El Ejército y la Policía han sido actores clave en la represión política que caracteriza al régimen de sandinista de Daniel Ortega. Mientras el Ejército se mantiene fuera del radar de sanciones internacionales, a diferencia de la Policía de Nicaragua, ambos han sido acusados de facilitar la persecución, el espionaje y el despliegue de fuerzas paramilitares contra opositores.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha propuesto reformas significativas a las leyes que regulan las fuerzas armadas y la policía de Nicaragua, con el objetivo de consolidar aún más su control sobre estas instituciones clave. En dos iniciativas enviadas a la Asamblea Legislativa este lunes 25 de noviembre de 2024, Ortega busca extender el período de los jefes del Ejército y la Policía Nacional de cinco a seis años, asegurando de esta manera una mayor permanencia de sus aliados al frente de estos órganos represivos.
Las reformas propuestas afectan a dos leyes fundamentales: la Ley 181, conocida como el Código Militar, y la Ley 872, que regula la Policía Nacional. En el caso del Ejército, la reforma a la Ley 181 modifica el Artículo 8, estableciendo que los ahora copresidentes de la República -tras la reforma brutal a la Constitución nicaragüense- será responsable de nombrar al comandante en jefe por un período de seis años. Según el texto de la reforma, el nuevo comandante asumirá el cargo el 21 de febrero de 2025, tras ser propuesto por el Consejo Militar y aprobado por el presidente con un mes de antelación. La modificación también estipula que el comandante saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión de su sucesor.
Por su parte, la reforma a la Ley de Policía Nacional modifica el artículo 47, permitiendo que el presidente nombre al director general de la Policía por un período de seis años, con la posibilidad de prorrogar el mandato indefinidamente. Esta medida, que refuerza el poder del presidente sobre las fuerzas de seguridad, permite que el director continúe en funciones hasta la toma de posesión del siguiente nombrado, lo que deja abierta la posibilidad de que el puesto sea renovado según los intereses políticos del régimen.
El aumento del período de mandato de los líderes militares y policiales representa una medida clara para garantizar la lealtad de estos cuerpos a Ortega, quienes han jugado un papel crucial en la represión de la oposición y en la protección del régimen. El Ejército y la Policía Nacional han sido señalados en múltiples ocasiones por su involucramiento en violaciones de derechos humanos, especialmente en el contexto de las protestas de 2018, donde ambos cuerpos de seguridad fueron responsables de la represión violenta contra manifestantes.
A pesar de las sanciones internacionales que pesan sobre la Policía de Nicaragua -principalmente por el involucramiento de su actual director, el primer comisionado Francisco Díaz, en las violaciones de derechos humanos-, el régimen sigue fortaleciendo sus fuerzas armadas. La reforma también destaca que el presidente podrá prorrogar el mandato del director de la Policía "de acuerdo a los intereses de la nación", lo que permite al régimen mantener un control prácticamente indefinido sobre esta institución.
A diferencia de la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, bajo el mando del general Julio César Avilés, no ha sido directamente sancionado, aunque su participación en operaciones de espionaje y persecución de opositores lo ha puesto en el centro de la controversia internacional. A pesar de que la reforma al Código Militar prohíbe que el comandante en jefe sea un pariente directo de Ortega, lo que se asegura es que estas instituciones permanezcan bajo el control de figuras leales al régimen.
El fortalecimiento de la autoridad de Ortega sobre estas instituciones también se complementa con las reformas constitucionales presentadas previamente. En ellas, Ortega consolidó su poder al introducir la figura de "copresidentes", lo que le da un poder compartido con su esposa, Rosario Murillo, y extendió su período presidencial a seis años. En este contexto, las reformas a las leyes del Ejército y la Policía Nacional parecen ser una extensión de la misma estrategia de asegurar su permanencia en el poder, al mismo tiempo que neutraliza cualquier amenaza interna o externa a su administración.
Se espera que las reformas sean aprobadas sin mayor resistencia durante la sesión de la Asamblea Legislativa el miércoles 27 de noviembre de 2024 en Managua, dada la controlada mayoría de diputados que responden al régimen. Una vez aprobadas, muy probablemente esta semana, las reformas entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial - La Gaceta. De esta manera, Ortega continúa consolidando su poder a través de medidas legales que aseguran la lealtad de las instituciones que componen su maquinaria represiva, mientras enfrenta crecientes críticas y sanciones internacionales por su manejo autoritario del país centroamericano.
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