La extradición del opositor nicaragüense Douglas Gamaliel Pérez Centeno por parte del Gobierno costarricense ha suscitado un intenso debate en la comunidad internacional y centroamericana, especialmente entre las y los exiliados nicaragüenses y defensores de derechos humanos. Este evento, cargado de implicaciones políticas y humanitarias, resalta la complejidad de las relaciones entre ambos países y la preocupación por el respeto a los derechos fundamentales de los individuos. Pérez Centeno, de 44 años, fue entregado a las autoridades policiales del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusado de participar en un violento asalto en Río San Juan en 2022. El proceso de extradición, que culminó el pasado viernes 16 de febrero de 2024, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de diversos actores políticos y sociales, quienes argumentan que se trata de un atropello a los principios del derecho internacional y los derechos humanos.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En un acto que ha desencadenado una serie de reacciones y preocupaciones en Nicaragua y varios sectores de Centroamérica, el Gobierno de Costa Rica entregó al opositor nicaragüense Douglas Gamaliel Pérez Centeno al régimen de Daniel Ortega el pasado viernes 16 de febrero de 2024. Pérez Centeno, también conocido como "Relámpago", fue extraditado por las autoridades costarricenses, generando inquietud entre las y los exiliados nicaragüenses en Costa Rica y activistas de derechos humanos, al ser el primer nicaragüense entregado a las autoridades sandinistas desde el territorio costarricense.
Pérez Centeno, de 44 años de edad, es acusado por el régimen nicaragüense de participar en el asesinato de la oficial de la Policía Nacional, Aracely Marisol Díaz Salinas, y del trabajador administrativo, Pedro Pablo Chavarría Rivas, durante un asalto a un vehículo de una empresa cacaotera en la comunidad Buena Vista, municipio de El Castillo, Río San Juan, fronterizo con Costa Rica, el sábado 01 de octubre del año 2022. Junto a él, también se busca a Reinaldo Picado Miranda, alias "comandante Omar", por los mismos delitos. Ambos ciudadanos, conocidos como opositores nicaragüenses, son exguerrilleros que lucharon contra la Revolución Ciudadana en los años 80 y participaron en las protestas contra el régimen de Ortega en el año 2018, huyendo a Costa Rica ese mismo año debido a la represión y persecución generalizada contra las y los opositores. Fueron detenidos en Costa Rica poco después del asalto que se les imputa. Picado Miranda permanece aún en una cárcel costarricense. Tiene antecedentes de homicidio (1995) y violencia psicológica (2013).
La Policía de Nicaragua acusa a Pérez Centeno y otros individuos (dos de ellos también con antecedentes policiales) de ser autores del homicidio doble antes mencionado. Según el comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía de Nicaragua, las seis personas robaron C$ 443,938.63 córdobas (unos $ 12,120 dólares), correspondiente a una supuesta planilla de pago, y sustrajeron además armas y pertenencias de la Policía Nacional.
La extradición de Pérez Centeno ha levantado preocupaciones entre los exiliados nicaragüenses en Costa Rica, quienes temen que este caso establezca un peligroso precedente para futuras extradiciones de opositores reclamados por el régimen de Ortega. Juan Diego Barberena, abogado y opositor nicaragüense exiliado en Costa Rica, advierte sobre la falta de garantías fundamentales y procedimientos adecuados en el proceso de extradición. Barberena destacó en una entrevista que la decisión de las autoridades judiciales costarricenses se basa en un tratado de extradición firmado hace 130 años entre Costa Rica y Nicaragua, el cual compromete a ambos países a entregarse mutuamente a individuos condenados o enjuiciados por crímenes como homicidio, asesinato, parricidio, entre otros. Sin embargo, críticos consultados por el equipo de COYUNTURA argumentan que este tratado no distingue entre acciones políticas y delincuenciales, generando dudas sobre la extradición de personas que son consideradas opositores políticos.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha tratado de desvincular al Poder Ejecutivo de la decisión de extraditar a Pérez Centeno, enfatizando que se trata de un proceso 100 % judicial. No obstante, el abogado defensor de Pérez Centeno, Daguer Hernández, sostiene que el Ejecutivo costarricense tiene responsabilidad directa en la extradición al negar el asilo y el refugio al opositor, quien lo habría solicitado desde 2018.
Organismos de derechos humanos, como el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) y el Partido Humanista Social Cristiano de Nicaragua (PHSC), expresaron su preocupación y calificaron la entrega de Pérez Centeno como una grave "amenaza" a su integridad física y vida. También denunciaron la posible colaboración entre el presidente costarricense y Ortega, destacando la extradición como un acto que "empodera" al régimen y legitima al Poder Judicial nicaragüense, causante de más de 50 juicios políticos, carentes de legitimidad y garantías judiciales, solo en 2022.
Barberena y el también abogado Danny Ramírez-Ayerdiz sostienen que Costa Rica violó el principio de no devolución y normas internacionales de derechos humanos al entregar a Pérez Centeno a la dictadura nicaragüense. Se basan en el inciso 1 del Artículo 3 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prohíbe la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando hay razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
Los abogados critican la falta de imparcialidad del Poder Judicial nicaragüense y el riesgo que enfrentarían las y los nicaragüenses extraditados o deportados a enfrentar persecución política, judicialización y violaciones a los derechos constitucionales y humanos por parte del régimen de Ortega. Señalan la posibilidad de que las autoridades costarricenses continúen accediendo a peticiones de extradición por parte del régimen nicaragüense, poniendo en riesgo la seguridad de las y los exiliados nicaragüenses en Costa Rica.
La extradición de Pérez Centeno no es el único caso que ha generado preocupación en la comunidad nicaragüense en Costa Rica y en otros puntos de Centroamérica. El profesor indígena Gabriel Putoy, quien obtuvo refugio en Costa Rica en abril del año 2023, ha sido objeto de una orden de captura internacional por parte de la administración Ortega-Murillo. Putoy ha perdido su empleo y se le ha impedido abrir cuentas bancarias en Costa Rica, generando dudas sobre la efectividad de la figura del refugio en el país centroamericano.
La reciente extradición de Centeno y la situación de Putoy, en sincronía o por separado, evidencian la vulnerabilidad de los exiliados nicaragüenses en Costa Rica. Activistas de derechos humanos y defensores de las y los exiliados han expresado su preocupación por el precedente peligroso que ya se ha establecido, permitiendo futuras extradiciones de opositores políticos. Se hace un llamado a organismos internacionales y a la comunidad internacional para que monitoreen de cerca la situación, exijan garantías de derechos humanos para las personas desplazadas y presiones para el Gobierno costarricense para que reconsidere su posición respecto a las extradiciones a Nicaragua. En ese sentido, el lunes 26 de febrero de 2024, ocho opositores nicaragüenses le solicitaron en una misiva a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica un alto a las extradiciones hacia el país vecino.
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