El régimen sandinista comienza a generar una nueva y fuerte condena internacional en su contra tras desnacionalizar y confiscar los bienes de 135 excarcelados políticos nicaragüenses, quienes fueron enviados a Guatemala el jueves 05 de septiembre tras una negociación entre Managua y Washington.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La reciente decisión del régimen sandinista de Daniel Ortega de despojar de su nacionalidad a 135 presas y presos políticos liberados y desterrados a Guatemala el jueves 05 de septiembre de 2024, "es una nueva muestra del control totalitario ejercido por la dictadura sobre las instituciones y la narrativa en Nicaragua", según una socióloga consultada por este medio. Este acto, que tuvo lugar apenas días después de la liberación y expulsión de estas personas, demuestra la continuidad de la represión sistemática contra aquellos que han osado disentir de la administración orteguista. El lunes 09 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), completamente subordinada a la dictadura, emitió un comunicado a través de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
En ese documento, divulgado por el oficialismo hasta este martes 10, se informa sobre la decisión de retirar la nacionalidad a las y los excarcelados, acusándolos de cometer "hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense". Según el comunicado, estos delitos incluyen incitación a la violencia, promoción del odio, terrorismo, y desestabilización económica. La Corte también ordenó el decomiso de todos los bienes de estas personas, alegando que es necesario para compensar los supuestos "severos daños materiales e inmateriales" causados por sus acciones.
Sin embargo, este ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses es una violación directa de la Constitución del país. El Artículo 20 de la Constitución Política de Nicaragua establece claramente que "ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad". Esta disposición subraya que la calidad de nacional nicaragüense es irrenunciable, un derecho fundamental que no puede ser eliminado arbitrariamente por el Estado. "Y su declaración no es una maquina del tiempo. Nacimos en Nicaragua. Somos nicaragüenses hasta después de morir", señaló a COYUNTURA, desde Ciudad de Guatemala, una de los 135 desterrados este mes.
El despojo de la nacionalidad no es un acto aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de represión que ha caracterizado al régimen de Ortega desde las protestas ciudadanas de abril de 2018. A partir de ese momento, el Estado intensificó sus acciones contra cualquier forma de oposición, llevando a cabo detenciones arbitrarias, juicios sumarios, y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En febrero de 2023, la dictadura ya había tomado medidas similares al desterrar a 222 presos políticos a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y despojarlos de su nacionalidad, con el apoyo de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Poco después, otros 94 nicaragüenses, entre ellos periodistas, activistas, y defensores de derechos humanos, fueron sometidos al mismo trato. Ahora, con esta nueva acción, la cantidad de personas despojadas de su nacionalidad asciende a más de 400.
La decisión de Ortega ha generado reacciones inmediatas a nivel internacional. Azahalea Solís, abogada, defensora de derechos humanos y exiliada en Costa Rica, ha calificado esta medida como una clara señal de la profundización de la crisis política y represiva en Nicaragua. En declaraciones desde Ginebra, donde participa en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Solís recordó que la conversión de una persona en apátrida es considerada un delito de lesa humanidad. Además, indicó que estos casos pueden ser presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, bajo la jurisdicción universal de países que acepten su competencia.
El Gobierno de EE.UU., a través de su asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, también se pronunció sobre la situación este mismo martes. Sullivan destacó que la liberación de los presos políticos se logró por razones humanitarias y reiteró la exigencia de Washington para que el régimen de Ortega retorne pacíficamente a la democracia y libere a todos los presos políticos en Nicaragua.
Las y los 135 nicaragüenses liberados y desterrados se encuentran actualmente en Guatemala, donde han sido alojados varios hoteles de Ciudad de Guatemala. Reciben todavía atención médica y psicológica, así como apoyo del Alto Comisionado para los Refugiados, la agencia de la ONU, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El Gobierno guatemalteco, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, les ha otorgado 90 días de estancia legal bajo el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4), y ha ofrecido la posibilidad de quedarse de forma permanente. Además, Washington ha prometido visados para aquellos que deseen viajar a Estados Unidos de Norteamérica.
No obstante, la situación de estas personas sigue siendo incierta. Al carecer ahora de nacionalidad, su estatus legal es más precario, según juristas consultados por este medio, y dependerán en gran medida de la solidaridad internacional para reconstruir sus vidas en el exilio. Aunque Guatemala ha mostrado una actitud humanitaria al recibirlos, aún no está claro cómo se resolverá su situación a largo plazo. Empleos, ropa, vivienda, servicios básicos, educación, familia, salud, ocio y más.
La estrategia de Ortega de despojar de la nacionalidad a sus opositores no solo representa una violación de los derechos humanos, sino también una táctica para consolidar su poder y eliminar cualquier voz crítica dentro de Nicaragua. Al hacerlo, el régimen no solo castiga a quienes se atreven a cuestionar su autoridad, sino que también envía un mensaje claro a la población: cualquier forma de disidencia será castigada severamente.
El futuro de las y los 135 excarcelados es incierto, y dependerá de las acciones que la comunidad internacional decida tomar para proteger sus derechos. Mientras tanto, la situación en Nicaragua sigue deteriorándose, con una administración cada vez más aislado y represivo, que parece dispuesto a mantener su control a cualquier costo. La lucha por la justicia y la libertad en Nicaragua continúa, y el caso de estos presos políticos es solo un ejemplo más de las graves violaciones que han sufrido y siguen sufriendo miles de nicaragüenses, dentro y fuera del territorio. "No fue suficiente con arrebatarnos la dignidad y desterrarnos", señaló "Ariel", uno de los desnacionalizados hoy, tras enterarse de la noticia.
La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde) y la oenegé Colectivo Nicaragua Nunca Más han condenado enérgicamente la desnacionalización y confiscación de bienes a los 135 excarcelados políticos nicaragüenses desterrados a Guatemala, como resultado de una negociación entre Washington y Managua. La CDN-Monteverde ha calificado esta acción como una decisión ilegal de la Corte Suprema de Justicia, subrayando que viola los derechos humanos al dejar a estas personas aún más vulnerables. El Colectivo Nicaragua Nunca Más también ha manifestado su preocupación y ha solicitado a la comunidad internacional que continúe supervisando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Pedro Gutiérrez, uno de los afectados, ha confesado sentirse devastado por la medida, que se suma a las múltiples aflicciones físicas y psicológicas derivadas de su encarcelamiento. Cristóbal Giovanni López, alias "Tropi Gamer", ha denunciado que la revocación de la nacionalidad es un pretexto para robar sus bienes, una práctica habitual del régimen, mientras que Olesia Muñoz ha afirmado que, a pesar de las leyes arbitrarias del régimen, su identidad nicaragüense permanece intacta en su corazón, aunque reconozca la pérdida institucional de nacionalidad bajo la actual administración. Por otro lado, Henry Blass, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, ha señalado que la medida no le sorprende, dado el historial del régimen, y dice estar a la espera de reasentarse en EE.UU., mientras se completa el proceso.
La resolución de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, que ordenó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de estas personas, ya es criticada por violar la Convención para Reducir la Apatridia de 1961.
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