Solo horas después de conformarse en una noche llena de violencia y secretismo por parte del oficialismo, la Comisión Permanente del Congreso Nacional de Honduras, bajo el control del diputado Luis Redondo, presidente de la Junta Directiva del Poder Legislativo, nombró al fiscal general y al fiscal adjunto del Ministerio Público (MP). El bloque opositor denuncia una ilegalidad, y exige un cese a la búsqueda de autoridades "cómplices" de Libertad y Refundación, mientras este partido político sigue denunciando un supuesto intento de golpe de Estado contra órgano deliberante.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
Honduras, un país con una historia política tumultuosa y un contexto de polarización y conflicto en el Poder Legislativo, se encuentra una vez más en medio de una crisis política que amenaza con profundizar la inestabilidad en la nación centroamericana. El epicentro de esta crisis es la controvertida elección de fiscales interinos para liderar el Ministerio Público (MP), una decisión que profundiza cada vez más las tensiones y acusaciones de ilegalidad por parte de diferentes sectores políticos. La chispa que avivó el fuego de esta situación, empeorada la noche de este martes 31 de octubre en el corazón de Tegucigalpa, fue la nominación y elección de Johel Zelaya como fiscal general interino y de Mario Morazán como fiscal adjunto. Esta elección se llevó a cabo en una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo este miércoles 01 de noviembre desde las 12:10 p.m., quien defendió esta elección argumentando que era necesaria para evitar que el exfiscal general adjunto, Daniel Sibrián, perpetuara "innegables, evidentes y graves delitos contra todos las y los hondureños" y dirigiera la persecución penal en el país, debido a que hasta el cierre de este texto sigue en funciones.
La elección de Zelaya y Morazán, miembros del partido Libertad y Refundación (Libre), se presentó como una solución provisional hasta que el pleno del Legislativo pueda consensuar la designación definitiva de las autoridades del MP.
Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por todos los sectores políticos, y se generaron reacciones inmediatas que aumentaron la tensión en el Congreso Nacional. Los diputados del Partido Nacional de Honduras (PNH), liderados por Tomás Zambrano, expresaron su desacuerdo con la elección de los fiscales interinos y acusaron a los miembros de la Comisión Permanente de actuar como "dictadores". Zambrano fue aún más lejos al comparar la situación con la Nicaragua actual, insinuando que Honduras está encaminada hacia un régimen autoritario. Además, criticó duramente a los abogados que aceptaron los cargos de fiscal general y fiscal adjunto, acusándolos de actuar por ambición y sed de poder. Tanto Zelaya como Morazán fueron juramentados este mismo miércoles, mientras legisladores golpeaban la puerta de la sala en el hemiciclo para evitar la moción.
Una de las principales razones esgrimidas por los críticos de la elección de fiscales interinos es la supuesta ilegalidad de esta acción. Sostienen que los miembros de la Comisión Permanente no pueden coordinar el Ministerio Público ni manejar esa institución debido a que no han cumplido con los requisitos establecidos en la Constitución. Esta acusación de ilegalidad se convierte en uno de los puntos centrales de la controversia, ya que cuestiona la legitimidad de los fiscales interinos y sus capacidades para ejercer sus funciones de manera efectiva.
Además de la resistencia del PNH, el Partido Salvador de Honduras (PSH) también rechazó enérgicamente la elección de los fiscales interinos y consideró que carecía de legalidad y reconocimiento. Las diputadas Irohska Elvir y Fátima Mena, que integraban la Comisión Permanente, renunciaron a sus nombramientos en protesta por lo que consideraron un acto ilegal. En ese sentido, el PSH instó a la Junta Directiva del Legislativo a nombrar nuevas autoridades de la Fiscalía durante la prórroga de las sesiones ordinarias que la oposición "aprobó" luego de los incidentes violentos de este martes, para elegir de manera permanente al fiscal general y al fiscal adjunto. Además, instaron a Johel Zelaya y Mario Morazán a renunciar a sus cargos, argumentando que su nombramiento supone un golpe a la institucionalidad del MP.
En el centro de la controversia también se encuentra la interpretación de la Constitución de la República de Honduras. Según el PSH, el nombramiento de fiscales interinos agrava aún más la crisis que vive el Congreso Nacional. Argumentan que, de acuerdo con el Artículo 211 de la Constitución, debe haber una vacante absoluta en el cargo para que se pueda realizar un nombramiento interino, lo cual no aplicaría en este caso, ya que Daniel Sibrián aún ocupa el cargo de fiscal general interino. Esta disputa legal agrega una capa adicional de complejidad al conflicto.
Miércoles 01 de noviembre de 2023, desde el Congreso Nacional de Honduras, en Tegucigalpa:
La crisis política en Honduras también se ha caracterizado por su intensidad. En la sesión extraordinaria en la que se realizó la elección de los fiscales interinos, se desencadenó un caos dentro del Congreso Nacional. Las y los diputados de la oposición protagonizaron un zafarrancho afuera de la sala de votación, que incluyó golpes, gritos y empujones con los agentes de la Policía Nacional que custodiaban la zona. Esta escena caótica refleja, otra vez, la aguda polarización política que prevalece en el país centroamericano y la incapacidad de las y los actores políticos para resolver sus diferencias de manera pacífica, priorizando en todo momento la gobernabilidad responsable.
Redondo, presidente del Congreso Nacional, justificó la elección argumentando que era necesaria para evitar que Sibrián, el exfiscal general adjunto, continuara en el cargo y dirigiera la persecución penal en el país. Según Redondo, esta medida era esencial para evitar la corrupción y la impunidad que, en su opinión, ha afectado al pueblo hondureño y sus instituciones. Sin embargo, esta justificación ha sido rechazada por otros sectores políticos, que consideran que se trata de un intento de controlar el Ministerio Público y ejercer influencia sobre la justicia.
Este miércoles Redondo también aseguró que la insistencia de la oposición en Honduras para evitar una transición en el órgano judicial se debe a que más de 20 actuales legisladores están siendo investigados por malversación, corrupción y vínculos con el narcotráfico.
Por otro lado, el siempre áspero Rasel Tomé, diputado de Libre, denunció un intento de golpe al Poder Legislativo por parte de la oposición. Según Tomé, las y los diputados de varios partidos, incluyendo el PNH, el PSH y el Partido Liberal de Honduras (PLH), quienes al cierre de este texto se encuentran instalados en la entrada principal del Ministerio Público en Tegucigalpa, intentaron romper el orden constitucional del país y derrocar el Gobierno de Libre en el Poder Ejecutivo. Esta denuncia destaca la gravedad de la situación y la magnitud de la confrontación política en Honduras, con unos acusando a los otros, y viceversa.
La crisis política en Honduras es un recordatorio de los desafíos persistentes que enfrenta el país en su búsqueda de estabilidad y gobernabilidad. La elección de fiscales interinos ha desencadenado una serie de disputas legales y políticas, exacerbando la polarización en el Congreso Nacional y generando tensiones en todo el territorio, y en las redes sociales digitales. La resolución de esta crisis requerirá un esfuerzo concertado de todos los actores políticos para encontrar soluciones pacíficas y democráticas que permitan restablecer la confianza en las instituciones y en los procesos en Honduras.
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