Desde 2023 hasta la fecha, se han cancelado más de 300,000 hectáreas de concesiones mineras, alegando inactividad por parte de los titulares originales. Esta estrategia ha sido acompañada por la rápida entrega de nuevas concesiones a empresas chinas, exacerbando preocupaciones ambientales, sociales y políticas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha intensificado su política de cancelaciones y reasignaciones de concesiones mineras, generando una profunda preocupación tanto nacional como internacionalmente. Este proceso, que ha sido ampliamente documentado en publicaciones oficiales como La Gaceta - Diario Oficial y medios independientes como COYUNTURA desde hace varios meses, ha suscitado críticas debido a las implicaciones ambientales, económicas, sociales y políticas que conlleva.
Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Nicaragua anunció la cancelación de varias concesiones mineras bajo el argumento de inactividad por parte de los titulares originales. Entre las afectadas se encuentra Blanca Margarita Castaño Calero, cuya concesión en Villa El Carmen, Managua, fue revocada. Castaño Calero, conocida por su conexión familiar con figuras prominentes del régimen Ortega-Murillo, se suma a otros afectados como Canteras de Nicaragua S.A., propietaria de la concesión El Encierro en Tipitapa, y la empresa Blandón Flores y Compañía Limitada, titular de la mina Mayela en la misma región.
Estas cancelaciones forman parte de una estrategia más amplia que, según analistas, busca liberar áreas para la reasignación a nuevos beneficiarios, en particular a empresas chinas. Este proceso ha sido cuestionado por diversos sectores, incluidos ambientalistas, comunidades indígenas y activistas de derechos humanos, debido al impacto potencialmente devastador que podría tener sobre el medio ambiente y las comunidades locales.
Una de las principales preocupaciones radica en las concesiones otorgadas a empresas chinas como Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., representada por Edward Xiang Liu. Esta entidad ha recibido múltiples concesiones en áreas estratégicas como el lote Caribe en Puerto Cabezas, con una superficie considerable de 2,091 hectáreas para la extracción de minerales metálicos y no metálicos. Además, se han documentado otras concesiones significativas otorgadas a esta empresa en áreas como Nuevo Bijagual y Jinotega, abarcando miles de hectáreas adicionales.
Según críticos como el economista Juan Sebastián Chamorro y el ambientalista Amaru Ruiz, estas concesiones representan un grave riesgo para el medio ambiente nicaragüense. Chamorro enfatiza que las regulaciones ambientales en China son menos estrictas que las occidentales, lo que podría resultar en una explotación irresponsable de recursos naturales y posibles daños irreparables a los ecosistemas locales y a la vida misma de las y los locales. Por su parte, Ruiz ha denunciado las amenazas a las comunidades indígenas y los impactos negativos en sus formas de vida tradicionales.
Política de reasignación y favoritismo
El régimen de Ortega ha sido acusado de favorecer selectivamente a empresas chinas en detrimento de inversionistas nacionales e independientes. Desde 2023, se ha observado un patrón consistente de cancelaciones de concesiones previas seguido por la entrega rápida de las mismas a nuevos actores, mayormente de origen chino. Este proceso ha llevado a la eliminación de más de 300 mil hectáreas de derechos de explotación en menos de un año, lo cual ha exacerbado las tensiones en el país, según datos verificados por este medio de comunicación.
Además de las preocupaciones ambientales, la entrega de concesiones a empresas extranjeras ha planteado interrogantes sobre los beneficios económicos reales para Nicaragua. Críticos argumentan que la dependencia de inversionistas chinos podría no traducirse en mejoras significativas para la población local, mientras que las ganancias económicas podrían ser canalizadas directamente hacia el régimen en lugar de beneficiar al desarrollo nacional sostenible.
Desde octubre de 2023 hasta junio de 2024, el régimen nicaragüense ha cancelado un total de 20 concesiones mineras alegando inactividad por parte de los titulares originales. Estas cancelaciones han afectado a empresas y personas individuales, despejando el camino para nuevas asignaciones, especialmente a favor de intereses chinos y sandinistas.
Entre las concesiones más recientemente canceladas se encuentran:
La Esperanza (Quilalí, Nueva Segovia):
Superficie: 1,428.80 hectáreas.
Titular original: Ricardo José González Moraga.
Motivo de cancelación: Inactividad, según el MEM.
Río Waspuk (Waspán y Bonanza, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte):
Superficie: 2,031.75 hectáreas.
Titular original: Río Waspuk, S.A.
Razón de cancelación: Falta de actividad, según el MEM.
Lote Gloria (Matiguás, Matagalpa):
Superficie: 1,200 hectáreas.
Titular original: Trimex, S.A.
Cancelado por inactividad, junto con otro lote adyacente.
Total de hectáreas canceladas desde octubre de 2023: más de 300,000 hectáreas.
Número de concesiones otorgadas a empresas chinas: 14 concesiones en total.
Superficie total de las concesiones otorgadas a Nicaragua Xinxin Linze Minera Group, S.A.:
Caribe: 2,091 hectáreas.
Nuevo Bijagual: 36,000 hectáreas.
Jinotega: 651 hectáreas en Siuna y 630.89 hectáreas en San José de Bocay.
Estas cifras subrayan la escala y el alcance de las decisiones de la administración nicaragüense en cuanto a la gestión de recursos minerales, destacando una clara preferencia por inversionistas extranjeros, particularmente chinos, en detrimento de actores locales e independientes.
La situación de las concesiones mineras en Nicaragua bajo el régimen de Ortega y Murillo refleja un entorno político y económico volátil, donde los intereses internacionales parecen tener prioridad sobre los locales. Con un incremento notable en la presencia de empresas chinas en el sector minero, el país enfrenta desafíos significativos en términos de sostenibilidad ambiental y justicia social. La comunidad internacional y los defensores de derechos humanos continúan vigilando de cerca la evolución de esta situación, mientras las voces críticas dentro del país buscan mantener la transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos naturales.
En resumen, la saga de las concesiones mineras en Nicaragua es un ejemplo vívido de cómo las decisiones políticas pueden tener repercusiones profundas y de largo alcance. Más allá de la explotación económica, el verdadero costo de estas políticas podría manifestarse en la pérdida irreparable de recursos naturales y en la vulnerabilidad de las comunidades locales frente a intereses externos poderosos.
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