En un nuevo giro preocupante para la educación en Nicaragua, la Universidad Centroamericana (UCA), propiedad de la orden de los jesuitas, se encuentra bajo asedio financiero impuesto por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mediante el Ministerio de Gobernación (MIGOB), el régimen sandinista congeló las cuentas bancarias de esta venerable institución académica, dejando a estudiantes y colaboradores en una situación de incertidumbre y alarmante vulnerabilidad.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La Universidad Centroamericana (UCA) ha sido un faro de educación y pensamiento crítico en Nicaragua desde su fundación en en el año 1961. Sin embargo, desde 2018, esta casa de estudios superior -la principal entidad universitaria privada del país centroamericano- es objeto de una serie de ataques con un enfoque multifacético, orquestados por la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. La última acción represiva se manifestó en el congelamiento de sus cuentas bancarias, este miércoles 09 de agosto de 2023, una medida que deja a la institución al borde de la insolvencia, con un futuro realmente incierto.
Este congelamiento financiero no es un hecho aislado, sino parte de una serie de represiones sistemáticas dirigidas a las universidades privadas en Nicaragua. Desde el año 2021, al menos 25 centros educativos superiores han sido cerrados y sus bienes confiscados bajo la justificación de incumplimiento de "mínimos de calidad establecidos" por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), o por la entrega "impuntual" de documentación oficial por parte de las administraciones universitarias.
Esta estrategia ha generado preocupaciones entre expertos en educación superior, universitarios, analistas políticos y activistas jóvenes, quienes señalan que se trata de un intento deliberado de controlar el pensamiento libre y eliminar la pluralidad universitaria en el país.
La represión contra la UCA tomó un giro más virulento a raíz de su solidaridad con los manifestantes que fueron brutalmente reprimidos por el régimen de Ortega-Murillo desde abril del año 2018. El papel activo de dicha universidad en la protesta y su acogida de miles de personas que buscaban refugio durante los ataques a la marcha del Día de las Madres, el 30 de mayo de ese año, le pusieron en la mira del régimen. Desde entonces, el sandinismo ha intentado asfixiarla económicamente y ha recurrido a auditorías exhaustivas para socavar su autonomía.
En un intento por debilitar aún más a la UCA, el régimen tomó medidas legislativas en marzo de 2022 para excluir a la universidad del Consejo Nacional de Universidades (CNU), privándola así de parte del 6 % constitucional que se destina a las instituciones de educación superior. Este acto reforzó entonces el patrón de represión que busca sofocar financiera e institucionalmente a la UCA y limitar su capacidad para operar y mantener su oferta académica.
El congelamiento de las cuentas bancarias de la UCA ha tenido un impacto inmediato en sus operaciones. La universidad emitió un comunicado explicando que debido a "inconvenientes en los canales y medios de pago ajenos a su voluntad", no puede recibir pagos por aranceles y otros servicios universitarios, entre las carreras regulares, maestrías, centros de investigación y otros. Esta medida ha afectado directamente a estudiantes y colaboradores, quienes enfrentan dificultades para acceder a los recursos necesarios para su formación y trabajo.
La UCA ha intentado resistir los embates de la dictadura, pero la situación se ha vuelto cada vez más crítica. La incertidumbre financiera y el congelamiento de cuentas amenazan su continuidad y capacidad para operar de manera efectiva. Además, el régimen sandinista no ha proporcionado información sobre si se está llevando a cabo alguna investigación sobre el origen de los fondos o si hay perspectivas de negociación para resolver este asunto.
En medio de este asedio financiero y represivo, la UCA sigue siendo un faro de resistencia. A lo largo de su historia, ha desafiado a diferentes regímenes y se ha mantenido como un bastión del pensamiento crítico y la educación de calidad en Nicaragua. A pesar de los obstáculos, la comunidad universitaria se ha mantenido firme en su compromiso con la educación y la libertad de expresión.
"La administración va a intentar no afectar de ninguna manera la vida estudiantil de nuestra comunidad, pero hasta el momento la situación sigue en estudio y desconocemos los pasos que las instituciones gubernamentales de Nicaragua puedan tomar", señaló a la Redacción de COYUNTURA una fuente ligada a la administración y rectoría de la Universidad Centroamericana, quien solicitó anonimato. No obstante, la entidad educativa parece dispuesta a entablar "conversaciones" con el régimen sandinista.
La incertidumbre persiste sobre el destino de la UCA en este momento, pero su historia de resistencia y lucha da esperanzas a aquellos que creen en la importancia de la educación y la autonomía universitaria. La comunidad internacional ha expresado su solidaridad con la UCA y ha condenado los ataques del régimen de Ortega-Murillo contra las universidades privadas y la libertad académica.
En última instancia, la situación de la UCA refleja una vez más la lucha más amplia y profunda en Nicaragua por la democracia, los derechos humanos y la educación de calidad. A medida que la comunidad internacional observa con atención y condena estas acciones represivas, la UCA y otras instituciones similares continúan siendo faros de esperanza en un entorno cada vez más desafiante.
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