La administración sandinista acusa de "terrorismo" y de "organizar grupos delincuenciales" a la principal casa privada de estudios superiores en Nicaragua. La universidad jesuita, previamente sometida a la inmovilización de sus propiedades e incluso a la revocación de su acreditación de mediador jurídico, se encuentra ahora en el epicentro de un ataque devastador que fulmina su existencia como ente independiente y la libertad académica en Nicaragua.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La Universidad Centroamericana (UCA), una de las instituciones educativas más respetadas en Nicaragua, es acusada de "terrorismo", "desinformación", "promoción de la violencia" y "organización de grupos delincuenciales" por el aparato judicial de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, según fuentes consultadas por la Redacción de COYUNTURA y otros medios de comunicación del país. En medio de esta sorprendente medida, aprobada el martes 15 de agosto de 2023, el régimen sandinista ha ordenado la confiscación de todos los bienes materiales y económicos de la universidad jesuita, con sede en Managua, marcando así el punto extremo de este sombrío capítulo en la lucha por la educación independiente en el país centroamericano. "Era de esperarse. La desarticulación institucional fue solo el primer paso. Duele decirlo, pero ahora la UCA le pertenece al sandinismo criminal de Ortega y Murillo", señaló la mañana de este miércoles 16 de agosto un catedrático de dicha entidad, quien solicitó anonimato por seguridad.
Mientras tanto, la UCA informó al cierre de este texto que suspende a partir de hoy todas sus actividades académicas y administrativas. Según un comunicado de la entidad, se giraron oficios al Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, a la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), a la Dirección Nacional de Registros, a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República de Nicaragua. "Estas medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados", cita la universidad.
El oscuro panorama para la UCA comenzó a manifestarse en el año 2018, cuando la institución educativa y sus estudiantes jugaron un papel fundamental en las protestas sociales que sacudieron al país en todo el territorio. En respuesta al papel cívico, científico, histórico y crítico que la Universidad Centroamericana representa, el régimen de Ortega y Murillo inició una serie de medidas de represión gradual, desde asfixiar económicamente a la universidad hasta acosarla con auditorías del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Esta semana, el desmantelamiento institucional que vive la UCA llega a su "clímax" con la acusación por "terrorismo" y el decomiso de las instalaciones y todos sus bienes, ubicados en el corazón de la capital nicaragüense. Fuentes extraoficiales anunciaron la noticia esta mañana. No obstante, según pudo corroborar el equipo de COYUNTURA, al cierre de este texto, la acusación todavía no está inscrita en el sistema judicial de Nicaragua, controlado por las fuerzas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Según detallan funcionarios cercanos al Ministerio Público de Nicaragua, en manos de la recién electa fiscal general Ana Julia Guido, el actual giro acusatorio llegó a través de un oficio de una jueza aún desconocida, donde la UCA es incriminada por supuestos actos de violencia ejecutados para infundir terror, culminando en la orden de confiscación de sus activos y bienes. Esta medida marca el punto de no retorno en la incautación de facto del recinto universitario, luego de inmovilizar sus bienes inmuebles, congelar sus cuentas bancarias y revocar la acreditación de su Centro de Mediación, esto último por orden de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
"Sicariato judicial" contra la UCA
Las razones detrás de este ataque a la UCA están vinculadas directamente a su activismo y postura crítica frente al régimen Ortega-Murillo. Durante las protestas de 2018, la universidad abrió sus puertas a las y los manifestantes y adoptó una posición crítica frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía Nacional y fuerzas paramilitares. "Este es un asalto a plena luz del día", denunció este miércoles el exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields. "Esto es sicariato judicial", dijo el exfuncionario sandinista.
Por otro lado, exestudiantes de la UCA, catedráticos, actuales universitarios de dicha casa de estudios, defensores de los derechos humanos y opositores políticos dentro y fuera de Nicaragua creen que la confiscación es una venganza de la pareja presidencial por el papel desafiante que la UCA representa. "Por ahí pasaron militares, el jefe de la Policía Nacional, los hijos de la pareja presidencial. Hay una venganza personal contra la UCA porque ellos no han podido tomar el control de la UCA. La UCA sigue siendo un bastión del pensamiento crítico, de la democracia, de los derechos humanos. Por eso lo hacen. Atacan lo que no pueden controlar. Lo destruyen. Lo que estamos presenciando hoy es una venganza política de la dictadura", señaló McFields.
En este contexto, la acusación de "terrorismo" es vista por muchos como una estrategia para silenciar una voz crítica que se atrevió a denunciar las violaciones de derechos humanos y la represión gubernamental que impera en Nicaragua desde abril de 2018. La comunidad universitaria, mientras enfrenta la confiscación y la incertidumbre, se mantiene "firme" en su compromiso de promover el conocimiento y el libre pensamiento, según miembros activos de la UCA y organizaciones estudiantiles en el exilio.
Sandinismo vs. educación superior
La confiscación de la UCA no ocurre en un vacío. Más bien, forma parte de un patrón más amplio de represión gubernamental hacia las instituciones educativas independientes y el pensamiento crítico. A lo largo de los últimos años, 26 universidades privadas han enfrentado cierres, acusaciones de lavado de dinero y otros cargos, que parecen ser justificaciones convenientes para restringir la educación superior libre y pluralista en Nicaragua.
La Universidad Hispanoamericana (UHISPAM) fue acusada de lavado de dinero, mientras que otras instituciones, algunas de ellas controladas anteriormente por la iglesia católica, enfrentaron acusaciones de "falsear información" y no reportar sus estados financieros a las autoridades sandinistas. Además, en los últimos meses, se han esgrimido nuevos argumentos como la inconsistencia de la oferta académica o la supuesta falta de infraestructura adecuada.
La UCA no es solo un recinto académico; es un lugar donde se forjan pensadores críticos y se promueve la excelencia, la memoria, la ciencia y la independencia. Con más de 5,000 estudiantes y 546 docentes, la comunidad universitaria enfrenta un futuro incierto bajo la sombra de la confiscación. La universidad, con sus centros de investigación de nivel latinoamericano y su biblioteca amplia y de calidad, se ha ganado un lugar respetado en la sociedad nicaragüense, en el tercer sector y entre las universidades centroamericanas.
Catedráticos y expertos en educación superior resaltan la importancia de la UCA para Nicaragua, describiéndola como "el modelo a seguir en la búsqueda de una universidad que se adecua a la realidad nicaragüense". La desaparición de esta institución tendría un impacto catastrófico en la educación superior en el país, eliminando una fuente invaluable de formación y proyección social. "La UCA como institución nunca envió a los muchachos a las calles, los estudiantes y profesores hicieron uso de sus libertades como ciudadanos establecidas en la Constitución Política, les permitieron expresarse libremente", dijo a La Prensa el catedrático y exrector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina.
En un país donde el control sobre las instituciones educativas es una herramienta estratégica, las universidades se han convertido en un blanco crucial para el Frente Sandinista y los órganos estatales. Wilfredo Navarro, actual diputado de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, llamó en marzo de 2022 a la UCA "elitista" y "centro de terrorismo".
Expulsiones de estudiantes en entidades públicas -controladas por el CNU-, la eliminación de registros académicos, y el aumento de la vigilancia son parte de la estrategia sistemática para mantener el control sobre el pensamiento y la educación en Nicaragua. "La educación superior ahora solo es propaganda oficialista combinada con conceptos y prácticas militantes. Está ya es otra crisis de la que nos va a costar salir, porque las administraciones (de las universidades) ceden. La independencia entonces ya no existe", señaló un analista consultado por el equipo de COYUNTURA, quien solicitó anonimato por su seguridad.
Asimismo, figuras clave de la UCA, como el exrector José Idiáquez y el vicerrector Jorge Huete, fueron desterradas y excluidas del país centroamericano. La institución educativa resistió hasta la actualidad con firmeza, manteniendo su compromiso con el libre pensamiento y la verdad.
La Universidad Centroamericana ha sido una institución icónica en Nicaragua durante más de seis décadas, promoviendo la educación crítica, el pensamiento independiente y la proyección social. Sin embargo, la reciente acusación de "terrorismo" y la confiscación de sus bienes materiales y económicos han colocado a la universidad en una encrucijada que, al parecer, terminará con el sandinismo apoderándose de la UCA. La comunidad educativa, junto con académicos y expertos en educación superior, se han unido para resistir este asalto a la libertad académica y el pensamiento crítico.
Este oscuro episodio marca un hito en la batalla entre la represión gubernamental y la educación independiente en Nicaragua. La UCA se erige como un símbolo de valentía y perseverancia en la búsqueda del conocimiento y la verdad en un entorno hostil. La confiscación de la UCA por el régimen de Ortega y Murillo es una señal alarmante de los desafíos que enfrentan las instituciones educativas independientes en un clima de represión y censura sin fin.
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