Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, aclaró que el fallo tiene efectos "ex tunc", lo que significa que tanto las reformas constitucionales como la ley que creó las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) son nulas desde su concepción. En otras palabras, cualquier acto legal o administrativo derivado de estas normativas carece de validez desde el momento en que fueron promulgadas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras sobre la inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) ha marcado un hito en la defensa de la soberanía nacional y la protección de la Constitución. Tras una votación mayoritaria del pleno, el alto tribunal declaró hoy, viernes 20 de septiembre de 2024, nulos los decretos 236-2012 y 120-2013, los cuales permitían la creación y administración de estas zonas económicas especiales dentro del territorio hondureño. Según la CSJ, ambas leyes vulneraban artículos pétreos de la Carta Magna, lo que motivó la anulación con efectos retroactivos.
El fallo llega tras una controversia generada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las ZEDE. El argumento central de la UNAH era que dichas zonas violaban atribuciones exclusivas de la Constitución, especialmente en el ámbito de la organización territorial y la educación superior, lo que resultó en la sentencia "ex tunc" de la CSJ, es decir, que las reformas fueron consideradas nulas desde su origen. "Desde siempre".
Las ZEDE, creadas en 2013 mediante el Decreto Legislativo 120-2013, fueron concebidas como "ciudades modelo" con independencia administrativa, fiscal y tributaria, y con su propio sistema de justicia y educación. Sin embargo, esta estructura fue criticada desde su creación por sectores académicos, políticos y sociales, que consideraban que tales atribuciones iban en contra de los principios constitucionales y de la soberanía nacional. Las áreas designadas para las ZEDE incluían regiones clave como Choloma, Choluteca, y las islas de la Bahía, lo que incrementó la preocupación sobre el impacto territorial.
El vocero de la CSJ, Melvin Duarte, explicó que la anulación de las ZEDE afecta directamente la reforma constitucional de los artículos 294, 303 y 329, que son considerados inalterables. Estos artículos, relacionados con la organización territorial, el sistema de justicia y el régimen económico, son fundamentales para el Estado de derecho en Honduras, por lo que su modificación inicial fue vista como una violación de los principios básicos de la Constitución.
La presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, destacó que la decisión judicial representa un paso significativo en la defensa del Estado de derecho y la soberanía nacional, al asegurar que cualquier iniciativa de desarrollo económico debe alinearse con los valores democráticos y constitucionales del país. En un contexto donde la protección del territorio y la autonomía nacional han sido temas clave en el debate político, Obando reafirmó el compromiso del Poder Judicial con la defensa de la Constitución y los derechos ciudadanos.
La presidenta Xiomara Castro también celebró la resolución como un triunfo patriótico, subrayando que la justicia hondureña no permitirá la venta ni la privatización del territorio. Para Castro, la anulación de las ZEDE refleja un esfuerzo por proteger la soberanía, un tema que ha sido central en su gobierno.
No obstante, la decisión no estuvo exenta de críticas y advertencias. El precandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, Jorge Cálix, destacó que el efecto retroactivo de la sentencia podría sentar un precedente para futuras resoluciones judiciales, como la posible anulación del "pacto de impunidad" en el país centroamericano, que permitiría que aquellos que votaron a favor de dicho pacto enfrenten la justicia en el futuro.
Con este fallo, el debate sobre las ZEDE parece haber llegado a su punto culminante. Sin embargo, queda por verse cómo afectará a las inversiones que ya se habían proyectado en esas áreas y si las comunidades afectadas verán cambios inmediatos en su administración. Para muchos, la anulación de las ZEDE no solo es una victoria legal, sino también un símbolo de resistencia contra la cesión de soberanía en un momento crítico para el país.
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