Desde 2022, según fuentes confidenciales vinculadas a la estructura de seguridad del Estado, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha reclutado y entrenado a civiles afines al partido para integrarlos en un modelo de seguridad que combina vigilancia, represión y control comunitario. Esta estrategia, que replica tácticas de control social implementadas en Venezuela y Cuba, ha incluido sesiones de adoctrinamiento ideológico, entrenamiento en combate urbano y manejo de armas de fuego.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Desde enero de 2025, Nicaragua es testigo de un fenómeno sin precedentes en Centroamérica luego de la abolición del servicio militar obligatorio: la juramentación masiva de miles de "policías voluntarios" en al menos 15 departamentos del país, amparados en tres artículos de la nueva Constitución de la República, aprobada por el Poder Legislativo tras leer y discutir poco menos de 30 apartados de los más de 100 modificados. Según fuentes confidenciales y documentos verificados por COYUNTURA, estos grupos no solo han sido entrenados desde 2022, sino que su despliegue responde a una estrategia de control territorial del régimen de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, con miras a fortalecer la estructura represiva del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en todo el territorio.
Las cifras son contundentes. En menos de un mes, la Policía Nacional de Nicaragua, bajo control absoluto del sandinismo, ha juramentado al menos 30,340 policías voluntarios en distintas ciudades, en ceremonias organizadas con un despliegue que recuerda a las viejas concentraciones masivas del partido oficialista, con el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, director de la Policía y consuegro de Ortega y Murillo, encabezando todos los eventos. La mayor cantidad de efectivos se reclutó hasta la fecha en Matagalpa, con 7,000 nuevos integrantes el miércoles 12 de febrero de 2025, mientras que otras ciudades clave, como Chinandega, Rivas y Granada, han sumado entre 1,500 y 3,500 efectivos cada una.
Esta "fuerza pública" ya es el segundo grupo más poderoso de Centroamérica -según el número registrado de "agentes activos"-, solo por detrás del Ejército de Guatemala, que cuenta con 39,000 efectivos en funciones. En ese sentido, el Ejército de Nicaragua cuenta con un personal de 26,000 soldados. En el caso de Honduras, las Fuerzas Armadas no superan los 22,000 soldados activos, y El Salvador tiene por mucho 25,000 efectivos operando.
Un funcionario del Ministerio del Interior (MINT), que habló bajo condición de anonimato por "seguridad", afirmó que "estos grupos no son realmente policías voluntarios, sino estructuras de choque preparadas para actuar como fuerzas parapoliciales". Según esta fuente, el reclutamiento masivo fue diseñado por oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía y coordinado con estructuras locales del FSLN, desde el Ejecutivo.
La activación formal de estos grupos se ha dado a conocer mediante una serie de ceremonias de juramentación llevadas a cabo por la Policía y la Secretaría General del partido oficialista, casi siempre por la mañana. Entre el 15 de enero y el 12 de febrero de 2025, según declaraciones de Díaz, han sido juramentados más de 30,000 nuevos efectivos en actos públicos en los diferentes departamentos del país, con la presencia de medios oficialistas, jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), activistas del FSLN, militares en retiro y hasta docentes:
15 de enero: Madriz (1,204), Estelí (1,300)
17 de enero: Ocotal (1,400)
20 de enero: León (1,500)
22 de enero: Chinandega (3,536)
24 de enero: Masaya (2,000)
27 de enero: Granada (2,000)
29 de enero: Carazo (1,500)
31 de enero: Rivas (2,000)
03 de febrero: Boaco (1,800), Chontales (2,000)
07 de febrero: San Carlos (1,400)
10 de febrero: Nueva Guinea (1,000), El Rama (700)
12 de febrero: Matagalpa (7,000)
Testimonios registrados por el equipo de esta Redacción en al menos cuatro departamentos diferentes revelan que el entrenamiento de estos grupos comenzó a tomar fuerza y "sentido" en 2022, cuando el régimen intensificó el reclutamiento de militantes sandinistas en barrios y comunidades rurales, justo después de la quinta toma de posesión presidencial de Daniel Ortega.
Los entrenamientos se realizaron en lugares como la Academia de Policía Walter Mendoza (ubicada en Managua), cuarteles del Comando de Fuerzas Especiales (COE), bases de entrenamiento de algunos comandos militares regionales y en campos abiertos de Wawaslí, La Mosquitia, La Campana, Estelí y Boaco.
En estos centros, las y los reclutas -en su mayoría hombres- han recibido instrucción en manejo de armas cortas y largas, tácticas de control de disturbios y detenidos, técnicas de interrogatorio y seguimiento físico y digital de disidentes. Un exmilitar, que desertó en 2019 y ahora se encuentra exiliado en Costa Rica, aseguró que "el entrenamiento de los policías voluntarios es prácticamente el mismo que recibe la Policía Nacional, pero con énfasis en operaciones irregulares". "Son desde exreos comunes hasta miembros de la Juventud Sandinista (JS)", señaló.
A diferencia de un reclutamiento convencional para fuerzas de seguridad, los nuevos policías voluntarios no pasan por pruebas de selección rigurosas, desde físicas hasta psicológicas. En cambio, su lealtad al partido y su historial dentro de estructuras sandinistas parecen ser los principales requisitos, impulsados quizás, según una psicóloga nicaragüense y un sociólogo hondureño, por el "poder simbólico" que se les está otorgando.
Por otro lado, una exdirigente barrial del FSLN en Chontales explicó que "las listas de reclutamiento fueron elaboradas por secretarios políticos del partido en cada barrio y comunidad". A muchos reclutas se les prometió acceso a beneficios estatales, como tierras, viviendas o empleos en instituciones públicas. Otros han sido reclutados bajo presiones o amenazas. También hay quienes lo hacen por satisfacción.
Uno de los casos más preocupantes es el de los jóvenes que han sido obligados a ingresar en estos cuerpos. "Muchos muchachos fueron sacados de los programas de JS o la Red de Comunicadores, y trasladados directamente a estos entrenamientos", denunció un activista de derechos humanos desterrado en 2023, quien también dijo que los "campamentos" fueron improvisados, llegando a faltar en varios casos agua, indumentaria, coordinadores y hasta alimentos para los entrenamientos masivos.
La activación masiva de estas fuerzas responde también a una estrategia electoral de cara a 2026. Fuentes cercanas al Ejército, el MINT y el FSLN han confirmado en varios medios independientes que el régimen sandinista solidifica una estructura de seguridad paralela, capaz de actuar fuera del marco legal y sin restricciones constitucionales, en momentos críticos para el sistema estatal y la ciudadanía en general.
Expertos en seguridad consultados por COYUNTURA advierten que estos grupos podrían tener tres objetivos principales:
Sofocar cualquier intento de protesta o levantamiento popular, como los ocurridos desde abril de 2018.
Fortalecer la presencia del FSLN en zonas rurales y urbanas estratégicas, asegurando el control social y militar de puntos estratégicos y territorios amplios.
Intimidar a la oposición, periodistas, activistas, religiosos y disidentes políticos, extremando el ya ascendente clima de miedo, que limita la organización de cualquier tipo de grupo, desde electoral hasta medioambiental, o incluso recreativo.
Un investigador en temas de gobernanza y crimen organizado en América Latina señaló que "este tipo de estructuras se asemejan a las milicias chavistas en Venezuela o a los escuadrones de la muerte que operaron en El Salvador y Guatemala en los años 80". "Su fin único es controlar y ejecutar las órdenes más oscuras", comentó en una llamada telefónica.
Con más de 30,300 nuevos efectivos en un mes y muchos más "policías voluntarios" a la vuelta de la esquina, Nicaragua enfrenta una nueva transformación radical en su esquema de seguridad. Un verdadero ejército de paramilitares, leales al sandinismo, a sus líderes y a su inconstitucionalidad.
El mensaje es claro, fuerte y preciso: Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo han sofocado cualquier vestigio de oposición política, sino que han creado una fuerza dispuesta a ejecutar sus órdenes sin restricciones o consecuencias. En un país donde el poder se sostiene sobre la represión, el ejército de policías voluntarios es una de las herramientas más peligrosas y poderosas para prolongar su control absoluto sobre la nación, mientras ninguno de los países de Centroamérica dice algo al respecto.
En Nicaragua, el silencio es ley. Y a la ley ahora también la representa esta tropa de encapuchados, quienes no tendrán placa o un registro público que permita denunciar abusos y agresiones.
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