El incumplimiento de Nicaragua respecto a las resoluciones emitidas entre 2021 y 2024 refleja, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), una falta de compromiso con las obligaciones internacionales. "La posición asumida por Nicaragua y la inobservancia de lo ordenado en resoluciones previas constituye un desacato permanente", señala el texto, advirtiendo que esta actitud incrementa la vulnerabilidad de los beneficiarios de las medidas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En una contundente resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) calificó esta semana a la administración sandinista de Nicaragua, una vez más, en "desacato permanente" debido a su incumplimiento sistemático de medidas provisionales previamente ordenadas. El tribunal, con sede en San José, Costa Rica, instó al régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo a adoptar medidas inmediatas para garantizar la protección de 115 opositores, incluidos 105 despojados de su nacionalidad y expulsados del país centroamericano. Además, exigió la liberación de nueve presos políticos bajo condiciones que garanticen su salud, alimentación y acceso a familiares y abogados.
Desde febrero de 2023, la dictadura Ortega-Murillo intensificó su represión al despojar de la nacionalidad al menos a 452 ciudadanos, entre ellos políticos, periodistas, empresarios, intelectuales y líderes religiosos. Estas acciones se suman a una escalada represiva que comenzó tras las protestas opositoras de 2018, las cuales dejaron más de 300 muertos en tres meses, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La CorteIDH subrayó que las deportaciones forzadas y el despojo de nacionalidad representan graves violaciones a los derechos humanos. Según el tribunal, estas medidas no solo privan a las víctimas de su ciudadanía, sino que las colocan en un riesgo extremo de sufrir daños irreparables. Entre las y los afectados destacan figuras como el economista Juan Sebastián Chamorro, el excandidato presidencial Félix Maradiaga, la excomandante guerrillera Dora María Téllez y el obispo Rolando Álvarez.
El incumplimiento de Nicaragua respecto a las resoluciones emitidas entre 2021 y 2024 refleja, según la Corte, una falta de compromiso con las obligaciones internacionales. "La posición asumida por Nicaragua y la inobservancia de lo ordenado en resoluciones previas constituye un desacato permanente", señala el texto, advirtiendo que esta actitud incrementa la vulnerabilidad de los beneficiarios de las medidas. El tribunal también manifestó su preocupación por el uso de procesos judiciales sin garantías y la aplicación de cargos penales como represalia contra opositores reales o percibidos. Asimismo, recordó los casos de Arturo Cruz, quien desistió de su demanda ante la Corte, y de Michael Healey y Hugo Torres, ambos fallecidos tras ser desterrados y encarcelados, respectivamente.
La CorteIDH convocó a una audiencia pública el martes 04 de febrero de 2025 para evaluar la implementación de las medidas provisionales. Además, solicitó a su presidenta informar al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el incumplimiento de Nicaragua. Estas acciones buscan ejercer presión internacional y garantizar que el régimen cumpla con sus obligaciones legales.
Daniel Ortega, quien lideró Nicaragua durante la década de 1980 tras la Revolución Ciudadana de 1979, se ha mantenido en el Poder Ejecutivo desde el año 2007 gracias a tres reelecciones consecutivas. La más reciente, en 2021, estuvo marcada por la ausencia de oposición, cuyos principales líderes fueron encarcelados o forzados al exilio. El régimen también ha consolidado su control al reformar la Constitución para extender el mandato presidencial de cinco a seis años y crear una figura de "copresidencia" que coordina los poderes del Estado, un reflejo del afán de perpetuar su dominio político.
La resolución de la CorteIDH evidencia una preocupante situación de derechos humanos en Nicaragua, donde la represión, el destierro y el despojo de nacionalidad son estrategias del régimen para silenciar la disidencia. Mientras el tribunal mantiene sus exigencias, la comunidad internacional enfrenta el desafío de garantizar que estas decisiones se traduzcan en acciones concretas que protejan a las víctimas y restablezcan el respeto a los derechos fundamentales en el país centroamericano.
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