La construcción de una cárcel en las Islas del Cisne representa un dilema complejo que trasciende las fronteras de Honduras. Las implicaciones ambientales, sociales y económicas del proyecto son profundas y multifacéticas. Mientras el Gobierno persiste en su plan, la sociedad civil y las organizaciones ambientales continúan luchando por la preservación de uno de los tesoros naturales más valiosos del país centroamericano.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Gracias a Dios, Honduras
La reciente propuesta del Gobierno hondureño de construir un centro penitenciario en las Islas del Cisne ha desatado una tormenta de críticas y preocupaciones, tanto a nivel nacional como internacional. La Coalición Ambiental de Honduras (COAH) ha alzado la voz enérgicamente, advirtiendo sobre las graves consecuencias ambientales y legales que tal proyecto podría acarrear. El plan de la administración encabezada por la presidenta Xiomara Castro, propone la construcción de una prisión en Islas del Cisne -también conocidas como las Islas Santanilla-, situadas a más de 250 kilómetros de tierra firme. Esta medida, que se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por abordar la crisis de seguridad en el país, ha sido recibida con un fuerte rechazo por parte de la sociedad civil y organizaciones ambientales. La COAH ha subrayado que esta iniciativa no es viable desde ninguna perspectiva: ambiental, social, económica y legal.
Uno de los principales argumentos de la COAH es el daño irreversible que la construcción de la cárcel causaría en los ecosistemas únicos de las Islas del Cisne. Este archipiélago alberga especies de flora y fauna endémicas que son de gran importancia científica. La eliminación de estos ecosistemas no solo representaría una pérdida irreparable para la biodiversidad, sino que también contravendría tratados internacionales y acuerdos nacionales destinados a proteger esta área, con una superficie de ocho kilómetros cuadrados.
Además, la presencia humana masiva generaría una considerable cantidad de residuos sólidos. Según la COAH, el sistema de transporte de estos residuos a tierra firme podría fallar, creando pequeñas islas flotantes de basura en el mar Caribe. Esto no solo afectaría la navegación y el turismo, sino también la pesca, una actividad crucial tanto para Honduras como para sus países vecinos.
Por otro lado, la dispersión de residuos sólidos, líquidos y aceites en el mar abierto podría extender el problema más allá de las fronteras hondureñas, afectando las zonas marítimas de países vecinos. Esto podría desencadenar un conflicto internacional de carácter ambiental, algo que la COAH y otros expertos consultados por el equipo de COYUNTURA consideran completamente innecesario y realmente evitable.
El rechazo al proyecto también proviene de la comunidad científica y los pueblos indígenas, quienes han expresado su descontento reiteradamente. En julio de 2023, el Colegio de Biólogos de Honduras concluyó que la instalación de un centro de reclusión en las Islas del Cisne era ambientalmente insostenible, una advertencia que fue ignorada por la administración actual.
El traslado de materiales de construcción y mano de obra desde tierra firme a las islas implicaría costos exorbitantes. La COAH propone que estos fondos se destinen a la construcción de centros penitenciarios en tierra firme, lo cual no solo sería más económico, sino también más beneficioso para la economía local. Los recursos ahorrados podrían invertirse en sectores críticos como la salud y la educación, mejorando significativamente el bienestar de las y los hondureños.
A pesar de las advertencias y el rechazo generalizado hasta la fecha, el Gobierno de Honduras ha reafirmado su intención de seguir adelante con el proyecto. En una cadena nacional, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), José Manuel Zelaya Rosales, anunció que se cuenta con la licencia ambiental necesaria y que el proceso de licitación y construcción del centro penitenciario comenzará en breve. No obstante, la información detallada sobre el proyecto ha sido clasificada como reservada, lo que ha impedido que los medios de comunicación y la ciudadanía tengan acceso a los estudios ambientales y otros documentos relevantes.
La insistencia gubernamental en mantener el proceso en reserva ha aumentado la desconfianza y el descontento entre la población. Organismos internacionales y locales han pedido transparencia y la reevaluación de esta decisión, argumentando que la construcción de una cárcel en un área protegida va en contra de los principios de conservación ambiental que la misma presidenta Castro abanderó durante su campaña por el Poder Ejecutivo hondureño.
La construcción de una cárcel en las Islas del Cisne plantea una serie de desafíos y preocupaciones que van más allá de la simple creación de una infraestructura carcelaria. La posible devastación de un ecosistema único, el riesgo de generar conflictos internacionales por la dispersión de residuos, y los elevados costos económicos son factores que deben ser considerados con seriedad y responsabilidad.
La COAH y otros grupos de la sociedad civil han dejado claro que este proyecto no solo es inviable, sino también perjudicial en múltiples niveles. La propuesta de utilizar los fondos para desarrollar infraestructura en tierra firme ofrece una alternativa más sostenible y beneficiosa para el país. En un momento en que la protección ambiental es crucial para el futuro del planeta, la decisión de construir una cárcel en un área protegida oceánica parece un paso en la dirección equivocada.
La situación actual exige un diálogo abierto y transparente entre el Gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales. Solo a través de la colaboración y la consideración de todas las perspectivas se podrá encontrar una solución que promueva la seguridad sin sacrificar el invaluable patrimonio natural de Honduras.
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