Las elecciones regionales en la Costa Caribe de Nicaragua han sido, además de un mero proceso, un triste recordatorio de los peligros que enfrenta la democracia en un país donde el autoritarismo y la represión son cada vez más comunes y extremos. El Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el régimen orteguista, ya anunció que el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) lidera los resultados con un abrumador 89.86 % de los votos en la región de la Costa Caribe Norte y un 57.66 % en la Costa Caribe Sur.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
En un escenario cargado de irregularidades y marcado por la ausencia de opciones autónomas e indígenas, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, controlado por los dictadores Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, anunció la madrugada de este lunes 04 de marzo de 2024 los resultados preliminares de las controvertidas votaciones en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, celebradas el domingo 03 de marzo. Con el 89.86 % de los votos en la Costa Caribe Norte y el 57.66 % en la Costa Caribe Sur, el partido de los dictadores, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en supuesta alianza con otras entidades partidarias, se proclamó como líder en estas elecciones, según el primer informe preliminar del CSE. Sin embargo, estas cifras deben ser interpretadas a la luz de las denuncias de diversas organizaciones opositoras, quienes calificaron el proceso de votación como una "farsa" diseñada para consolidar el control dictatorial sobre las regiones autónomas, que corresponden a más del 50 % del territorio nacional.
Estas elecciones, las primeras en las que se excluyó por completo la participación y representación de las comunidades indígenas y afrodescendientes, han sido ampliamente criticadas. Distintos grupos opositores, periodistas y organizaciones políticas y civiles señalan que se trata de una estrategia coordinada por la dictadura a través del secuestrado Consejo Electoral, apoyada por las fuerzas armadas y de seguridad del país centroamericano, así como todo el aparato institucional.
En ese sentido, el partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA), históricamente vinculado a la lucha por la autonomía y representación de las comunidades indígenas, ha sido prácticamente eliminado por el Gobierno sandinista, sin un proceso legítimo y adecuado. Con su líder, Brooklyn Rivera, y la también legisladora Nancy Henríquez detenidos desde septiembre del año 2023, la cancelación de la personería jurídica de YATAMA dejó a la región sin una opción partidaria autónoma del oficialismo y el Gobierno central.
La cancelación de YATAMA, la única organización con capacidad política para competir contra el FSLN en la Costa Caribe, según expertos locales, ha generado un vacío de representación política en una región históricamente marginada y explotada, con bajos niveles educativos, poca calidad en salud y una infraestructura casi que inexistente. La relación tensa entre YATAMA y la administración sandinista se exacerbó cuando Rivera criticó las políticas gubernamentales para la Costa Caribe el año pasado, culminando en arrestos y represión contra miembros del partido indígena y líderes locales, según un monitoreo realizado por el equipo de COYUNTURA.
El proceso electoral ha estado plagado de irregularidades y violaciones a los derechos de las y los ciudadanos. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas ha documentado diversas anomalías, desde el inicio de la campaña electoral, hace unas semanas, que incluyen el uso indebido de recursos públicos por parte del FSLN para promover su narrativa favorable, hasta la intimidación y coacción de votantes. Por otro lado, la entrega de "Fichas Únicas de Registro", que incluyen información detallada de las y los ciudadanos, ha generado preocupaciones sobre la privacidad y la manipulación de datos con fines partidistas. Además, se ha informado sobre la coacción del voto mediante amenazas y el uso indebido de recursos estatales para movilizar a votantes afines al FSLN.
Las últimas horas de votación el domingo estuvieron marcadas por la baja afluencia de votantes y la intensificación de estrategias de coacción por parte del FSLN. La entrega de códigos, amenazas y presión a trabajadores del Estado fueron algunas de las tácticas utilizadas para influir en el resultado. Un informe de Urnas Abiertas denunció el uso de recursos estatales, la movilización forzada de votantes y la amenaza de quitar pensiones a personas movilizadas.
La violencia política se intensificó, con la presencia de paramilitares, detenciones arbitrarias, intimidación a fiscales liberales y agresiones físicas a comunidades percibidas como opositoras. La situación evidencia la vulneración de los derechos civiles y políticos en un proceso electoral que dista mucho de ser libre y democrático.
El control absoluto del FSLN en las elecciones regionales de la Costa Caribe plantea interrogantes sobre el futuro de la región. Con la eliminación de opciones autónomas y la represión persistente, se prevé un escenario de mayor subyugación y explotación de los recursos naturales de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La falta de representación genuina y la violación de los derechos democráticos ponen en entredicho la legitimidad de este proceso electoral, arrojando sombras sobre el destino de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe en manos de la dictadura de Ortega y Murillo. La autonomía ya fue aniquilada.
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