Con una Asamblea Nacional dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y un aparato militar-policial completamente alineado con el Ejecutivo, el régimen ha desmantelado cualquier vestigio de independencia institucional. Las reformas recientes no solo consolidan el poder del orteguismo, sino que también limitan las perspectivas de una transición democrática.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El sandinista Daniel Ortega ha prorrogado el mandato del general Julio César Avilés Castillo como jefe del Ejército de Nicaragua por un período adicional de seis años. La decisión, oficializada mediante un acuerdo presidencial publicado en La Gaceta - Diario Oficial hoy, sábado 21 de diciembre de 2024, asegura la permanencia de Avilés hasta el 2031, marcando un total de 20 años consecutivos al frente de la institución militar.
El documento señala que el Consejo Militar respaldó "de forma unánime" la continuidad de Avilés por sus "desempeños y méritos militares". Sin embargo, esta decisión está lejos de ser meramente protocolaria. Avilés es considerado uno de los aliados más leales al régimen de Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, habiendo mantenido al Ejército alineado con las políticas del oficialismo, incluso durante la represión de las protestas masivas desde abril de 2018, cuando fuerzas policiales y paramilitares utilizaron armamento militar contra civiles desarmados.
Julio César Avilés, quien inicialmente se unió al Ejército Sandinista en 1980 con el rango de teniente primero, ha escalado posiciones de manera consistente desde entonces. Durante los años ochenta, tuvo un rol operativo en Estelí, pero no destacó como figura clave en los cuadros históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Fue hasta el período de Omar Halleslevens como jefe del Ejército que Avilés ascendó al cargo de jefe del Estado Mayor, lo que eventualmente lo llevó a la máxima dirección de la institución en el año 2010. Desde entonces, su mandato ha sido caracterizado por una estrecha colaboración con el Poder Ejecutivo, especialmente tras las reformas legislativas recientes que consolidan el poder de Ortega y Murillo sobre las fuerzas armadas y la Policía Nacional. Con esta nueva extensión, Ortega no solo garantiza la continuidad de Avilés, sino también fortalece el control total sobre las instituciones de seguridad del país centroamericano.
La decisión de prolongar el mandato de Avilés se sustenta en las reformas al Código Militar y a la Ley Orgánica de la Policía, ahora controlada por el oficialista FSLN, aprobadas el pasado 27 de noviembre por la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo. Estas modificaciones extendieron de cinco a seis años los períodos de los jefes del Ejército y de la Policía, ambos puestos ocupados por figuras leales al régimen. Además, otorgan a los copresidentes la facultad de prorrogar dichos mandatos según "los intereses de la Nación", lo que en la práctica permite a Ortega y Murillo perpetuar su influencia.
Estas reformas forman parte de un paquete más amplio de cambios constitucionales implementados por el régimen en los últimos 16 meses, según documentación de COYUNTURA, que incluyen la eliminación de los límites a la participación política del Ejército y la Policía. Esto representa un giro significativo respecto a las normas anteriores, que estipulaban que ambas instituciones debían operar de manera apolítica e imparcial. Ahora, con la centralización del poder en el Ejecutivo, Daniel y Rosario eliminaron las barreras legales para politizar a las fuerzas armadas y de seguridad.
El control absoluto sobre el Ejército y la Policía permite al régimen actuar con total impunidad frente a la oposición y cualquier disidencia. Desde las protestas de abril de 2018, que dejaron más de 350 muertos y cientos de detenidos, ambas instituciones han jugado un rol crucial en la represión estatal. Mientras que la Policía Nacional, dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Ortega, ha encabezado las operaciones represivas, el Ejército ha sido señalado por su pasividad cómplice al no intervenir para proteger a la población civil, en medio de constantes ataques contra la prensa, religiosos, organizaciones civiles y partidos políticos.
La reciente reforma constitucional también elimina la formación obligatoria en derechos humanos y derecho internacional humanitario para las y los miembros del Ejército, una medida que analistas y periodistas interpretan como un paso hacia la consolidación de un aparato estatal represivo y sin contrapesos legales o institucionales. La abogada Azahálea Solís, exiliada y desnacionalizada por el régimen, advirtió que estas modificaciones recuerdan al modelo dictatorial de Anastasio Somoza, caracterizado por el control absoluto de las fuerzas armadas por parte de un líder autocrático. Una familia.
La prórroga del mandato de Julio César Avilés y las recientes reformas legales y constitucionales consolidan a Nicaragua como un Estado completamente centralizado en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con el control de las instituciones de seguridad, el Legislativo y el Judicial, el régimen ha cerrado cualquier espacio para la oposición política o el debate democrático. En un contexto donde la represión y la militarización del Estado son herramientas clave del poder, Nicaragua enfrenta una crisis política y de derechos humanos sin precedentes, cada vez más profunda y larga. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han denunciado constantemente las acciones del régimen, pero hasta ahora no han logrado generar una presión significativa para un cambio en el país centroamericano.
La continuación de Avilés al frente del Ejército simboliza más que una simple decisión administrativa: representa la consolidación de un sistema autoritario que asegura la permanencia del orteguismo en el poder, aún a costa de las libertades y derechos fundamentales de las y los nicaragüenses.
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