Con una muestra de 1,103 registros, el 56 % de las y los nicaragüenses encuestados recientemente por Urnas Abiertas que realizaron trámites en instituciones públicas durante el primer semestre reportaron haber hecho un pago irregular, lo que indica que al menos uno de cada dos trámites implica sobornos o extorsiones. Entre las razones, el 45 % de los pagos irregulares fueron solicitados por funcionarios públicos, el 33 % para agilizar procesos y el 23 % por obligación impuesta.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas reveló este jueves 19 de septiembre los resultados de un informe titulado "El costo de la corrupción en Nicaragua", en el que se identifican a las alcaldías y la Policía Nacional como las instituciones más corruptas del país centroamericano. Dicho análisis, que forma parte de una crítica más amplia al modelo económico autoritario del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, destaca cómo la corrupción no solo afecta la administración pública, sino que también profundiza la desigualdad social en Nicaragua. El informe expone que, bajo el totalitarismo nicaragüense, la corrupción ha evolucionado hacia un mecanismo de "corrupción autorizada", en el que las autoridades permiten a las y los funcionarios públicos y a otros actores cercanos al régimen sandinista abusar de su poder en beneficio propio.
Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, explicó que el modelo autoritario instaurado por Ortega y Murillo requiere financiamiento adicional que no puede cubrirse únicamente con fondos públicos. "La vigilancia cuadra a cuadra tiene un costo que ya no puede sostenerse con mecanismos legales, y por eso se recurre a un sistema de extorsión y sobornos para mantener el control social", afirmó.
Según el estudio, realizado en 148 municipios y con la participación de más de 1,000 personas, el 58 % de quienes interactuaron con instituciones públicas durante el primer semestre de 2024 pagaron sobornos o fueron víctimas de extorsión. Las alcaldías encabezan la lista de instituciones involucradas en estas prácticas corruptas, con un 12 % de los pagos irregulares atribuidos a ellas, seguidas de la Policía Nacional (9 %) y la Dirección General de Ingresos (4 %).
Uno de los puntos más preocupantes del informe es el impacto de la corrupción en las familias nicaragüenses, particularmente en aquellas con menores ingresos. De acuerdo con el análisis, las familias más pobres destinan hasta el 7.5 % de sus ingresos mensuales a pagos irregulares, una cifra que aumenta al 10 % en el caso de las mujeres. "Esto demuestra el carácter profundamente clasista del régimen", señaló Valle, subrayando que mientras el régimen de Ortega se presenta como defensor de los pobres, en la práctica son las familias más vulnerables las que más sufren las consecuencias de la corrupción.
En términos generales, el informe detalla que los pagos irregulares absorben el 5 % de los ingresos familiares en promedio. Sin embargo, las familias con ingresos más altos, superiores a los C$37,000 córdobas mensuales, destinan solo un 3 % de sus ingresos a sobornos. Esta disparidad refleja cómo la corrupción amplifica las desigualdades sociales en Nicaragua, afectando de manera desproporcionada a los sectores más desfavorecidos.
El estudio también examina el origen de los pagos irregulares. Un 45 % de estos sobornos son solicitados por los mismos funcionarios públicos (soborno pasivo), mientras que un 33 % son ofrecidos por la ciudadanía para agilizar trámites (soborno activo). El 23 % restante corresponde a casos de extorsión, en los que las autoridades exigen pagos ilegales para no aplicar sanciones o restricciones.
Departamentos más afectados
El informe destaca a los departamentos de Rivas, Matagalpa, Masaya, Estelí y Chinandega como los territorios donde se registran los mayores montos en pagos irregulares. En Rivas, el promedio mensual de sobornos alcanza los C$51,506 córdobas, lo que lo sitúa como el departamento más corrupto de Nicaragua. Matagalpa le sigue con C$48,014 córdobas, y Masaya con C$35,083 córdobas. Estos pagos afectan especialmente a los dueños de negocios y a los trabajadores por cuenta propia, quienes reportan las tasas más altas de interacción con instituciones corruptas.
En cuanto a la percepción pública, el 97 % de las y los encuestados afirmó que los pagos irregulares han aumentado en comparación con el año anterior, mientras que el 78.3 % espera que la corrupción empeore en los próximos 12 meses. Además, un 16 % de las personas encuestadas mencionó a Urnas Abiertas haber sido víctimas de extorsión sin haber iniciado ningún trámite, ya sea en sus hogares, negocios o lugares de trabajo.
El informe también aborda las diferentes formas que adopta la corrupción en Nicaragua, desde el tráfico de influencias en contrataciones estatales hasta el nepotismo en la administración pública. "El régimen ha permitido que funcionarios e instituciones públicas cobren sobornos o extorsionen a la ciudadanía, en lo que parece ser una política de Estado", afirmó Olga Valle. Una característica alarmante del sistema de corrupción nicaragüense es que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, quienes en la mayoría de los casos destinan más dinero a pagos irregulares en comparación con los hombres. Las únicas excepciones a esta tendencia se encuentran entre los trabajadores por cuenta propia, donde los hombres reportan haber pagado más sobornos.
Por otro lado, el informe destaca que la corrupción no solo implica sobornos, sino que también incluye otros mecanismos de abuso de poder, como el favoritismo en contratos públicos y la designación de familiares o amigos en cargos gubernamentales, prácticas que perpetúan la desigualdad y la falta de oportunidades para la ciudadanía. A pesar de que en los últimos meses se han producido destituciones de varios alcaldes y funcionarios en Nicaragua, el informe de Urnas Abiertas sostiene que estas acciones no representan una verdadera lucha anticorrupción. "Las destituciones están relacionadas con la corrupción no autorizada, es decir, cuando los funcionarios no siguen las directrices del régimen o buscan beneficiarse más allá de lo permitido", explicó Valle.
En lugar de combatir la corrupción, el régimen sandinista utiliza estas destituciones para mantener el control sobre sus operadores, castigando solo a aquellos que ya no resultan útiles o que han traicionado sus intereses. "Si realmente existiera un compromiso con la lucha anticorrupción, lo veríamos reflejado en una mejor experiencia para la ciudadanía cuando interactúa con las instituciones públicas", concluyó Valle.
El informe de Urnas Abiertas, realizado entre junio y julio de 2024, subraya la necesidad urgente de implementar medidas estructurales para enfrentar la corrupción en Nicaragua. Según el estudio, el cambio de administración/Gobierno no será suficiente para acabar con este sistema corrupto y opresivo, que se profundiza con el paso del tiempo. Solo una transformación profunda en las instituciones democráticas y en las políticas económicas podría poner fin a la corrupción sistémica que afecta al país centroamericano.
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