La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido interpretada como un triunfo parcial para quienes durante años han luchado para que los responsables de la muerte de Cáceres enfrenten las consecuencias de sus actos. La activista, líder indígena y defensora del medio ambiente, fue asesinada en su hogar en La Esperanza, tras años de recibir amenazas de muerte, particularmente por su oposición al proyecto hidroeléctrico de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que tenía planes de construir una presa en el río Gualcarque, sagrado para los pueblos indígenas Lenca.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
El martes 26 de noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras emitió una decisión trascendental al ratificar la sentencia condenatoria contra siete de los implicados en el asesinato de la defensora de los derechos humanos y líder ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en marzo del año 2016. Esta decisión ha sido recibida con esperanza y cautela por parte de quienes han luchado durante años por justicia en un caso que sigue siendo emblemático de la impunidad que persiste en el país centroamericano, uno de los más peligrosos para los defensores del medio ambiente. La sentencia confirma la condena de figuras clave en este crimen, entre ellos David Castillo, señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Cáceres, y varios exmilitares involucrados en el plan de homicidio. En noviembre de 2018, un tribunal hondureño ya había condenado a siete personas, entre las que se encontraban los sicarios que ejecutaron el asesinato y colaboradores de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo proyecto hidroeléctrico en el río Gualcarque fue denunciado por Cáceres debido a sus impactos ambientales y sociales. La Corte Suprema de Honduras ha mantenido la condena a Castillo a 22 años y medio de prisión, pero modificó las agravantes, lo que podría implicar una reducción en su pena en algún momento, un hecho que ha causado preocupación entre defensores de los derechos humanos y periodistas.
La condena a Castillo se deriva de su papel como presidente ejecutivo de DESA, una empresa vinculada a poderosos sectores económicos y políticos en el país. Según la Fiscalía, Castillo solicitó a su jefe de seguridad, Douglas Bustillo, que contratara a sicarios para llevar a cabo el asesinato. Bustillo, a su vez, se habría asociado con Mariano Díaz, un oficial del Ejército hondureño, para planificar el crimen. Esta estructura de poder empresarial y militar es vista como el principal motor detrás del asesinato de Cáceres, quien había sido previamente amenazada por sus denuncias contra el proyecto hidroeléctrico.
Otro aspecto preocupante que ha emergido de la decisión de la CSJ es el caso de Sergio Rodríguez, gerente de comunicaciones de DESA, quien en su juicio confesó que el "problema Berta Cáceres" se discutió a nivel de la junta directiva de la empresa. Sin embargo, la Corte ha decidido enviar su caso al pleno de la Suprema, debido a la falta de unanimidad entre los jueces sobre su condena. Por otro lado, la recalificación del delito de Rodríguez de asesinato consumado a cómplice de asesinato podría resultar también en una condena menor, lo que ha generado más alarma y nueva atención al caso.
Organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), al que pertenecía Cáceres, han expresado su preocupación por esta decisión. Afirman que las acciones del sistema de justicia hondureño reflejan la persistencia de una estructura criminal que sigue operando en las sombras, con la familia Atala -accionistas mayoritarios de DESA- y sus aliados políticos, administrativos y económicos manteniendo su poder intacto. La modificación de las agravantes contra Castillo y el futuro incierto de Rodríguez apuntan a que la impunidad sigue siendo una amenaza real. Todo el tiempo.
Gustavo Castro, ambientalista mexicano y testigo clave del asesinato de Berta Cáceres, ha sido un actor crucial en la lucha por la justicia. El día del asesinato, Castro se encontraba en la casa de Cáceres en La Esperanza, tras haber pasado el día trabajando con ella. Al llegar la noche, mientras ambos se disponían a dormir, dos sicarios irrumpieron en la vivienda. Uno de ellos disparó a Castro, quien logró sobrevivir al atentado al hacerse el muerto. Tras el asesinato de Cáceres, Castro fue testigo del doloroso final de su amiga y compañera. No obstante, el activista mexicano también vivió en carne propia los intentos del gobierno de Honduras de involucrarlo en el crimen. En su relato, Castro describe cómo, al intentar salir del país, las autoridades hondureñas trataron de detenerlo, alegando que debía colaborar en nuevas diligencias del caso. Rodeado de funcionarios consulares mexicanos, Castro resistió la detención, lo que provocó un tenso enfrentamiento, según relató recientemente a El País de España. Fue un intento de incriminarlo, según él, para desviar la atención de los verdaderos responsables del asesinato. Afortunadamente, la protección consular evitó que se materializara el secuestro.
En ese sentido, el asesinato de Berta Cáceres no puede verse de manera aislada. Fue el punto culminante de una serie de amenazas y hostigamientos hacia ella y sus cercanos por su resistencia a la construcción de la presa hidroeléctrica en el río Gualcarque, considerado sagrado por los pueblos indígenas Lenca. El conflicto en torno al proyecto hidroeléctrico, impulsado por la empresa DESA, generó un enfrentamiento entre intereses económicos, políticos y las comunidades indígenas que se oponían a la destrucción de su territorio. La influencia de la familia Atala, vinculada a DESA, ha sido central en el caso. Activistas como Castro denuncian todavía que la impunidad que rodea a los líderes de DESA perpetúa un sistema de justicia corrompido por intereses empresariales y políticos. La decisión de la Corte, aunque representativa de un paso hacia la justicia, aún deja muchas dudas sobre la capacidad del sistema judicial para enfrentarse a estos poderes, y para aportar a luchas ciudadanas profundas y más amplias.
Aunque la ratificación de las sentencias contra los implicados en el asesinato de Berta Cáceres es un avance importante, la lucha por la justicia sigue siendo un proceso complejo y largo. Las organizaciones que defienden los derechos humanos en Honduras temen que los intereses económicos sigan prevaleciendo sobre el derecho a la justicia. Según el activista Gustavo Castro, si el caso de Berta Cáceres queda impune, la pregunta será: "¿y a nosotros qué nos espera?". La impunidad, afirma, sigue siendo un obstáculo formidable para quienes luchan por proteger el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
La lucha por la memoria y la justicia en el caso de Berta Cáceres continúa siendo un símbolo de resistencia en Honduras, por mucho y más. Su legado vive en cada uno de los defensores y defensoras que siguen luchando contra la impunidad y las redes que se comen la poca institucionalidad que queda, no solo en su país, sino también en toda Centroamérica y América Latina. Pero mientras las estructuras de poder sigan intocables, el camino hacia la justicia plena parece aún incierto y lleno de obstáculos.
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