Un estudio del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) destaca la importancia de la voluntad política para abordar la deforestación, subrayando que aquellos países que han logrado reducir las tasas de pérdida de bosques pueden servir como ejemplos para otros. Sin embargo, también pone de relieve la necesidad de medidas más contundentes a nivel internacional para abordar esta crisis ambiental, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos indígenas y la conservación de áreas naturales críticas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La deforestación avanza inexorablemente en Nicaragua, un país cuyos bosques primarios están siendo arrasados a un ritmo alarmante, y donde los permisos y certificaciones ambientales están en manos del oficialismo. Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), en su informe anual "Pulso Forestal" publicado para comenzar abril de 2024, Nicaragua figura entre los tres países que más bosques perdieron en 2023, junto a Bolivia y Laos. Este informe revela una tendencia preocupante: mientras algunos países como Brasil y Colombia lograron reducir la deforestación, con importantes iniciativas gubernamentales y sociales, otros, como Nicaragua, enfrentaron aumentos significativos en la pérdida de sus recursos forestales. A pesar de su posición geográfica relativamente pequeña, el país centroamericano enfrenta una crisis forestal grave, pero sin un accionar adecuado y sistemático del Estado.
El documento detalla que se perdieron al menos 60,000 hectáreas de bosques primarios en 2023, lo que representa un 4.2 % del bosque primario nicaragüense restante. Esta tasa de pérdida es la más alta de la región y el continente, en comparación con el tamaño, lo que subraya la magnitud del problema que enfrenta todo el territorio.
La deforestación en Nicaragua es impulsada principalmente por la expansión de la agricultura, la ganadería y la minería de oro. Según el informe, el área de concesiones mineras en el país ha casi duplicado su tamaño desde 2021, cubriendo aproximadamente el 15 % del territorio nacional, a pesar de que en el año 2022 organizaciones locales estimaban la cifra en 23 %. Esta actividad extractiva, junto con la producción de carne vacuna, la cosecha de diversas productos vegetales comestibles, y la venta legal e ilegal de madera, contribuye significativamente a la destrucción de los bosques nicaragüenses.
Además, el informe señala la complicidad del Gobierno central y las administraciones locales en la deforestación, destacando que en muchos casos la pérdida de bosques está vinculada a "invasiones violentas de tierras" en territorios indígenas o en zonas forestales protegidas. Esta situación plantea interrogantes sobre las políticas ambientales y de protección de los derechos indígenas en Nicaragua, así como sobre la implementación efectiva de acciones para frenar la deforestación. "No existen dichas medidas. La política nacional impulsa esta aberración ambiental, social y humanitaria", dijo a COYUNTURA una líder indígena de la Costa Caribe nicaragüense, bajo la condición de anonimato.
También señala que la perdida de bosque, "aunque parezca dejar ganancias", lo "único que permite es el crecimiento de los riesgos, del desplazamiento forzado, de la explotación y de los asesinatos contra los locales". Por otro lado, expertos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en marzo de este año instaron a la preparación anticipada ante un posible aumento en la actividad ciclónica del Caribe en 2024.
Amaru Ruiz, ambientalista y presidente de Fundación del Río, coincide con los hallazgos del informe de WRI y destaca la rápida velocidad con la que se está destruyendo el bosque en Nicaragua. Ruiz, en coordinación con la publicación del informe, estimó a algunos medios independientes que la tasa anual de deforestación podría alcanzar entre 160,000 y 170,000 hectáreas, lo que subraya aún más la gravedad de la situación.
Asimismo, el análisis de varios especialistas, periodistas y líderes ambientalistas centroamericanos y nicaragüenses -en el exilio-, consultados por este medio, también destaca el papel de la ganadería extensiva en la deforestación, especialmente en las regiones de la Costa Caribe, donde las condiciones climáticas favorecen la producción de pasto para el ganado. Esta actividad, impulsada por el régimen sandinista desde su retorno al Poder Ejecutivo en 2007, está exacerbando la pérdida de bosques en áreas protegidas y territorios indígenas.
Además de la deforestación, Nicaragua enfrenta críticas por la suspensión de la veda de ciertas especies de árboles, como el cedro real y el pochote, lo que permite su corte y comercialización a gran escala. Esta medida, anunciada por la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, pone en peligro la conservación de especies forestales clave y socava los esfuerzos para proteger los bosques del país. Los campos de palma africana también cada vez son más y más grandes. Poblados como Kukra Hill, El Zapote, El Rama, San Blas, Laguna de Perlas y San Lorenzo no viven entre edificios o casas altas; en cambio, viven entre la elaeis guineensis, comúnmente llamada palma africana de aceite.
La situación en Nicaragua refleja un desafío local, regional y global en la lucha contra la deforestación y la protección de los recursos naturales. A pesar de los esfuerzos de algunos países para reducir la pérdida de bosques, la falta de voluntad política y la actividad económica insostenible continúan amenazando los ecosistemas forestales en todo el mundo. Es fundamental que se tomen medidas urgentes para abordar este problema y proteger los bosques.
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