De la devastación ecológica en Olancho a la consolidación territorial en occidente
Tegucigalpa, Honduras
La única forma de llegar en carro desde Catacamas hasta el río Patuca, en los linderos de la Reserva Biológica Tawahka, es cruzando extensas fincas ganaderas enclavadas en el corazón de las montañas alguna vez cubiertas por la selva original llena de maderas preciosas: miles de cedros, árboles de caoba y otras especies tapizaban paisajes en los que hoy solo hay pastizales, ganado, alambradas. Y narcos.
Una de las fincas más grandes a la orilla de esta carretera es la de Lincoln Figueroa, el acalde de Catacamas desde hace una década, hombre fuerte del Partido Nacional en esta zona de Olancho. Sus colegas de la Corporación Municipal dicen que es hermano de crianza de Reinaldo Sánchez —hombre cercano al presidente Juan Orlando Hernández—.
El alcalde de Catacamas fue señalado en una investigación internacional que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato del ambientalista Carlos Luna en 1998. Figueroa es, también, uno de los ganaderos más importantes de la zona, y uno de los terratenientes que supuestamente abanderó la transformación de la montaña: de una selva de maderas preciosas a un camino transitado por camiones y pick ups que entran y salen con vacas, lácteos.
La carretera sirve además para el trasiego de cocaína porque está en la zona fronteriza con La Mosquitia.
A la par de la finca de Figueroa, en el camino hacia el río Patuca, sigue una propiedad de la familia Amador, señalado como uno de los supuestos clanes del narcotráfico más importante de Olancho.
En estos caminos el Estado de Honduras no existe: no hay postas policiales ni camiones del ejército ni patrullas policiales. La última frontera de la fuerza pública está en Catacamas, a unos 70 kilómetros del río Patuca, una ruta fluvial cercana a la recóndita frontera con Nicaragua que conecta directamente con el Caribe y las selvas de Gracias a Dios, una de las plataformas de aterrizaje de narco aviones más activas del puente centroamericano. Llegar en un todoterreno desde Catacamas hasta alguno de los muelles en la margen izquierda del Patuca cuesta al menos seis horas.
En julio de 2021, al inaugurar el aeródromo El Aguacate una ruta aérea comercial que une ahora Catacamas con la isla Guanaja, en Islas de la Bahía del Caribe hondureño, Reinaldo Sánchez, diputado nacionalista del Partido Nacional por Olancho, concedió en su discurso que su tierra ha sido un lugar aislado, cerrado al turismo, que en ocasiones “provocó una sensación de miedo”. Lo que no dijo Sánchez es que desde 1985, cuando Lincoln Figueroa y otros empresarios madereros de la zona emprendieron la tala del bosque y la transformación ganadera, esta zona del departamento se abrió a todo tipo de contrabando, incluido el de la cocaína.
En aquella inauguración de la ruta comercial en El Aguacate también estuvo el presidente Hernández, quien habló, como suele cuando inaugura infraestructura, de progreso y desarrollo.
Un ex regidor de Catacamas, a quien aquí llamaremos Carlos Munguía por razones de seguridad, certifica ambas cosas, lo que dijeron Sánchez y el presidente Hernández: Catacamas es un lugar en el que se vive con miedo, sobre todo en algunos de los caminos que cruzan sus montañas en las rutas del narcotráfico, y también ha sido un lugar en que el trasiego de drogas ha progresado y se ha desarrollado desde principios de siglo.
El Aguacate, el aeródromo remozado para el acto de julio de 2021, es una pista en la que la cocaína ha aterrizado sin mayores problemas. En los tiempos en que el gobierno de Ronald Reagan en Washington financiaba la guerra de la contra, El Aguacate servía a los aviones financiados por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (la CIA) que aterrizaban cargados de armas para el ejército irregular y volvían a emprender rumbo al norte con las panzas cargadas de cocaína colombiana. “Durante mucho tiempo seguimos viendo helicópteros Chinook que aterrizaban a cualquier hora”, recuerda el exregidor Munguía.
Luego, alrededor de 2004, dice Munguía, en El Aguacate empezaron a aterrizar entre cuatro y cinco vuelos semanales. Eran años en que no había ruta comercial alguna. “Le daban entre 20,000 y 30,000 lempiras al jefe policial de turno por cada vuelo”, cuenta un exjefe policial que hizo labor antinarcóticos en Olancho.
Recorrimos carretera que mueve droga de Olancho y La Mosquitia
Pero la clave del control territorial en Olancho, sobre todo de Catacamas hacia el este y hacia el norte, no es la corrupción policial que permitió el uso de El Aguacate y el trasiego desde ahí a las carreteras que conectan con el Atlántico, Tegucigalpa y San Pedro Sula, los principales centros de distribución del país, sino el dominio de los caminos de terracería que cruzan las fincas de Lincoln Figueroa y Los Amador.
A inicios de los años ochenta, el ganadero Reinaldo Antonio Sánchez, uno de los más importantes de la zona en aquel momento, asentado en el pueblo de Manto, envío a Lincoln Figueroa, uno de sus hijos de crianza, a expandir el negocio ganadero en Río Blanco, un poblado en los límites de la reserva natural Patuca, en la cuenca del río del mismo nombre. En poco tiempo, Figueroa empezó a comprar y vender tierra.
Un campesino olanchano, residente en Catacamas y a quien aquí llamaremos El Montañés por seguridad, recuerda cómo entre 1984 y 1985 él y su familia llegaron a la zona de Mesetas, al norte de Río Blanco, en busca de tierras. “Todavía eran días en que uno caminaba días y solo había selva”, cuenta El Montañés. Con los años todo luce descombrado. Nadie más que un par de reporteros pueden oír esta conversación en la cabina de un pick up que lleva horas recorriendo las trochas de Olancho una mañana de agosto de 2021, pero el campesino es prudente: el alcalde de Catacamas y los torones, como aquí llaman a los capitanes del narcotráfico, tienen oídos por todos lados.
No le falta razón al Montañés. Conforme el carro avanza hacia las fincas de Figueroa y Los Amador, empiezan a aparecer motos tripuladas por hombres con radios y armas.
Una de las propiedades de Figueroa, de las últimas antes de llegar a la margen izquierda del Patuca, a la altura del caserío Cururía, mide unas 2,000 manzanas, según El Montañés, quien nombra casi de memoria cada rincón de trocha, alambrado y arroyo que se atraviesa en estos caminos. Cruzar la propiedad cuesta unos 35 minutos y atravesar 15 portones de hierro que, según las reglas de los ganaderos locales, cualquiera puede abrir mientras no haya problemas entre vecinos. En los tiempos más duros, recuerdan El Montañés y el exregidor Munguía, los propietarios clausuraban los portones con candados; abrirlos sin permiso podía ser una sentencia de muerte.
La presunta propiedad de Figueroa empieza al pasar uno de los meandros del río Cuyamel, afluente del Patuca. A ambos lados del camino, corrales de madera flanquean una casa pequeña de la que sobresale una antena de cable, de la marca Claro.
Al terminar de recorrer la finca, casi 40 minutos después, se abre la tierra de Los Amador, una familia a la que el gobierno hondureño decomisó otras propiedades y dinero en efectivo en una operación de 2016 a la que la Policía Nacional bautizó Olimpo. A pesar de esa acción, la familia presuntamente sigue controlando el narcotráfico en esta parte de Olancho; buena parte de la tierra que tienen en la cuenca del Patuca se la compraron a Lincoln Figueroa. Y, como el alcalde, Los Amador imitaron la fórmula de los traficantes de madera en Catacamas: descombrar el bosque natural de cedro y caoba para meter ganado y abrir rutas de negocios. En múltiples ocasiones, el acalde ha negado estos señalamientos. RI escribió a una cuenta de correo electrónico de la municipalidad de Catacamas en busca de los comentarios de Figueroa pero no hubo respuesta.
Al final del camino que pasa por estas fincas se llega a un costado de Cururía, a uno de los nuevos atracaderos en el Patuca, que conectan directamente hacia la margen derecha y, de ahí, a Nicaragua. Río abajo se entra a La Mosquitia, en el vecino departamento de Gracias a Dios, y río arriba se llega a Valencia y Palestina, dos atracaderos más viejos que, según información de la inteligencia militar hondureña, son puntos de recalaje comunes en las rutas del contrabando y el narcotráfico. Las mercaderías salen de estos lugares por pangas, que son embarcaciones anchas y planas —hay tramos en que la profundidad del río es escasa- impulsadas por motores fuera de borda—.
El club de los narco alcaldes
Lincoln Figueroa es parte de un club político aun sin tener conexiones claras. Figueroa está unido por un hilo en común, el del uso del poder que les han dado los votos y al final, por omisión o por coincidencias aparece en documentos ligados a personas señaladas por delitos ambientales o de violencia.
Una de las principales fórmulas de penetración de los grupos que financian campañas electorales con dinero del narcotráfico se encuentra en el caso de Alexander Ardón, el exalcalde nacionalista de El Paraíso, Copán, al otro extremo de la ruta de la cocaína en Honduras. Un policía que fungió como alto mando de la inteligencia policial a principios de la década pasada aseguró a RI que en 2013, Ardón financió la campaña de Juan Orlando Hernández a la presidencia del país y a otros candidatos del Partido Nacional en Copán; aportó 30 millones de lempiras (unos US$1.2 millones al cambio actual) a cambio de protección. El caso de Ardón es emblemático porque él mismo financió su participación en política con ganancias de su empresa narco.
El de Alexander Ardón en El Paraíso, en la salida hacia Guatemala por el occidente hondureño, es el ejemplo más conocido de cómo el dinero del narcotráfico llegó hasta lo más alto de la política nacional e influyó en la decisión del voto. En el nororiente, las acciones del sempiterno alcalde nacionalista de Catacamas, Lincoln Figueroa, tuvieron consecuencias en la consolidación de las rutas terrestres y fluviales para la ganadería extensiva, por las mismas vías sucede la tala ilegal de madera. Son ejemplos que siguen resonando a pocos días de las elecciones presidenciales de este noviembre. En todas estas historias aparece la mano de Juan Orlando Hernández.
Marco Ramiro Lobo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral en 2017, asegura que Chande Ardón, aun preso en Estados Unidos, que lo juzga por narcotráfico, sigue teniendo influencia en la política copaneca. El hijo de Ardón, dice Lobo, maneja los hilos de una de las candidaturas legislativas por Copán y las administraciones municipales de El Paraíso y Dulce Nombre. El chandismo está frontalmente peleado con el presidente Hernández, coinciden fuentes municipales consultadas por RI en Copán.
“Chande no ha perdido poder en el Partido Nacional”, asegura Lobo.
A diferencia del copaneco, sobre Lincoln Figueroa no pesan señalamientos por narcotráfico. Al de Olancho, investigaciones de la Policía Nacional y del ejército hondureño -realizadas entre 2010 y 2014 por fuerzas de tarea conjuntas a las que Estados Unidos asesoró a través de la DEA y con algunos de cuyos mandos ha hablado en varias oportunidades RI- lo ubican como facilitador de la transformación del suelo que sirvió para alimentar las empresas de grupos como Los Amador, y por proveer, a través de la ganadería y compañías de productos lácteos, frentes para el lavado de activos.
La tala ilegal: legalizada
Las reservas naturales y protegidas de Olancho se extinguen por la tala ilegal. Es el departamento con mayor cantidad de bosque en Honduras. La tala ilegal no es nada nueva. Tampoco es novedoso que la madera y la droga sean traídas en los mismos depósitos. El general Julián Arístides Gonzáles, antes de su asesinato, seguía la pista de alias Paviche como el supuesto contacto entre traficantes de madera y de droga y encargado de sobornar a las autoridades.
El trasiego de madera se hacía en los noventa y en los dos mil a través de la legalización y falsificación de documentos de la desaparecida Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor). Por esta gerencia pasaron el expresidente Porfirio Lobo Sosa y luego Hilda Hernández, la hermana de Juan Orlando Hernández, consta en los informes del Monitoreo Forestal Independiente (MFI).
Con el escándalo y las miradas encima de Cohdefor por su complicidad en el trasiego de madera y bajo la administración del mandatario José Manuel Zelaya Rosales se emitió la Resolución CD-236-06 “Maderas de Bosques Latifoliados en Situación de Abandono”. Esto legalizó la extracción de madera preciosa en Olancho y la Biósfera del Río Plátano, patrimonio de la humanidad.
El Congreso Nacional reformó la ley y creó el Instituto de Conservación Forestal (ICF), pero en la primera administración de Juan Orlando Hernández (2010-2014) sobrevino una presunta plaga de gorgojo descortezador que permitió seguir cortando madera bajo este argumento legal.
El resultado de todo esto es que donde antes hubo bosque de pino, ahora hay carreteras y pasto para el ganado.
Para la elaboración de este reportaje, dos periodistas de Reporteros de Investigación viajaron varias veces a Olancho, Copán y Cortés entre 2019 y 2021. En Copán visitaron Santa Rosa de Copán, El Espíritu, Santa Rita, Copán Ruinas, La Entrada y San Antonio. En Olancho estuvieron en Catacamas y recorrieron los caminos de terracería que unen esa ciudad con los ríos Patuca y Cuyamel en las reservas del Río Plátano y Tawahka. En Cortés, San Pedro Sula y Choloma. También se realizó reporteo en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En estos viajes, los periodistas hablaron con exfuncionarios gubernamentales, miembros de la inteligencia policiales, militares asignados al combate al narcotráfico, diplomáticos, funcionarios municipales, periodistas, religiosos y miembros de la sociedad civil. La mayoría de los entrevistados pidió que no se citará sus nombres: Honduras es un lugar en el que hablar con reporteros puede tener implicaciones graves, incluso letales. Cuando las fuentes accedieron a que se les identifique, queda así consignado en el texto.
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Un trabajo de Reporteros de Investigación
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