La legislación sandinista, ya en manos de una comisión de la Asamblea Nacional, contempla sanciones económicas para los operadores de telecomunicaciones que podrían afectar significativamente sus ingresos, lo que sugiere un enfoque recaudatorio por parte de la administración en Nicaragua. También se establecen disposiciones que obligan a los operadores a colaborar con el Estado en situaciones de "emergencia nacional o regional", lo que podría implicar una interferencia en la operatividad de estas empresas y los servicios que ofrecen, más allá de internet.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El régimen dirigido por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua envió esta semana una propuesta de ley a la Asamblea Nacional, controlada por el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que busca ampliar drásticamente su control sobre las telecomunicaciones en el país centroamericano. La denominada "Ley General de Telecomunicaciones Convergentes" plantea una serie de disposiciones que otorgan al Estado un poder sin precedentes sobre los proveedores de servicios de telecomunicaciones y, por extensión, sobre las y los ciudadanos nicaragüenses que utilicen sus funciones, tan básicas como llamadas telefónicas, navegación por internet y hasta televisión por cable o satélite. El artículo 109 de esta iniciativa legislativa establece una obligación apremiante para los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios audiovisuales: deben suministrar, en cualquier momento, toda la información que sea requerida por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), entidad estatal reguladora del sector, también en manos del oficialismo. Esta información incluye datos estadísticos y georreferenciados, los cuales deben ser proporcionados de manera "detallada, precisa, veraz y oportuna". La amplitud de esta disposición ha generado inquietud entre los críticos, quienes temen que el régimen de Ortega pueda utilizarla para ejercer un control aún más intrusivo sobre la actividad de las y los usuarios de telecomunicaciones en todo el territorio, incluyendo sus interacciones en las redes sociales digitales y el contenido al que acceden en internet.
El abogado, analista político y exdiputado, Eliseo Núñez Morales, ha expresado su preocupación por la ambigüedad de este artículo, señalando que podría permitir a TELCOR acceder a información detallada sobre las actividades en línea de la ciudadanía y de comunidades o personas específicas sin necesidad de una orden judicial, pertinente para casos permitidos por ley, como las investigaciones policiales contra el narcotráfico o crímenes violentos. Este nivel de intrusión, según Núñez, podría utilizarse para identificar y castigar a aquellos considerados como "traidores" dentro de las instituciones estatales, lo que podría socavar aún más la libertad de expresión, los derechos constitucionales y el disenso en el país. Además de estas disposiciones relacionadas con la recopilación de datos, la nueva ley también contempla una serie de medidas que otorgan al Estado un control casi absoluto sobre el sector de las telecomunicaciones. Por ejemplo, se prevé que TELCOR supervisará la importación de equipos tecnológicos y tendrá la autoridad para exigir la geolocalización de los usuarios de telefonía. Además, se imponen sanciones severas a los operadores de telecomunicaciones que infrinjan la ley, lo que incluye multas significativas que van desde el 0,5 % hasta el 2,5 % de sus ingresos brutos del año anterior.
Otra disposición controvertida de la ley es aquella que obliga a los operadores de telecomunicaciones a "unirse a las cadenas de radio y televisión" y a poner sus instalaciones y servicios "a disposición del Gobierno en caso de emergencia nacional o regional". Esto plantea preocupaciones adicionales sobre la capacidad del Estado para controlar y manipular la información que se transmite a través de estos medios, lo que podría utilizarse para fortalecer aún más el control del régimen sobre la narrativa pública, la sociedad y todos los sectores de Nicaragua. Si bien el Ejecutivo ha presentado la nueva ley como un esfuerzo para "promover" la conectividad de alta velocidad y de calidad en Nicaragua, los críticos y especialistas argumentan que su verdadero propósito es consolidar el control autoritario sobre las telecomunicaciones y reforzar la capacidad del régimen para reprimir la disidencia y la oposición política. Con un historial de cierre y confiscación de medios de comunicación críticos y una creciente represión contra la oposición política, líderes estudiantiles, sacerdotes católicos y otros, el régimen sandinista ha generado y fomentado un clima de temor y censura que amenaza con socavar aún más los derechos fundamentales en Nicaragua. En respuesta a estas preocupaciones, la comunidad internacional ha instado al Gobierno nicaragüense a respetar los principios democráticos y los derechos humanos. Sin embargo, con el control absoluto que ejerce el partido sandinista en la Asamblea Nacional, es probable que la nueva ley sea aprobada sin obstáculos, lo que plantea desafíos significativos para aquellos que buscan defender la libertad y la democracia en Nicaragua.
Por otro lado, la derogación de una reforma a la Ley creadora de la Cinemateca Nacional y una serie de reformas constitucionales adicionales recientemente aprobadas por el Poder Legislativo nicaragüense, también por orden de Daniel y Rosario, representan otros movimientos preocupantes en el camino hacia la consolidación del control autoritario en el país centroamericano. La derogación de la reforma a la Ley de Cinematografía, que había sido aprobada solo un mes y medio antes de ser revocada, plantea interrogantes sobre la coherencia y la estabilidad de la política gubernamental en Nicaragua. La decisión de revocar la ley, que había establecido una serie de tasas para quienes deseen producir, comercializar y exhibir materiales audiovisuales en el país, sugiere un cambio repentino en la dirección política del régimen de Ortega. Sin embargo, la continuación de los requisitos de permisos para cualquier actividad cinematográfica en el territorio nacional indica que el Estado aún mantiene un control extremos sobre este sector, y otros.
Además de esta derogación, la Asamblea Nacional también aprobó una serie de reformas constitucionales que otorgan al Estado nicaragüense un poder aún mayor sobre sus ciudadanos. Estas reformas, que incluyen disposiciones para despojar de la nacionalidad a las y los opositores políticos, y castigar a los oficiales desertores de la Policía Nacional, reflejan un patrón más amplio de represión y autoritarismo en Nicaragua. Con estas medidas, el régimen de Ortega busca reforzar su control sobre las instituciones estatales y silenciar cualquier forma de oposición política. El hecho de que estas reformas se hayan realizado de manera expedita y sin el debido proceso legislativo, con discusión y ediciones, subraya la falta de respeto del régimen por las normas democráticas y los derechos humanos en Nicaragua. A medida que el Gobierno continúa erosionando las libertades civiles y consolidando su control sobre todos los aspectos de la vida pública, es crucial que la comunidad centroamericana e internacional siga de cerca la situación en el país y aumente la presión sobre el régimen de Ortega para que respete los principios democráticos y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
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