicial a estas iniciativas parece casi garantizado. Esto deja a las jurisdicciones y organizaciones afectadas con pocas opciones legales para resistir a la ola proteccionista.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Washington, Estados Unidos de Norteamérica
La lucha del presidente electo Donald Trump contra las ciudades santuario, aquellas jurisdicciones que se niegan a colaborar activamente con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias, ha comenzado con un disparo certero. En diciembre de 2024, en pleno periodo de festividades navideñas, America First Legal, una organización vinculada estrechamente con Trump y su círculo, envió una carta a 249 jurisdicciones estatales, municipales e incluso a algunas organizaciones no gubernamentales, advirtiéndoles de las consecuencias judiciales y económicas de no colaborar con las políticas migratorias federales.
Aunque esta misiva podría haber pasado desapercibida en la vorágine de las fiestas, la figura de Stephen Miller, fundador de la organización y uno de los principales arquitectos de la política antiinmigrante de Trump, imprime un peso considerable en el mensaje. Miller, quien fue asesor principal de la Casa Blanca en materia migratoria, se perfila como una pieza clave en el próximo gobierno de Trump. Su influencia y la estructura de America First Legal -con miembros destacados del equipo de Trump y sus aliados políticos- convierten la carta en una clara declaración de guerra contra las ciudades que defienden a los migrantes y sus derechos.
En términos contundentes, la carta afirma que las políticas de las ciudades santuario que impiden la cooperación con las autoridades federales violan la ley federal de inmigración. La acusación es grave: estas jurisdicciones estarían cometiendo un delito al no permitir la colaboración con los funcionarios encargados de la aplicación de la ley migratoria. America First Legal no se limita a hacer un señalamiento; más bien, avanza con amenazas de consecuencias legales severas, incluyendo cargos penales y civiles, lo que podría involucrar a funcionarios de alto nivel, pero también a aquellos de niveles medios y bajos que, según la organización, cooperan activamente con estas políticas.
La carta va más allá al sugerir que las ciudades santuario podrían ser demandadas por "daños" causados a personas o comunidades afectadas por el incumplimiento de la ley federal.
Este ataque a las jurisdicciones santuario es parte de una estrategia más amplia que busca criminalizar y desmantelar las políticas locales que protegen a los migrantes. La misiva también hace referencia a la supremacía de la ley federal, apuntando que las leyes federales prevalecen sobre cualquier legislación local. Con el apoyo del Tribunal Supremo, cuyas decisiones recientes han favorecido la interpretación de Trump sobre las leyes migratorias, el marco legal parece estar a su favor. En este contexto, las amenazas de sanciones legales adquieren un tono aún más preocupante, ya que el poder judicial de la nación parece estar alineado con los intereses del presidente electo.
La carta menciona a las principales ciudades santuario como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Washington D.C., pero también se extiende a localidades más pequeñas que han adoptado políticas similares. En un caso especialmente significativo, se dirige al jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, acusándole de permitir que su departamento de policía ignore las leyes migratorias federales. La amenaza de cárcel para aquellos que brindan "cobijo" a migrantes irregulares, incluso si estos migrantes han regularizado su situación en el país, agrega un nivel de incertidumbre que podría generar temor y divisiones en las fuerzas de seguridad y el personal administrativo de estas ciudades.
El contenido de la carta subraya el tono agresivo de la nueva administración, cuyas políticas migratorias se caracterizan por un enfoque punitivo y excluyente. Sin embargo, el proceso legal que promete esta ofensiva es complejo y podría ser largo, con múltiples recursos legales que se presentarían ante los tribunales. Aunque el mensaje de America First Legal es directo y amenazante, el panorama judicial podría ser incierto, ya que no todas las ciudades y organizaciones están dispuestas a ceder ante la presión de Trump y sus aliados.
A nivel legislativo, el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) ha comenzado a dar forma a la agenda migratoria de Trump. El martes 07 de enero de 2025, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que permite la deportación de migrantes que hayan cometido delitos menores, incluidos robos en tiendas. Este proyecto de ley refleja una de las principales promesas de campaña de Trump: la expulsión de millones de migrantes irregulares del país. Aunque la ley aún debe pasar por el Senado, el control republicano de ambas cámaras del Congreso parece asegurar que este tipo de medidas antimigrantes se implementen rápidamente.
La ley, que lleva el nombre de Laken Riley, una joven asesinada por un migrante indocumentado, busca reforzar la posición de Trump de que las y los migrantes irregulares representan una amenaza para la seguridad pública, a pesar de que la mayoría de ellos no tiene antecedentes penales. El apoyo de varios demócratas a esta legislación muestra cómo la retórica migratoria de Trump ha permeado incluso en el seno de su partido opositor, marcando una línea de dureza más allá de las fronteras del Partido Republicano.
El proyecto de ley autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a arrestar a migrantes por delitos menores, lo que amplía el alcance de la deportación, y permitirá que los fiscales generales estatales demanden al Secretario de Seguridad Nacional si se otorga la libertad a migrantes acusados de delitos. Los opositores a esta medida advierten que podría llevar a detenciones indiscriminadas y a la deportación de migrantes inocentes.
El impacto de estas leyes y políticas también se extiende a las organizaciones que brindan apoyo a los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Estas organizaciones, que desempeñan un papel fundamental en la atención de los migrantes, podrían enfrentar recortes presupuestarios y amenazas legales bajo la administración Trump. El gobierno de Texas, que ya ha demandado a varias organizaciones de ayuda a los migrantes, ha puesto en marcha una campaña para frenar las actividades de las oenegés que consideran facilitan la inmigración ilegal. Las autoridades federales, por su parte, también están revisando los fondos destinados a estas organizaciones.
La financiación de las organizaciones sin fines de lucro que asisten a los migrantes, como el Programa de Refugio y Servicios (SSP), se ha visto amenazada. A pesar de que el SSP ha sido fundamental para la operación de refugios en comunidades fronterizas, su futuro es incierto bajo la administración de Trump, que busca revisar la asignación de fondos y examinar el papel de las oenegés en el manejo de la crisis migratoria.
Este panorama da cuenta de la consolidación de una política migratoria extremadamente restrictiva, orientada a criminalizar la migración irregular y a desmantelar las estructuras locales y sociales que han surgido en apoyo a las y los migrantes.
Si bien los recortes presupuestarios y las amenazas legales han puesto en riesgo la existencia de estas organizaciones, también ha quedado claro que la batalla por los derechos de los migrantes está lejos de concluir. Las amenazas de la administración Trump podrían marcar el inicio de un largo enfrentamiento judicial y político, que podría tener repercusiones significativas para las comunidades migrantes y las organizaciones que luchan por su sobrevivencia ante la ola proteccionista que la elección del magnate comenzó.
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