La liberación de Ariel Castro Zeledón, colono señalado por comunidades indígenas mayangnas como el autor intelectual de un atentado en Nicaragua, resalta la impunidad y la falta de protección para las comunidades indígenas en el país centroamericano, y para las víctimas en cualquier dimensión.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Costa Caribe Norte, Nicaragua
El régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo ha generado nuevamente controversia al liberar al colono Ariel Castro Zeledón, quien es señalado por comunidades indígenas mayangnas, líderes opositores y activistas ambientales como el principal responsable de una serie de ataques en el Caribe Norte de Nicaragua. La liberación de Castro, sin ningún tipo de investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional, ha dejado en evidencia una vez más las complejidades de la relación entre el Estado y las comunidades indígenas, así como la impunidad que prevalece en casos de violencia contra este sector de la población nicaragüense, y para las víctimas en cualquier dimensión social.
El caso específico que ha provocado indignación es el atentado en Amtrukna, donde resultó gravemente herida Esmelda Palacio, una ciudadana que había denunciado la presencia de colonos en sus tierras. Este ataque, perpetrado por una banda de colonos armados, no solo hirió a Palacio de bala, sino que también resultó en la quema de su vivienda. Ariel Castro Zeledón fue detenido como parte de la investigación de este incidente, pero su posterior liberación ha generado una sensación de impunidad entre las comunidades afectadas. "Está libre y la venganza puede ser parte de su plan", señaló bajo anonimato a este medio un local de Bonanza.
Según denuncias del ambientalista Amaru Ruiz, director de la extinta Fundación del Río, quien ha sido un activista destacado en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, la liberación de Castro evidencia una complicidad entre el Estado y los colonos que invaden territorios indígenas. Ruiz señala específicamente al secretario político del FSLN en Bonanza, Omar Noel Medina, y al concejal regional Elvin Urbina Luquez como los responsables de facilitar la liberación de Castro.
Este caso pone de relieve un patrón preocupante de impunidad y falta de protección para las comunidades indígenas en Nicaragua. A pesar de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las medidas cautelares otorgadas a comunidades indígenas en el Caribe nicaragüense, las autoridades estatales parecen estar más preocupadas por proteger a los colonos que invaden sus tierras que por garantizar la seguridad y el bienestar de los pueblos indígenas.
La liberación de Castro también ha resaltado la situación de otros indígenas detenidos en Nicaragua, como el caso de Eusebio Lacayo, quien permanece encarcelado en el Sistema Penitenciario Nacional "Jorge Navarro". Lacayo se suma a otros diez indígenas mayangnas que se encuentran tras las rejas en un contexto donde, paradójicamente, las víctimas de la violencia parecen ser criminalizadas mientras que los perpetradores quedan en libertad.
Las denuncias de Ruiz y otros activistas subrayan la falta de independencia de los Poderes del Estado en Nicaragua y la influencia del Ejecutivo en decisiones judiciales. Esta falta de separación de poderes socava la confianza en el sistema judicial y alimenta la percepción de impunidad que rodea a casos como el de Ariel Castro Zeledón. Además, la liberación de Castro resalta la urgente necesidad de abordar de manera integral el conflicto entre colonos y comunidades indígenas en Nicaragua. Este problema, que ha resultado en violencia y muerte, no puede ser ignorado ni tratado con medidas superficiales. Se requiere un enfoque que respete los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas, así como medidas efectivas para prevenir la violencia y garantizar la seguridad de quienes las habitan.
El caso de la liberación de Ariel Castro Zeledón pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas en Nicaragua y la necesidad de acciones concretas para abordar la impunidad y proteger sus derechos fundamentales. Mientras persista la impunidad y la falta de protección estatal, las comunidades indígenas seguirán siendo vulnerables a la violencia y la injusticia.
Según fuentes estatales consultadas por COYUNTURA, la administración orteguista planea liberar al menos a 1,500 presos comunes que se encuentran cumpliendo condena por delitos diversos en varias cárceles del territorio nicaragüense, el 19 de abril de 2024.
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