Al menos tres familiares del opositor fueron condenadas este jueves en Nicaragua a penas que oscilan de ocho a 10 años de prisión.
Por Houston Castillo Vado | @VozDeAmerica
Managua, Nicaragua
La familia de un opositor al gobierno de Daniel Ortega fue condenada este jueves por la Justicia, que impuso penas de entre ocho y 10 años de cárcel en un hecho considerado "inédito" por organizaciones de derechos humanos que temen se replique la acción.
Jeannine Horvilleur, de 63 años, y su hija Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43 años, ambas mujeres de nacionalidad franco-nicaragüense, fueron condenadas a ocho años de cárcel por "conspiración para cometer menoscabo a la estructura nacional" y "propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación".
También fue condenado Félix Roiz, esposo de Carolina Álvarez, quien recibió una pena de 10 años de cárcel.
Los tres fueron detenidos el 13 de septiembre en Managua, luego de que la Policía Nacional buscara al opositor Javier Álvarez, quien había escapado a Costa Rica al saberse perseguido por el gobierno.
Al no ser encontrado el opositor, las autoridades detuvieron a los tres familiares, indicó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que se pronunció tras la sentencia emitida por el juez Félix Salmerón y consideró que era "inconstitucional, injusta e infame". Añadió que la acción "forma parte del estado de terror que ejecuta el régimen Ortega Murillo, que receta cárcel o exilio como el que sufre Javier Álvarez, esposo y padre de las presas políticas".
París pide cuentas a Nicaragua
De acuerdo con el diario La Nación de Costa Rica, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dijo que seguía de cerca la situación de sus dos ciudadanas y que se pusieron en contacto con las autoridades nicaragüenses.
"La embajada está totalmente movilizada, en conjunto con la oficina consular en Costa Rica", indica la publicación.
En Nicaragua hay más de 200 presos políticos arrestados desde el 2021, año en el que Ortega se impuso para un nuevo mandato por un período de cinco años.
El mandatario, que retornó al poder desde el 2007, tiene sumido al país en una crisis política y de violaciones a los derechos humanos, según organizaciones críticas a su gestión.
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