El proceso judicial contra Nasry Asfura, conocido popularmente como "papi a la orden", ha sido uno de los temas más polémicos en la política hondureña en los últimos años. El exalcalde del Distrito Central y actual precandidato presidencial nacionalista es acusado de varios delitos relacionados con la administración de fondos públicos durante su gestión como jerarca de Tegucigalpa entre 2014 y 2022.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
En medio de un clima político cada vez más tenso en Honduras, a solo semanas del llamado inicial para los comicios presidenciales y generales de 2025, los diputados del Partido Nacional (PNH) han levantado una denuncia en contra del fiscal general del país centroamericano, Johel Zelaya, acusándolo de orquestar una campaña de persecución política en contra del precandidato presidencial opositor Nasry "Tito" Asfura, más conocido como "papi a la orden". La denuncia fue confirmada por María Antonieta Mejía, diputada del PNH y parte de la fórmula presidencial de Asfura, quien manifestó que la exposición del caso en cadena nacional fue una "manipulación" diseñada para desacreditar al candidato.
María Antonieta Mejía expresó con firmeza que las acciones del fiscal Zelaya representan una clara muestra de activismo político, asegurando que el funcionario está utilizando su cargo para atacar a Asfura en beneficio del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Durante sus declaraciones, Mejía destacó que la denuncia ya ha sido presentada ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), y que buscan llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Estamos siendo víctimas de una persecución sistemática por parte de aquellos que pretenden desestabilizar nuestra democracia", dijo Mejía este miércoles 23 de octubre de 2024, dos días después de una emisión oficialista obligatoria para los medios nacionales de radio y televisión.
Según su visión, el Ministerio Público (MP) ha lanzado una ofensiva judicial con el único propósito de frenar la candidatura de Asfura, quien ha ganado gran respaldo popular de cara a las elecciones de 2025, cuando el exalcalde figura como "favorito", según las y los nacionalistas en el Poder Legislativo.
La cadena nacional mencionada, en la cual el fiscal Johel Zelaya presentó y desmenuzó el caso de Nasry Asfura, ha sido vista por los partidarios de este último como un claro ejemplo de manipulación de la narrativa pública, siendo utilizada para desacreditar al precandidato sin que se haya llevado a cabo un juicio formal. En particular, se expuso una serie de acusaciones que datan de 2020, relacionadas con presuntos delitos de abuso de poder, fraude y malversación de fondos públicos que involucran a Asfura y otros siete exfuncionarios municipales, en un caso que maneja una cifra de al menos 28.5 millones de lempiras.
Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, ha sido objeto de investigaciones desde antes de 2020, según fuentes consultadas por COYUNTURA, pero en ese año específico la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) lo acusó de desviar fondos públicos a cuentas personales. Desde entonces, su situación legal ha sido objeto de una compleja serie de procesos judiciales y especulaciones, que incluyen la imposición de una fianza de 15 millones de lempiras y la celebración de una audiencia inicial, ya programada para el 04 de noviembre de 2024, en la cual se determinará si el caso pasa a juicio oral y público.
La oposición, periodistas, activistas y juristas piden que en el encuentro se permita el acceso a la prensa.
Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional de Honduras, aseguró en su momento que Asfura ya había sido juzgado dos veces por los mismos hechos. Sin embargo, esta afirmación fue refutada por expertos legales, quienes aclararon que, en realidad, Asfura solo había pasado por un "antejuicio", un proceso preliminar que no implica una sentencia de culpabilidad o inocencia. Ramón Barrios, abogado constitucionalista y diputado, explicó que la "cosa juzgada", en términos jurídicos, solo se da cuando un caso ha agotado todas las instancias de recurso y se ha dictado una sentencia definitiva, lo cual no ha ocurrido en el caso de Asfura, al respecto de estas acusaciones o cualquier otra.
Además, el abogado penalista Leonel Núñez puntualizó que, para que exista un doble juzgamiento, es necesario que el acusado haya sido requerido judicialmente, lo cual no ha sucedido hasta ahora en el caso de Asfura, que ha permanecido en sede administrativa ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El caso de Nasry Asfura volvió a activarse el jueves 10 de octubre de 2024, cuando se emitió un requerimiento fiscal en su contra por delitos relacionados con malversación de fondos públicos, fraude y lavado de activos. Este documento marcó el inicio de un proceso penal formal que se encuentra en una etapa inicial pero crítica, ya que su desarrollo tendrá un impacto significativo en las elecciones presidenciales de 2025. A pesar de las acusaciones, el proceso en sí es lento y se ha visto entorpecido por apelaciones y acciones legales de la defensa. En 2021, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) frenó las investigaciones tras una apelación que solicitaba que se agotaran las auditorías del TSC antes de proceder con el juicio penal. Esta decisión paralizó el caso durante casi tres años, dejando en suspenso la posibilidad de que Asfura enfrentara cargos formales por su gestión como alcalde de Tegucigalpa.
No obstante, la reactivación del caso ha vuelto a poner bajo los reflectores el accionar de Asfura y su equipo, quienes han negado repetidamente las acusaciones, y la postura oficialista, por obvias razones. Aunque el exalcalde se encuentra en libertad bajo fianza, la audiencia inicial pautada para noviembre podría abrir la puerta a un juicio que defina su futuro político y civil.
La controversia no ha pasado desapercibida en el ámbito internacional. La embajadora de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) en Honduras, Laura Dogu, subrayó la importancia de que el proceso judicial se lleve a cabo de manera "justa", permitiendo tanto a los fiscales como a la defensa de Asfura presentar sus casos y pruebas ante los tribunales. Estas declaraciones, realizadas también este miércoles, en un momento clave del proceso, reflejan la atención que la comunidad local y hasta regional está prestando al sistema judicial hondureño en un contexto donde la corrupción y el abuso de poder siguen siendo temas recurrentes.
Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, reiteró que el Poder Judicial se mantendrá imparcial y respetuoso del debido proceso en todos los casos relacionados con la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), lo cual incluye, indirectamente, los casos que involucren a Asfura y otros funcionarios públicos de la administración nacionalista. Obando también señaló que será el Ministerio Público el encargado de presentar las pruebas necesarias para iniciar cualquier proceso judicial, manteniendo así la independencia de los poderes del Estado.
El caso de Nasry Asfura, lejos de ser un simple enfrentamiento judicial, se ha convertido en un campo de batalla político e institucional que definirá, en gran medida y a corto y largo plazo, el panorama de las elecciones hondureñas y las decisiones por tomar. Las acusaciones de persecución política por parte del Partido Nacional han alimentado un debate sobre la legitimidad del proceso judicial y el papel del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, cuando el fiscal no se dignó -al menos- en dar declaraciones públicas sobre el "narco-video" del exlegislador oficialista Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro, y sobre sus declaraciones a la Fiscalía. Mientras tanto, la sociedad hondureña y la comunidad internacional observan de cerca, conscientes de que este caso podría sentar un precedente en la forma en que el país aborda los casos de corrupción y abuso de poder en el futuro.
Sin embargo, queda por ver si el sistema judicial hondureño será capaz de llevar a cabo un proceso imparcial que responda tanto a las exigencias legales como a las expectativas de justicia de la población, en medio de un clima de creciente polarización política, narrativas y declaraciones condenatorias del Poder Ejecutivo contra "los de siempre", y muchas discusiones infructuosas en el Legislativo.
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