El Gobierno de Costa Rica ha rechazado enérgicamente las acusaciones de tratos bajo la mesa con cárteles de la droga. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, ha negado rotundamente la existencia de cualquier acuerdo o acercamiento con los narcotraficantes. Ha enfatizado que en el país centroamericano, que vive una crisis de seguridad, negociar con bandas criminales es un delito, y cualquier persona que participe en tales actividades enfrentará consecuencias legales severas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
El periódico mexicano El Universal ha arrojado luz sobre lo que podría ser una de las noticias más impactantes en la historia reciente de Costa Rica y la región centroamericana, incluso después de las negociaciones entabladas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con las maras y pandillas que plagan la nación. Según esta publicación, el Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles estaría en medio de negociaciones secretas con los peligrosos cárteles de la droga, específicamente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La finalidad de estos acuerdos, según la fuente del rotativo, sería reducir la alarmante ola de violencia que ha asolado al país centroamericano, a cambio de permitir que estas organizaciones criminales continúen operando en su territorio.
Este revelador reportaje, que ha dejado a la sociedad costarricense en estado de shock, plantea cuestionamientos cruciales sobre la seguridad, la integridad institucional y la ética gubernamental en el país conocido por su estabilidad política y paz social en medio de una región convulsa. Al final, el panorama que se dibuja pone de manifiesto la gravedad de la situación y sus posibles consecuencias.
Costa Rica, con su apodo de "Suiza centroamericana" debido a su tradicional estabilidad política y bienestar social, ha sido testigo en el año 2023 de un aumento drástico en la violencia y la criminalidad. Según cifras proporcionadas por el Organismo de Investigación Judicial, el país ha registrado 666 homicidios hasta septiembre, y se proyecta que esta cifra alcance los 900 al final del año si la tendencia continúa. Esto contrasta con las 654 muertes violentas en 2022 y los 588 homicidios detallados en el año 2021.
El presidente Chaves, quien asumió el cargo en mayo de 2022, ha enfrentado críticas por no cumplir una de sus principales promesas de campaña: reducir los niveles de violencia en el país. A pesar de sus declaraciones en la Asamblea Legislativa sobre la importancia de la seguridad ciudadana, los homicidios han seguido aumentando de manera constante durante su mandato.
Según El Universal, la información se basa en fuentes costarricenses que tienen acceso privilegiado a datos relacionados con la seguridad, el crimen organizado y el sistema de justicia. Estas fuentes, que han preferido permanecer en el anonimato por razones de seguridad, afirman que el Gobierno costarricense habría iniciado conversaciones secretas con grupos mafiosos locales vinculados a los poderosos cárteles mexicanos de la droga: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El objetivo de estas negociaciones, según las fuentes, sería reducir la creciente violencia callejera en Costa Rica a cambio de permitir que los cárteles continúen operando y traficando drogas a través del país, que sirve como una ruta clave para el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos de América (EE.UU.) y México. Los contactos habrían sido establecidos por figuras clave en las estructuras de seguridad costarricenses, algunos de los cuales ocupan cargos en el Gobierno de Chaves, así como abogados defensores que tienen conexiones en el mundo del crimen organizado.
Estas conversaciones, según El Universal, se habrían gestado en el seno del Poder Ejecutivo de la Seguridad y habrían avanzado a medida que se consolidaban los lazos entre los narcotraficantes costarricenses y los cárteles mexicanos para la exportación de drogas. Acorde con la misma fuente, las negociaciones se habrían iniciado hace aproximadamente un año, coincidiendo con el comienzo de la administración de Chaves.
La respuesta del Gobierno costarricense
La noticia de estas negociaciones ha generado un profundo rechazo y preocupación en la sociedad costarricense. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, la calificó como "la más grave denuncia que haya visto" y exhortó a las autoridades judiciales a investigar a fondo estos hechos.
En respuesta a las acusaciones, el Gobierno de Costa Rica ha emitido un comunicado enérgico refutando las afirmaciones de El Universal. Según el oficialismo, "no existe negociación, no existen acuerdos, no existen acercamientos con delincuentes costarricenses o mexicanos". Han destacado la Operación Soberanía, una iniciativa destinada a combatir el narcotráfico y prevenir la exportación de cocaína a Europa desde el puerto de APM Terminals.
Este mismo miércoles, l ministro de Seguridad costarricense, Mario Zamora, también ha negado las acusaciones y ha afirmado que en Costa Rica es un delito negociar con bandas criminales. Zamora ha instado a que se presente una denuncia formal ante la Fiscalía General para investigar las acusaciones y ha destacado los logros de la Operación Soberanía en la lucha contra el narcotráfico durante el último año, sin dar cifras o datos específicos.
La implicaciones
Las acusaciones de negociaciones secretas entre la administración costarricense de Chaves y los cárteles de la droga son extremadamente serias y plantean preguntas fundamentales sobre la integridad del Gobierno, la seguridad nacional y la ética en la política local. Costa Rica, conocida por su estabilidad política y respeto a la ley, se enfrenta a una crisis de seguridad sin precedentes, y la posibilidad de que el Gobierno haya buscado acuerdos con grupos criminales para combatirla es impactante. Un caso que apenas comienza.
Si bien el Gobierno ha negado vehementemente estas acusaciones, la sociedad costarricense merece respuestas claras y una investigación exhaustiva para esclarecer la verdad detrás de estas alegaciones. Las implicaciones de tales negociaciones, si se confirmaran, podrían ser devastadoras, incluyendo el deterioro de la integridad institucional, el aumento de la influencia del narcotráfico en la política y la sociedad, y el debilitamiento de la seguridad pública.
En un momento en que Costa Rica se encuentra en una encrucijada de seguridad, es crucial que se aborden estas acusaciones de manera transparente y eficaz para mantener la paz y la estabilidad que el país ha disfrutado durante tanto tiempo, aunque ahora mismo esta realidad no implica el verdadero presente del país.
Un año mortífero
Costa Rica está experimentando un aumento alarmante en los homicidios en el año 2023, marcando un récord histórico para el país a pesar de su reputación como uno de los lugares más felices y pacíficos del mundo, según el Informe Mundial de la Felicidad de las Naciones Unidas. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señala que hasta la fecha, el país ha registrado más de 600 homicidios en el año, lo que ha generado preocupación tanto en las autoridades como en la población. El Gobierno costarricense advierte que esta cifra podría alcanzar los 900 homicidios o más para finales de año, superando el registro de 654 muertes violentas en 2022, lo que indica un aumento significativo de la actividad criminal en manos de bandas locales vinculadas al narcotráfico.
Las autoridades señalan que la ubicación estratégica de Costa Rica entre Colombia, como país productor de drogas, EE.UU. y Europa, como consumidores, ha convertido al país centroamericano en un punto clave para las operaciones del narcotráfico. En consecuencia, dos tercios de los homicidios registrados en 2023 se atribuyen a bandas que luchan por el control de esta lucrativa actividad ilegal. El director del OIJ, Randall Zúñiga, ha destacado la necesidad de aumentar las inversiones en seguridad pública para abordar esta creciente crisis.
El presidente Rodrigo Chaves ha reconocido la lucha constante por el poder y los recursos en el país. Mientras tanto, según un estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, la inseguridad y la delincuencia son considerados el principal problema del país por la ciudadanía, con un alto grado de desconfianza en la capacidad del Gobierno para resolver esta preocupante situación.
La administración de Chaves ha implementado medidas como el aumento de recursos técnicos para las fuerzas de seguridad y una mayor presencia policial en las calles para hacer frente a la ola de criminalidad. Además, el Congreso está evaluando proyectos para enfrentar la situación, incluyendo la posibilidad de la extradición de delincuentes costarricenses solicitados por autoridades extranjeras y mejoras en la tecnología para las intervenciones telefónicas.
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