En medio de estas tensiones diplomáticas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) deberá evaluar la solicitud de intervención de Nicaragua y decidir si permitirá que el régimen de Daniel Ortega participe como parte interesada en el caso. Este desarrollo agrega una capa adicional de complejidad a un conflicto ya de por sí delicado, destacando la necesidad de abordar las implicaciones legales y políticas de las acciones emprendidas por los distintos actores involucrados en este drama internacional, y el interés absurdo de la administración sandinista por formar parte.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El régimen dictatorial liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha enviado una solicitud a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para intervenir en la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel. Esta querella, iniciada el viernes 29 de diciembre del año 2023, está relacionada con la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. El anuncio sandinista fue hecho a través de una nota de prensa divulgada el martes 23 de enero de 2024 por la mañana.
La administración Ortega-Murillo argumenta que se siente en "la obligación de prevenir el genocidio" que, según ellos, Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino en el territorio de Gaza, en conflicto desde el sábado 07 de octubre de 2023. En la solicitud presentada a la CIJ, Nicaragua busca participar como Estado parte del proceso con todas las implicaciones legales que esto conllevaría según el fallo del tribunal.
La dictadura orteguista sostiene que las acciones de Israel constituyen "claras violaciones" a la Convención contra el Genocidio. Basan su argumento en las declaraciones de las más altas autoridades de Israel, las cuales, según Nicaragua, revelan la "intención genocida y la deshumanización" del pueblo palestino. Además, el régimen se declara "comprometido" con el pueblo palestino y "defensor" firme de contribuir a prevenir y sancionar los actos genocidas en Gaza.
En el documento presentado, Nicaragua insta a Israel a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional y a poner fin de inmediato a su asalto militar contra el pueblo palestino, profundizado y empeorado en respuesta a un atentado coordinado en octubre de 2023 por las milicias del grupo terrorista Hamás. Estas acciones de Ortega se suman a amenazas previas realizadas al Gobierno israelí, donde exigía el cese inmediato de la campaña militar en Gaza y advertía con recurrir a la CIJ. Hace solo una semana.
Sin embargo, estas acciones han generado críticas, siendo cuestionadas por diversos sectores, entre ellos el exdiplomático nicaragüense Arturo McFields. Este señala la ironía de Ortega al dar "lecciones de moral" al pueblo israelí, recordando la responsabilidad del régimen orteguista en al menos 350 asesinatos en respuesta a las manifestaciones antigubernamentales desde abril de 2018. McFields, antes sandinista y conocedor de la política exterior de los Ortega-Murillo, expresó en las redes sociales digitales su incredulidad ante la dictadura de Nicaragua que busca condenar el supuesto genocidio israelí.
La solicitud de intervención en el caso de Sudáfrica contra Israel es un paso significativo que coloca a Nicaragua más de cerca en medio de las tensiones internacionales relacionadas con el conflicto en la Franja de Gaza.
Por su parte, Sudáfrica presentó la demanda contra Israel a finales de diciembre de 2023, acusando a este país de llevar a cabo una ofensiva contra Palestina en la Franja de Gaza. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostiene que su país actúa con una "moralidad inigualable" en la campaña en Gaza, la cual ha dejado hasta la fecha a más de 570,000 personas en situación de "hambre catastrófica", según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por otro lado, la ofensiva israelí en Gaza ha matado a más de 25,400 personas desde el 07 de octubre de 2023 hasta el 23 de enero de 2024, según el Ministerio de Sanidad gazatí. La mayoría de ellas y ellos, niños.
La situación actual deja a la comunidad internacional observando de cerca el desarrollo de este caso en la CIJ y sus posibles implicaciones para las relaciones diplomáticas y la resolución de conflictos a nivel global.
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