Fuentes internas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) confirmaron que la Inspectoría General de la institución y la Inspectoría del Ejército habían señalado a varios oficiales como responsables directos de los retrasos en la entrega del material electoral. El general Nahún Canales, el coronel Nicolás Serrano y el teniente Ariel Benítez estaban entre los mencionados.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La incertidumbre política e institucional, y la crisis electoral en Honduras, se profundizan tras las elecciones primarias del domingo 09 de marzo de 2025. La reciente denuncia de la mentora presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, sobre la manipulación de informes para eximir de responsabilidad a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el retraso del material electoral ha generado un nuevo terremoto político, que apenas comienzan a extenderse. La acusación apunta a una supuesta reunión entre el general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, un expresidente hondureño y una candidata, donde se habrían alterado documentos clave para entender el colapso de hace dos semanas.
La denuncia de López, difundida a través de su cuenta en X (antes Twitter), sugiere que la cúpula militar y actores políticos de alto nivel modificaron los informes de las investigaciones internas de las FF.AA. para que la responsabilidad del caos electoral recaiga únicamente en el CNE. Fuentes militares citadas por El Heraldo revelaron que existían dos investigaciones independientes: una de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas y otra de la Inspectoría del Ejército.
Ambos informes señalaban directamente a altos mandos militares. En el primero, se responsabilizaba al general Nahún Canales Cruz, comandante del Comando de Apoyo Logístico (CALFA), recomendando su destitución por fallas en la supervisión de la distribución de materiales. El segundo informe acusaba a los coroneles Nicolás Edulfo Serrano Benítez y Alan Barahona Rosales, encargados de la distribución en Francisco Morazán y el Distrito Central, respectivamente. También se recomendaba llevar a juicio a los tenientes Ariel Oliva Benítez y Noel Adalid Osorio Barahona, quienes fueron captados en video reteniendo maletas electorales en diversos puntos de Tegucigalpa.
Sin embargo, Roosevelt Hernández habría ordenado la alteración de los informes para incluir factores externos como la impresión tardía de papeletas, demoras en la maquilación y la falta de personal civil, intentando desviar la responsabilidad. Además, la fuente militar citada por el diario hondureño asegura que tras una reunión el miércoles 12 de marzo, el jefe de las FF.AA. ordenó la eliminación de los documentos originales, dejando únicamente la versión modificada.
"Fingiendo una subordinación que nunca ha existido y siguiendo con una coordinación que nunca ha dejado de existir, hoy, el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió con un expresidente y una candidata, y decidieron sustituir los informes que ya existían, donde se señalaban responsables militares, por nuevas versiones donde se señala solo al CNE por lo del domingo 09 de marzo. Dejo constancia y que lo sepa todo el pueblo hondureño", escribió Cossette López la noche del miércoles 19 de marzo.
Las anomalías en la jornada electoral primaria fueron evidentes. La llegada tardía de las maletas electorales en ciudades clave como Tegucigalpa y San Pedro Sula provocó que la votación se extendiera hasta altas horas de la madrugada del lunes 10 de marzo. En algunos Centros de Votación, como el Instituto Cultura Nacional y el Centro Básico Maximiliano Sagastume, los ciudadanos tuvieron que esperar hasta el domingo 16 de marzo para poder ejercer su derecho al voto, lo que alimentó la indignación ciudadana.
La disputa de responsabilidades entre el CNE y las FF.AA. ha polarizado aún más el escenario político, social e institucional. Mientras las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall responsabilizan a la institución castrense, el consejero Marlon Ochoa ha defendido el papel de las Fuerzas Armadas hondureñas.
Por su parte, el cuerpo militar ha negado cualquier responsabilidad en los retrasos, asegurando en un comunicado que la distribución del material electoral es competencia exclusiva del CNE. Roosevelt Hernández insistió en que su institución solo proporciona custodia y apoyo logístico, deslindando cualquier falla operativa.
Según la denuncia de López, un expresidente y una candidata, muy probablemente presidencial, participaron en la manipulación de los informes militares. Aunque no mencionó nombres, fuentes cercanas al proceso han identificado a Manuel Zelaya Rosales, exmandatario, asesor presidencial y secretario general del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y a Rixi Ramona Moncada, actual ministra de Defensa y presidenciable de LIBRE, con el respaldo de la presidenta socialista Xiomara Castro.
La información obtenida por El Heraldo señala que Zelaya ingresó al Estado Mayor Conjunto la tarde del 12 de marzo de 2025 y permaneció reunido con Hernández hasta la medianoche. Para evitar que su presencia fuera detectada, el personal del recinto fue despachado antes de lo habitual.
Se especula que Moncada y Zelaya habrían intervenido en la sustitución de los informes con el objetivo de proteger a los altos mandos militares involucrados y evitar un escándalo mayor que perjudique las aspiraciones políticas de LIBRE, al ser una responsabilidad de su aspirante presidencial, quien a su vez es jerarca de Defensa. La frase atribuida a Hernández durante la reunión, "renuncia uno, o renunciamos todos", refleja la tensión dentro del aparato estatal.
Hasta la fecha, el Ministerio Público (MP) no ha emitido requerimientos fiscales contra los militares señalados ni contra funcionarios del CNE, lo que ha generado dudas sobre el compromiso de las autoridades para esclarecer los hechos. Sin embargo, fuentes anónimas dentro de la Fiscalía han adelantado a COYUNTURA que podrían presentarse acciones judiciales contra algún consejero o empleado general del CNE, lo que plantea interrogantes sobre la imparcialidad del proceso.
En paralelo, el Congreso Legislativo anunció esta semana la creación de una comisión especial "para investigar lo sucedido" en los comicios primarios. Este anuncio ha sido recibido con escepticismo, ya que diversos sectores consideran que podría tratarse de una intromisión política con sesgos partidarios, al ser un órgano controlado por el diputado oficialista y ya precandidato a la reelección, Luis Redondo, quien ha sido acusado en varias ocasiones de abuso de autoridad.
El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, sostiene que el Congreso tiene la facultad de supervisar y remover a los consejeros del CNE, pero advierte que cualquier intervención debe realizarse con mayoría calificada y bajo mecanismos establecidos por la ley hondureña.
Por otro lado, el jefe de la bancada del Partido Liberal (PLH), Mario Segura, considera que la responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables recae en el Ministerio Público y no en el Legislativo. "Interpelar al jefe de las FF.AA. es una posibilidad, pero en Honduras eso se convierte en un show político", advirtió.
Asimismo, el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, acusó al también exmandatario Manuel Zelaya, coordinador de LIBRE y asesor presidencial de su esposa, Xiomara Castro, de intentar "aferrarse al poder". Lobo sostuvo que Zelaya buscará formas de mantenerse en el gobierno, incluso mediante la interrupción de procesos legislativos y el cierre del Congreso. Según Lobo, Zelaya tratará de regresar al poder a pesar de no ser candidato en las elecciones de noviembre 2025, y recordó que en 2005 Zelaya alegó haber ganado fraudulentamente las elecciones con un 15 % de fraude. Lobo también expresó desconfianza en los procesos electorales actuales, sugiriendo que la manipulación de la tecnología electoral es una constante y que, para las elecciones generales, se debería "simplificar" el proceso.
El conflicto entre el CNE y las FF.AA. no solo pone en evidencia el deterioro institucional del país y la falta de transparencia en el MP, sino que también genera preocupación de cara a las elecciones generales de noviembre próximo. La falta de confianza en los organismos electorales y las fuerzas de seguridad, y el involucramiento de sectores militares en la manipulación de informes y del proceso de votación, comprometen la transparencia de la democracia y el futuro
La polarización entre las fuerzas políticas, sumada a la incertidumbre sobre la independencia de las instituciones judiciales y legislativas, plantea un panorama complejo para Honduras. La ciudadanía, que ya experimentó los efectos del desorden electoral en las primarias, ahora enfrenta la posibilidad de que la crisis se agrave en las elecciones generales.
Con múltiples sectores enfrentados, denuncias de encubrimiento y un Congreso que busca intervenir en el proceso, la estabilidad democrática de Honduras está en juego.
Moncada y las Fuerzas Armadas rechazan señalamientos
En respuesta a las acusaciones de la consejera presidenta del CNE, Cossette López, la ministra de Defensa y aspirante presidencial por el Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, calificó la denuncia como una "mentira gigantesca".
"No hay manera de demostrar una mentira tan gigantesca y cargada de maldad, Dios es justo y está con los justos", expresó Moncada, negando haber sostenido una reunión con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, para alterar informes relacionados con la distribución de material electoral el pasado 09 de marzo.
Además, insistió en que el problema radica en la contratación de transporte por parte del Consejo Electoral y sugirió una auditoría detallada del proceso electoral: "Le hace muchísimo daño a la institucionalidad no reconocer lo que pasó en las elecciones primarias. El proyecto del transporte responde a un contrato que lo firma el CNE. ¿De quién es la responsabilidad de haber contratado buses rapiditos para trasladar urnas?".
Por su parte, las Fuerzas Armadas de Honduras emitieron un comunicado oficial hoy, jueves 20 de marzo de 2025, rechazando también la denuncia de López y asegurando que han colaborado con el MP en la investigación. "Rechazamos el mensaje de la señora presidenta del CNE por su falsedad. El alto mando jamás intentará cambiar un informe o bitácora que refleje nuestro trabajo", afirmaron.
Asimismo, destacaron que han proporcionado información clave a las autoridades y reafirmaron su compromiso con el proceso electoral: "las Fuerzas Armadas de Honduras continuarán cumpliendo con su deber constitucional y legal, de apoyar la realización y desarrollo de las elecciones primarias y generales con profesionalismo, transparencia y estrictamente apegados a la Constitución y las leyes, al servicio del pueblo hondureño".
La disputa entre el CNE y las Fuerzas Armadas deja en evidencia la creciente tensión en el país tras las primarias, mientras diversas voces exigen esclarecer lo sucedido en el proceso electoral.
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