La disposición obliga a los bancos nacionales a reabrir cuentas a las y los sancionados, exponiéndolos a imposiciones secundarias por parte de Estados Unidos de Norteamérica y otros sistemas financieros robustos. Estas acciones podrían cortar los vínculos de los bancos nicaragüenses con sus corresponsalías internacionales, esenciales para realizar transacciones globales. Según expertos en derecho bancario, esto implicaría la paralización de transferencias internacionales, el colapso del comercio exterior y una posible crisis en el sistema financiero nacional.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La Asamblea Legislativa de Nicaragua, bajo el control del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados, aprobó la mañana de este lunes 25 de noviembre de 2024 una controvertida legislación denominada "Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas". Dicho documento establece que las sanciones impuestas por países y organismos internacionales, como Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) , la Unión Europea y Canadá, son "nulas y sin efecto" dentro del territorio nacional, lo que ha generado preocupaciones sobre su impacto tanto a nivel interno como internacional.
La ley, que entra en vigencia de inmediato tras su publicación en La Gaceta - Diario Oficial, pretende contrarrestar las sanciones dirigidas a altos funcionarios del régimen, incluyendo a Rosario Murillo, copresidenta y esposa de Daniel Ortega, y a tres de sus hijos. Estos sancionados, al igual que instituciones vinculadas al Estado y sistema represor sandinista, han sido objeto de medidas punitivas por su implicación en violaciones a los derechos humanos y la represión en el país centroamericano, especialmente desde las protestas de abril en el año 2018. En ese sentido, la legislación establece que las sanciones internacionales, sin importar su naturaleza, carecen de validez en Nicaragua.
Además, prohíbe la negativa o suspensión de la provisión de bienes y servicios privados y públicos, incluidos aquellos de carácter comercial y financiero, bajo el pretexto de cumplir con sanciones extranjeras.
Uno de los aspectos más polémicos de la ley es su aplicación a entidades bancarias nacionales, que se verán obligadas a reabrir cuentas a funcionarios e instituciones sancionadas, como la Policía de Nicaragua y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), bajo riesgo de sufrir represalias por parte de las autoridades nicaragüenses, que podrían incluir, según analistas y disidentes, desde multas hasta el cierre toral de sucursales o entidades financieras. En este sentido, expertos en derecho bancario alertan en medios independientes sobre el peligro de que los bancos nacionales, al cumplir con la normativa interna, puedan perder sus corresponsalías con instituciones internacionales, especialmente en Estados Unidos de Norteamérica.
Esto dificultaría enormemente las operaciones financieras de Nicaragua en el ámbito global, aislando aún más al país de los mercados internacionales y limitando su capacidad de realizar transferencias o transacciones internacionales, mientras Centroamérica avanza en la regularización de estrategias, herramientas y sistemas completos para aumentar la competitividad y los servicios.
La medida tiene el potencial de afectar gravemente al sistema financiero nicaragüense, que depende en gran medida de las relaciones con bancos extranjeros para llevar a cabo transacciones globales. Según analistas financieros, si las entidades bancarias no cumplen con la nueva ley, podrían enfrentarse a multas, sanciones y hasta la suspensión de operaciones. La ley contempla que los infractores sean procesados por "traición a la patria", lo que añade un elemento de presión política e institucional directa sobre las instituciones que deseen mantenerse dentro de las normativas internacionales, "porque es siempre necesario hasta para pagar servicios básicos locales o usar una tarjeta de débito en un país vecino".
En ese sentido, esta normativa llega en un momento en el que Nicaragua ya se enfrenta a un creciente aislamiento económico. En los últimos años, EE.UU., la Unión Europea y Suiza han renovado las sanciones contra funcionarios del Estado y entidades clave, acusándolos de ser responsables de la crisis de derechos humanos en el país. En octubre de 2024, la Unión Europea extendió las sanciones hasta 2025, apuntando no solo a figuras del régimen, sino también a instituciones como el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Desde la administración Ortega-Murillo, la ley ha sido presentada como una medida de defensa contra las agresiones extranjeras que, según su versión, buscan imponer intereses políticos y económicos sobre el país. Sin embargo, la mayoría de las y los analistas consultados por este medio considera que su propósito es, en realidad, proteger a la cúpula del poder sandinista de las consecuencias de las sanciones internacionales.
El régimen de Ortega ha argumentado que estas sanciones son una forma de interferencia en los asuntos internos de Nicaragua, y que la ley busca preservar la soberanía del país frente a presiones externas. Sin embargo, la medida ha sido ampliamente criticada desde el lunes 18 de noviembre de 2024, cuando fue presentada por el sandinismo, no solo por su naturaleza beligerante contra la comunidad internacional y un sistema más grande y poderoso, sino también por el potencial de dañar aún más la economía de un país que ya enfrenta una grave crisis económica y social, con el fin de proteger funcionarios.
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