De al menos 115 personas beneficiarias de medidas provisionales desde 2022, unas nueve continúan detenidas bajo condiciones inhumanas, mientras que otras han sido deportadas en operaciones masivas hacia Estados Unidos de Norteamérica y Guatemala.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió este miércoles 08 de enero de 2025 una nueva resolución de medidas provisionales instando al régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo en Nicaragua a liberar de forma inmediata al periodista Catalino Leo Cárcamo. Cárcamo, quien se encuentra desaparecido desde noviembre del año 2024 tras su detención por fuerzas del Estado, es un símbolo de la lucha por la libertad de expresión en un país marcado por la represión y el autoritarismo.
En su resolución, la CorteIDH ordenó al régimen nicaragüense determinar el paradero del periodista, garantizar su integridad física y mental, y proporcionarle acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada. Además, el tribunal exigió que se implementen medidas de protección para los familiares de Cárcamo, quienes también han sido objeto de amenazas.
La resolución, emitida tras una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), subraya que la situación de Cárcamo lo coloca en un estado de extrema vulnerabilidad, agravada por la falta de información sobre su paradero. Según el tribunal, este caso se enmarca en un contexto más amplio de persecución política en Nicaragua, donde el régimen de Ortega y Murillo ha arremetido sistemáticamente contra voces disidentes, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil.
Leo Cárcamo, de 62 años, ejercía como periodista en la extinta Radio Darío al momento de su primera detención en 2018, durante las protestas masivas contra el régimen. Esas manifestaciones, que dejaron más de 350 muertos según informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), marcaron el inicio de una escalada represiva que ha llevado al exilio a unos 280 periodistas nicaragüenses en los últimos seis años, de acuerdo con datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
La nueva detención de Cárcamo en noviembre de 2024 se dio en el marco de redadas policiales en los departamentos de León y Masaya, realizadas un día después de que el régimen aprobara una reforma constitucional que consolidó aún más el poder de Ortega y su esposa, Murillo, como "copresidentes". Estas acciones no solo buscan silenciar a opositores, sino también consolidar el control absoluto sobre todas las instituciones del Estado.
Desde 2022, la CorteIDH ha declarado al Estado nicaragüense en desacato debido a su reiterado incumplimiento de las medidas provisionales dictadas para proteger a presos políticos. Estas resoluciones han beneficiado a 115 personas detenidas y sus familias, aunque solo una parte ha sido liberada, principalmente a través de deportaciones masivas hacia Estados Unidos de Norteamérica, Roma y Guatemala.
En el caso de Cárcamo, la Corte enfatizó la urgencia de su liberación, considerando que su detención y desaparición constituyen una violación flagrante de sus derechos fundamentales. La situación refleja un patrón de represión que ha sido documentado en múltiples resoluciones previas del tribunal.
A pesar de haber abandonado la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2023, Nicaragua sigue siendo responsable ante la CorteIDH por los compromisos asumidos en tratados internacionales. Sin embargo, el régimen de Ortega ha desoído constantemente las exhortaciones de organismos internacionales, profundizando su aislamiento en el escenario global.
La próxima audiencia de la CorteIDH, programada para el 04 de febrero de 2025, representa una oportunidad crucial para evaluar la situación de Cárcamo y de otros presos políticos que permanecen detenidos en condiciones inhumanas. La comunidad internacional enfrenta el desafío de presionar al régimen para cumplir con las obligaciones legales internacionales y poner fin a las prácticas de persecución y represión.
El caso de Leo Cárcamo no es un hecho aislado, sino un recordatorio de los riesgos que enfrentan los periodistas en regímenes autoritarios. Cárcamo, quien dedicó su vida a informar y dar voz a los sectores más vulnerables, es un emblema de resistencia frente a la censura y el silencio impuesto por el poder.
En ese sentido, la resolución de la CorteIDH no solo busca proteger la vida e integridad de un individuo, sino también defender el principio fundamental de la libertad de expresión, pilar de toda democracia. La comunidad nicaragüense y la opinión pública internacional tienen la responsabilidad de mantenerse vigilantes y exigir justicia para Cárcamo y para todas las víctimas de la represión en Nicaragua. Actualmente también otra periodista está en condición de desaparición; Fabiola Tercero, promotora cultural y filóloga, está siendo ignorada por las autoridades del país centroamericano, quienes no han brindado detalles sobre el paradero y la condición de la comunicadora y otras seis personas más, entre ellas dos diputados.
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