Sin cuentas bancarias. Con más de 5,000 estudiantes y 540 docentes bajo incertidumbre y con temor. Frente a la amenaza constante de una confiscación ilegal tras la inmovilización de sus inmuebles. La Universidad Centroamericana (UCA) enfrenta la peor de sus encrucijadas en los años recientes. El futuro de la principal casa -privada- de estudios superiores en Nicaragua es incierto. La "educación se desmorona", denuncia la comunidad estudiantil, catedráticos y analistas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
En un movimiento que añade más capas de incertidumbre al panorama político y educativo de Nicaragua, la Universidad Centroamericana (UCA), una de las instituciones académicas más prestigiosas del país centroamericano, ha sido suprimida del listado de los Centros de Mediación acreditados por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC). Este giro dramático en la situación de la UCA, un centro educativo jesuita con una larga historia de excelencia académica y compromiso social, subraya y extrema una serie de eventos que apuntan a un claro intento de asfixia y control por parte del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
La revocación de la acreditación del Centro de Mediación de la UCA, anunciada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de La Gaceta - Diario Oficial este lunes 14 de agosto, plantea serias dudas sobre el estado de la autonomía universitaria y el respeto a las instituciones académicas en Nicaragua. Esta medida se suma a la cancelación de la acreditación del Centro de Mediación y Arbitraje Antonio Leiva Pérez en marzo de este año, bajo circunstancias similares. La acreditación fue revocada según el Artículo 38 de la Normativa General de la DIRAC, que menciona el incumplimiento de la Ley de Mediación y Arbitraje, actos ilícitos y la violación del orden público como razones para quitar los permisos.
La UCA, en una situación administrativa ya comprometida, se enfrenta a un escenario desafiante que incluye el congelamiento de sus cuentas bancarias y la inmovilización de sus bienes inmuebles desde el 10 de agosto de 2023. La falta de acreditaciones del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y del Ministerio de Gobernación (MIGOB) también arroja dudas sobre el futuro operativo de la institución, la cual ha emitido al menos cinco correos electrónicos a su comunidad estudiantil y docente, con el fin de apaciguar la dura situación.
Expertos en educación superior y activistas universitarios consultados por la Redacción de COYUNTURA consideran que estos movimientos forman parte de un patrón más amplio de control gubernamental sobre la educación superior, buscando eliminar la pluralidad universitaria y restringir el pensamiento libre, tal como ha pasado en los últimos meses y años.
Las implicaciones de estas acciones para la comunidad universitaria y para la educación superior en general son profundas. La UCA, que ha sido históricamente un bastión de disidencia y un espacio de formación de líderes cívicos, políticos, científicos y empresariales, se enfrenta a la posibilidad de confiscación, tal como ha ocurrido con al menos 26 universidades privadas que han sido tomadas por el Estado desde el año 2021, entre ellas entidades que estaban bajo la dirección de la iglesia católica de Nicaragua.
Esta repentina ola de confiscaciones, junto con la reducción del presupuesto constitucional y la disminución de becas, como se reveló que ocurría en casos como el de la UCA, la extinta Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) y la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM) desde marzo de 2022, plantea una preocupante imagen de desmantelamiento institucional, en donde ni el estudiantado o la comunidad docente y administrativa han sido tomados en cuenta.
"Es evidente que el objetivo de la administración sandinista es el desmantelamiento del pensamiento crítico, de la educación superior y de los espacios universitarios adversos a sus intereses dictatoriales. Ninguna de esas decisiones, principalmente las relacionadas a la UCA, tienen un fin de 'orden' o 'desarrollo' para quienes estudiamos una amplia gama de licenciaturas y carreras técnicas", señala "Daniela", quien actualmente está matriculada en la licenciatura de comunicación social.
La reducción de las becas a estudiantes que ya contaban con ellas, como se notificó en marzo de 2022, acentuó aún más la presión sobre la comunidad académica y los estudiantes de la UCA. El cambio en el porcentaje de las becas, supuestamente debido a "limitaciones presupuestarias", puso en riesgo la continuidad académica de muchos estudiantes, especialmente aquellos provenientes de zonas rurales y con escasos recursos económicos. La combinación de reducción de becas, confiscaciones de universidades y el congelamiento de cuentas bancarias coloca a la UCA en una encrucijada crítica, amenazando su capacidad para operar y servir a la comunidad estudiantil, y a la ciudadanía en general a través de diversos servicios.
La situación que enfrenta la Universidad Centroamericana (UCA) es parte de un patrón preocupante de control gubernamental sobre la educación superior en Nicaragua. La revocación de la acreditación del Centro de Mediación, la posible confiscación de bienes inmuebles, el congelamiento de cuentas bancarias y la reducción de becas a estudiantes son movimientos que plantean serias dudas sobre la autonomía universitaria y el futuro de la UCA como institución educativa de excelencia y con compromiso social.
La comunidad internacional, los defensores de los derechos humanos y los académicos deben estar atentos a estos desarrollos y abogar por la protección de la educación superior como un pilar fundamental de una sociedad democrática y libre.
Hasta el momento, la noticia hace eco regional e internacional en los medios de comunicación. No obstante, ninguna entidad bilateral, económica o incluso de la sociedad civil ha iniciado una campaña o estrategia multifactorial que denuncie la situación tanto de la UCA como de las ya casi 30 universidades confiscadas y adaptadas al sistema dictatorial del sandinismo. Tampoco está en el debate público medidas de presión para detener la cacería pública en contra de la Universidad Centroamericana y la educación superior de Nicaragua.
"Lo que en algún momento fue una amenaza contra la autonomía universitaria en Nicaragua, ahora es una crisis, que no comenzó con la UCA. El último año ha sido un sin fin de malas noticias para egresados, graduados, estudiantes, docentes, padres y madres de familia, ciudadanos comunes que requieren los servicios varios que las universidades y sus instituciones ofrecen, y hasta para profesionales, maestrantes y doctorandos. El CNU sigue dando respuestas vagas a quienes tienen dudas sobre su futuro educativo, o sobre los títulos ya emitidos. Y la educación superior ahora solo es propaganda oficialista combinada con conceptos y prácticas militantes. Está ya es otra crisis de la que nos va a costar salir, porque las administraciones (de las universidades) ceden. La independencia entonces ya no existe", señala un analista consultado por el equipo de COYUNTURA, quien solicitó anonimato por su seguridad.
El también catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua, comenta que en la mayoría de los casos actuales de confiscación "gran parte de los estudiantes terminan por adaptarse a esta absurda imposición" debido a que "tienen como objetivo solo obtener su título". "Luego de eso buscan como irse del país. Y no es que los títulos de acá valgan tanto. Es sencillamente la 'sin remedio' de la educación universitaria ahora", comenta.
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