El deterioro de humedales y bosques en la región caribeña ha sido documentado por informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que advierte sobre la presión del turismo y la falta de planes de uso de suelos adecuados. La situación actual resalta una paradoja crítica: mientras que el turismo es una fuente vital de ingresos, su expansión desmedida amenaza la integridad ambiental que ha sido el pilar de la imagen internacional del país centroamericano.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
En el corazón del Caribe sur de Costa Rica, un escándalo de corrupción que involucra a funcionarios públicos y empresarios amenaza con desmantelar la reputación del país centroamericano como líder en conservación ambiental. Este escándalo, que gira en torno a la devastación de bosques cercanos a humedales en la región de Talamanca, ha alcanzado las más altas esferas del poder, implicando al presidente Rodrigo Chaves y a su ministro de Ambiente, Franz Tattenbach.
El Refugio Mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, una joya natural protegida por su biodiversidad y ecosistemas únicos, ha sido el epicentro de un polémico plan de desarrollo urbanístico que ha generado indignación entre ambientalistas y comunidades locales. Este refugio alberga especies en peligro de extinción como los manatíes y tortugas marinas, y sus bosques y humedales son vitales para el equilibrio ecológico de la región. "Al Estado costarricense le importa cada vez menos la protección del medio ambiente", señaló a este medio Daniela Méndez, activista y docente universitaria.
A pesar de su estatus protegido, se han llevado a cabo talas ilegales y otros actos de explotación que han degradado los delicados ecosistemas del refugio Gandoca-Manzanillo. Las denuncias de organizaciones locales apuntan a una red corrupta que incluye a funcionarios públicos que habrían facilitado permisos ilegales para favorecer intereses inmobiliarios, en particular los de la empresa Playa Manzanillo S.A., representada por el empresario Allan Pacheco.
Las investigaciones y los allanamientos
La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Ambiental han iniciado una investigación exhaustiva que ha sacudido al país. A lo largo de la última semana, las autoridades judiciales ejecutaron 26 allanamientos en diversas instituciones públicas y residencias de funcionarios involucrados, incluidos los domicilios del alcalde de Talamanca, Rugeli Morales, y del propio Pacheco. Durante estas intervenciones, se recopilaron pruebas que sugieren la existencia de un plan para desarrollar proyectos turísticos e inmobiliarios en zonas prohibidas por la legislación ambiental. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la hipótesis principal es que se habrían realizado acuerdos entre funcionarios y empresarios para modificar el Plan Regulador Costero de Talamanca, permitiendo la explotación de terrenos dentro de la zona marítimo-terrestre y áreas de conservación, violando tanto normativas nacionales como internacionales.
Lo que ha amplificado el escándalo es la estrecha relación entre el empresario Allan Pacheco y el presidente Rodrigo Chaves. Se ha confirmado que Pacheco, vecino del mandatario en un exclusivo condominio al este de San José, visitó la Casa Presidencial al menos siete veces durante la actual administración. Aunque Chaves ha admitido conocer a Pacheco, minimiza hasta la fecha la importancia de sus encuentros, calificándolos de "escandalillo" orquestado por opositores políticos.
El vínculo entre Chaves y Pacheco ha desatado una ola de críticas, especialmente después de que el presidente utilizara un tono despectivo para referirse a las denuncias de Ariel Robles, un joven diputado del Frente Amplio (izquierda) que ha liderado la oposición al proyecto. Chaves, en un discurso que provocó controversia, hizo alusión a la novela "La Loca de Gandoca" (1991) de la escritora Anacristina Rossi, una obra que denuncia precisamente la destrucción ambiental en el Caribe Sur.
Amenazas y tensión social
Las denuncias de corrupción no solo han generado tensiones políticas, sino también amenazas directas contra aquellos que han alzado la voz. Robles y varios líderes comunales han recibido protección policial tras reportar amenazas de muerte, presuntamente relacionadas con su oposición a los proyectos de desarrollo en Gandoca-Manzanillo. Estas amenazas se producen en un contexto de creciente violencia en Costa Rica, particularmente en la región del Caribe, que ha sido duramente golpeada por el narcotráfico y el crimen organizado. El presidente Chaves ha evitado comentar públicamente sobre estas amenazas, centrándose en defender su administración y descalificando a sus críticos. La falta de una respuesta contundente por parte del Gobierno ha sido vista por muchos como una señal de indiferencia hacia la seguridad de los ciudadanos y el Estado de Derecho en el país.
El escándalo de Gandoca-Manzanillo ha puesto en entredicho el compromiso de Costa Rica con la conservación ambiental. Durante décadas, el país ha sido un modelo a seguir en la protección de sus recursos naturales, logrando recuperar su cobertura forestal y posicionándose como un destino turístico ecológico de renombre mundial. Sin embargo, el caso revela una creciente tensión entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.
El turismo, que representa más del 8 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, es un pilar fundamental de la economía, pero también una fuente de presión sobre los ecosistemas del país. La expansión de la industria turística, especialmente en las zonas costeras, ha contribuido al deterioro de manglares, humedales y otras áreas sensibles. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 2023 ya advertía sobre los impactos negativos del desarrollo descontrolado y la falta de planificación adecuada en la protección de la biodiversidad costarricense. En ese sentido, el caso de Gandoca-Manzanillo, lejos de ser un incidente aislado, podría ser un indicio de un cambio más amplio en la política ambiental del país bajo la administración de Chaves. La postura del Estado y sus instituciones, que ha priorizado el desarrollo económico sobre la conservación, ha generado preocupaciones sobre el futuro de las áreas protegidas y el legado de Costa Rica como líder en sostenibilidad.
A medida que avanzan las investigaciones, el destino de los involucrados en el escándalo de Gandoca-Manzanillo sigue siendo incierto. Si bien algunos de los detenidos han sido liberados por falta de pruebas, la Fiscalía continúa recabando evidencia que podría fortalecer su caso y llevar a nuevas imputaciones, según fuentes consultadas por COYUNTURA.
El impacto de este caso va más allá de las fronteras de Costa Rica, afectando su imagen internacional como un baluarte de la conservación. La comunidad global, que ha admirado y apoyado los esfuerzos de Costa Rica para proteger su biodiversidad, ahora observa con preocupación cómo se desarrollan los acontecimientos.
Para Costa Rica, el desafío será encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de su patrimonio natural. El país se enfrenta a la difícil tarea de mantener su reputación como un líder en sostenibilidad mientras navega las complejas dinámicas de la corrupción, el desarrollo y la conservación.
El caso Gandoca-Manzanillo podría ser un punto de inflexión en esta lucha, un recordatorio de que la protección del medio ambiente no solo es un valor moral, sino también un imperativo para el bienestar a largo plazo del país y su gente.
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