El fallo establece que Nicaragua transgredió los derechos territoriales y de autodeterminación de las comunidades indígenas al otorgar la concesión del canal sin respetar los estándares internacionales. Además, el tribunal señaló interferencias indebidas en la designación de líderes comunitarios y denunció la inacción del Estado -en manos de Daniel Ortega desde 2007- frente al daño ambiental provocado por la presencia de colonos en tierras indígenas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) del lunes 18 de noviembre de 2024 marcó un hito en la defensa de los derechos indígenas en Nicaragua y Centroamérica. La sentencia responsabilizó al Estado por violaciones a los derechos de las comunidades Rama, Kriol y Negra Creole, ocurridas durante el fallido proyecto del Canal Interoceánico impulsado por la administración sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo. La Corte ordenó al Estado indemnizar con 1.5 millones de dólares a las comunidades afectadas y cumplir con una serie de medidas reparadoras. Al momento de concluir este texto, el régimen Ortega-Murillo no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.
La sentencia concluye que el Estado nicaragüense aprobó y promovió el proyecto del Gran Canal Interoceánico sin realizar procesos de consulta previa, libre, transparente e informada con las comunidades indígenas y afrodescendientes, incumpliendo estándares internacionales y la Constitución. Además, identificó interferencias indebidas en la organización de estas comunidades y una falta de respuesta efectiva a sus reclamos legales.
La Corte también destacó el impacto ambiental negativo generado por el proyecto y la incapacidad del Estado para mitigar las consecuencias de actividades extractivas en tierras ancestrales. Como parte de las reparaciones, se ordenó al Estado implementar un fondo destinado a proyectos comunitarios enfocados en educación, salud, seguridad alimentaria y remediación ambiental, entre otros, temas en los que el oficialismo no pinta ni invierte desde hace muchos años. Por ello y más, el cumplimiento de esta sentencia enfrenta obstáculos. Desde 2022, Nicaragua ha sido declarado un Estado en desacato por la CorteIDH debido a la falta de respuesta a sus resoluciones, incluidas aquellas relacionadas con la protección de derechos humanos y la liberación de presos políticos. Esta renuencia a acatar las decisiones del tribunal pone en duda la viabilidad de las medidas reparadoras ordenadas esta semana, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) controlando los tribunales locales y los recursos.
En un giro sorpresivo, el sandinista Daniel Ortega presentó el mismo día del fallo una nueva propuesta para el Canal Interoceánico durante la Cumbre Empresarial de China, América Latina y el Caribe en Managua. La iniciativa propone una ruta de 445 kilómetros, atravesando comunidades indígenas y ecosistemas cruciales como el lago Xolotlán, y ya no el Gran Lago de Nicaragua, Cocibolca.
Organizaciones como la Fundación del Río denunciaron la nueva propuesta como una maniobra propagandística para distraer la atención del fallo adverso de la CorteIDH. Ambientalistas y expertos, como el exiliado nicaragüense Amaru Ruiz y la abogada hondureña Karina Pineda, señalaron que el proyecto carece de fundamentos técnicos y viabilidad económica, alertando sobre los daños irreparables que podría causar al medio ambiente y las comunidades afectadas, y a la competencia regional, con Honduras proyectando un Ferrocarril Interoceánico.
La comunidad internacional y organismos defensores de derechos humanos han manifestado desde hace varios años preocupación ante la continuidad de políticas que vulneran los derechos indígenas y ambientales en Nicaragua. La Fundación del Río instó a una vigilancia constante para garantizar el cumplimiento de la sentencia y evitar nuevos atropellos. Por otro lado, María Luisa Acosta, representante del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), advirtió sobre las implicaciones de la nueva propuesta canalera, con China como la mejor apuesta, que sigue ignorando las obligaciones del Estado respecto a la consulta previa y los derechos territoriales de las comunidades indígenas. El conflicto entre las aspiraciones económicas del sandinismo y los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, junto a la carga estatal por el medio ambiente que el oficialismo no asume, plantea un desafío crucial y multifactorial para Nicaragua. El anuncio de un megaproyecto faraónico, presentado en formato PowerPoint sin detalles técnicos claros, contrasta con la presión internacional para que el sandinismo cumpla con las reparaciones ordenadas por la CorteIDH.
La reactivación del sueño del canal interoceánico, lejos de ser una solución económica alcanzable, representa una amenaza directa a la estabilidad social, ambiental y cultural de Nicaragua. La falta de consulta y el desprecio por las sentencias internacionales reflejan una política estatal que prioriza intereses políticos y económicos por encima del bienestar de su población más vulnerable.
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